Francia y España pidieron mantener el calendario europeo que prevé el fin de la venta de vehículos con emisiones de CO2 en 2035, pero propusieron acompañarlo con medidas de apoyo a la industria automovilística, con inversiones e incentivos para la fabricación de eléctricos locales.
De esta manera, ambos países responden a Alemania y a los fabricantes automotrices que han presionado para reconsiderar la prohibición y extender la vida de los motores térmicos más allá de los plazos establecidos, en un contexto marcado por la fuerte competencia china y una demanda de vehículos cero emisiones menor a la prevista.
No obstante, en un documento conjunto entregado al Consejo de Medioambiente de la Unión Europea, Francia y España plantean que "el futuro de la industria automovilística europea será eléctrico" y, en esa línea, es "indispensable" mantener los plazos acordados para la transición hacia los vehículos cero emisiones.
El escrito, que fue presentado a puerta cerrada durante la reunión de los ministros de Medio Ambiente de los "veintisiete" y se conoce un día después de que la Comisión Europea anunciara que adelantará a finales de este año la revisión de los estándares de emisiones de CO2 que prohíben a partir de 2035 la venta de automóviles nuevos y furgonetas con motores de combustión y que anteriormente estaba programada para 2026.
"Francia y España consideran (...) que la revisión prevista debe preservar el objetivo de 2035 y la ambición medioambiental de la trayectoria de reducción de CO2 que lo sustenta", dicen en el escrito.
Ambos Estados miembros insisten en que no se deben habilitar subterfugios que permitan escapar al "objetivo de cero emisiones para 2035", y rechazan, como sugiere parte de la industria, que se favorezca a los vehículos híbridos enchufables, que "funcionan principalmente en modo térmico".
Ayudas para "Made in Europe"
Los Gobiernos francés y español, no obstante, reconocen que para alcanzar el objetivo fijado para la automoción "son necesarias medidas adicionales", ya que el sector "se enfrenta a un ritmo de electrificación inferior al esperado y a una creciente presión sobre las inversiones, mientras que la industria de otros países avanza más rápido en la electrificación".
"El reglamento revisado debe modificarse para garantizar que proporcione un entorno propicio para que las empresas europeas inviertan en la electrificación de su producción industrial en Europa. A tal fin, deben establecerse flexibilidades, pero únicamente para apoyar al sector en la consecución de sus objetivos de 2030 y 2035", señalan.
Estas flexibilidades "podrían adoptar la forma de una contabilización preferencial ("supercréditos") para los vehículos que cumplan los objetivos de contenido europeo", de forma que fomenten "la reducción de CO2 asociada a la producción de estos vehículos en Europa, en comparación con la reducción más intensiva en carbono observada en terceros países", añaden.
Francia y España creen que la medida "apoyaría a los fabricantes que produzcan y obtengan suministros en Europa y garantizaría que la transición hacia los vehículos eléctricos beneficie a las industrias y a los trabajadores europeos".
Además, proponen una ampliación de cinco años del período de adaptación a las normas de emisiones de CO2 para las furgonetas, entre otros puntos, ya que las versiones eléctricas no se venden al ritmo deseado y "los fabricantes no deberían ser penalizados por una demanda insuficiente", concluyen.
