SANTIAGO.- Una intensa jornada se espera para este lunes en la sala 103 del Centro de Justicia. 141 familiares de las víctimas del fatídico tsunami del 27 de febrero de 2010 están
invitadas a pronunciarse ante la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía.
Ello, para ejercer su derecho de ser escuchadas antes de que se resuelva la solicitud de suspensión condicional del procedimiento que hará formalmente el fiscal José Luis Pérez Calaf a la jueza Carolina Gajardo.
Según consigna
El Mercurio, de las 104 víctimas fallecidas, hay 141 personas que se querellaron en la causa que están representadas por 35 abogados, según el Poder Judicial.
Alfredo Morgado Travezán, abogado de 17 casos (la mayoría de la isla Juan Fernández) destacó que "lo más significativo es que los familiares de las víctimas podrán ser escuchados por el tribunal, con el objeto de que pueda resolver. Nosotros, en su oportunidad, tendremos la ocasión de debatir".
Asismimo, afirmó que a su parecer el caso que investiga lo ocurrido durante la noche del 27 de febrero, tiene gran relevancia y debe ser resuelto "en un juicio oral, público y controvertido".
"Todos los querellantes, en forma unánime, manifestamos nuestra oposición a la suspensión del procedimiento, sobre todo debido a la relevancia jurídico-penal que tiene el caso no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad. Porque aquí falló la protección civil, y en ese contexto significó numerosas muertes. Los imputados tienen la calidad de funcionarios públicos", enfatizó.
El fiscal José Luis Pérez Calaf expresó su deseo de que la audiencia se realice en forma ordenada. Anteriormente, algunos parientes que llegaron desde regiones con pancartas defendiendo los derechos humanos de sus deudos levantaron la voz en medio de la audiencia, alterando a algunos abogados defensores.
Por ello, y ante la magnitud de intervinientes que se espera para este lunes, la jueza Carolina Gajardo estableció que las declaraciones se realizarán en orden alfabético, comenzando por los familiares de las víctimas de Juan Fernández, luego por las de Constitución, Talcahuano, Tomé y Arauco.
Los familiares ya han señalado su disposición a oponerse al acuerdo que alcanzó el fiscal Pérez Calaf con los abogados de los imputados para evitar el juicio oral.
Esto, tras establecer la condición de que los acusados paguen $235 millones en total a los querellantes, quienes se repartirían la suma, y $10 millones para financiar un seminario donde se analice lo que ocurrió la madrugada del 27 de febrero de 2010. Además, cada uno de los imputados debería pedir disculpas públicas.
Pérez Yoma reconoce falla del Estado
El ex ministro del Interior en la época del tsunami, Edmundo Pérez Yoma, dijo en entrevista con Radio Bío Bío este domingo, que no cree que con el juicio oral se llegue a algo distinto de lo que existe hoy en la investigación.
"Estamos claros de que aquí la falla principal fue el no reconocimiento, por parte de la gente del SHOA, que había habido un tsunami. Yo creo que durante todo ese día no se reconoció", afirmó. Ante la consulta por responsabilidades del Estado en lo sucedido, sostuvo: "si tomamos al SHOA como parte del Estado, por supuesto".
