Unión Española y Deportes Iquique presentaron un reclamo ante la ANFP para anular sus descensos a la Primera B, pero este finalmente fue rechazado por el ente rector del fútbol nacional.
El elenco hispano y los Dragones se aferraban a un resquicio normativo. Las Bases del Torneo son claras. En el artículo 88 se establece que el último y el penúltimo bajarán a Primera B. Sin embargo, el Reglamento de la ANFP entrega un panorama distinto. En el artículo 90 se expresa que "finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueren los menores".
Unión e Iquique argumentaron que el reglamento tenía preeminencia sobre las bases. Sin embargo, la ANFP tiene una postura distinta.
"El Directorio de la ANFP reafirma que el sistema de descenso vigente es el establecido en el Artículo 88 de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2025, el que fue aprobado por el Consejo de Presidentes, con el voto favorable de los clubes Unión Española y Deportes Iquique antes del inicio de la temporada", se expresó en un comunicado.
El abogado Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina, habló con Emol hace unas semanas de este caso y opinó: "El artículo del reglamento es clarito, sí, pero se olvidaron de algo. Hay algo que es preeminente a esa disposición del reglamento, que son los acuerdos del Consejo de Presidentes. Es una decisión del Consejo de Presidentes la determinación de las bases y el Consejo de Presidentes está por sobre las bases, conforme a los artículos 11, 12 y 13 del reglamento de la ANFP (...) Es facultad del Consejo dictar y modificar el reglamento. Cuando el Consejo modifica la norma reglamentaria, estableciendo las bases que hoy están vigentes, hace uso de su preeminencia. Por lo tanto, el actual Campeonato y la fórmula del Campeonato es una norma que emana de un acuerdo del Consejo".
Pero el cuadro de colonia y el equipo del norte aún pueden seguir dando batalla. Tienen la opción de recurrir a la justicia ordinaria o llevar el caso al TAS.
