La formalización de Michael Clark por varios delitos en torno al caso Sartor AGF tiene pendiente a los hinchas de la U.
Un grupo de fanáticos llegó ayer lunes hasta el Centro de Justicia y se fue contra el ex presidente de Azul Azul. Lo insultaron y le lanzaron billetes en la cara. "La U no se vende", le gritó uno de los presentes.
Es que la indignación va creciendo a medida que la formalización avanza y se van conociendo más detalles y distintas acusaciones en contra de Clark, por quien piden prisión preventiva.
Las audiencias judiciales lideradas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente han destapado una red de irregularidades financieras que impactan directamente el control y la administración de Azul Azul, concesionaria que rige a la U.
Por ejemplo, la Fiscalía sostiene que la millonaria compra de acciones de Azul Azul, en 2021, se habría ejecutado utilizando dinero defraudado a los aportantes de los fondos de inversión de Sartor AGF.
Se acreditó, mediante informes de la PDI, que los ejecutivos desviaron recursos de terceros para financiar la sociedad Tactical Sport, que compró el 63% de la concesionaria, lo que configura el delito de lavado de activos.
La trama va aun más allá. De acuerdo a distintos testimonios y antecedentes, pese a que Clark declaró que usó US$5,7 millones de su propio patrimonio para adquirir el control del club, aquel pago nunca se habría concretado. En rigor, se habría tratado de una "maniobra simulada" para hacerse del poder de la institución.
Las aristas siguen. Al inicio de esta semana se reveló un acuerdo de confidencialidad entre Clark y Manuel Mayo, gerente deportivo de la U. Si bien este tipo de pactos existen, la Fiscalía dio más detalles clave.
El fiscal Juan Pablo Araya exhibió de forma oral un contrato suscrito el 6 de mayo de 2022 entre FIP Tactical Sports, representada por Clark, y el gerente. Aquel trato acuerdo
obliga al gerente a mantener reserva sobre valores de mercado, traspasos de futbolistas, negociaciones con instituciones como Huachipato y decisiones estratégicas tomadas en el CDA. Y no solo eso.
También se presentó un contrato laboral "fantasma" el cual constaba, de acuerdo a Araya, en otorgarle un sueldo de 13 millones de pesos mensuales a Clark al figurar como director y presidente de la U.
Más relevante aún es que, según lo presentado por la justicia, para recibir dicho pago el ex mandamás del club aparecía como un "trabajador" y sus empleadores eran Cecilia Pérez y José Ignacio Asenjo.
Otro antecedente presentado tiene que ver con un contrato de asesorías financieras, con fecha de enero de 2024 entre FIP Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías Limitada.
"Este contrato fue modificado con fecha 3 de octubre de 2024, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de marzo de 2025. El pago de los honorarios pactados en dicho contrato de asesoría financiera, ascendentes a $13.914.450, fue realizado por Bigsilver Sociedad Anónima, sociedad constituida por Patricio Kiblisky Fried. Finalmente, esta operación no llegó al resultado pretendido", planteó el fiscal Juan Pablo Araya, aludiendo también al ex presidente de Ñublense como parte involucrada.
El ex timonel mantiene desde el primer día su defensa. "Estoy tranquilo, sé lo que he hecho", declaró el primer día de la formalización.
Una serie de antecedentes delictivos que golpean a la U por su vínculo con Azul Azul y el pasado de Clark en el club. Una historia que tiene muchos capítulos más por conocer...
