SANTIAGO.- El 18 de enero de 2015, el fiscal argentino Alberto Nisman fue encontrado con un balazo en la sien, en el baño de su lujoso departamento ubicado en el barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires. Sin embargo, a pesar de que han pasado ya dos años desde su muerte, el cuándo, cómo y por qué de ella siguen siendo una interrogante.
Y es que, hasta ahora, las investigaciones ni siquiera han podido determinar con certeza si lo del persecutor fue un suicidio o un asesinato. Dudas que pretende esclarecer el nuevo equipo de la Justicia Federal que lleva las pericias sobre la causa del abogado y que ha dado un nuevo impulso a las indagaciones.
Qué se sabe
A pesar de que aún no está claro el motivo de su fallecimiento, la tesis de la participación de terceros cobra cada vez más fuerza. Para la familia, el deceso del fiscal fue un asesinato o "lo ayudaron a matarse".
Principalmente porque el 19 de enero, Alberto Nisman presentaría en el Congreso una dura denuncia contra la entonces Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su canciller. El abogado aseguraba que el Gobierno estaba encubriendo a los responsables iraníes del atentado contra la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994, y que terminó con 85 víctimas fatales. Un caso que él investigaba hace diez años.
Los primeros peritos oficiales que concurrieron a la escena establecieron que no existían pruebas concluyentes de que hubiera alguien más en el baño del departamento de Nisman al momento del crimen. Sin embargo, en febrero de 2016, tras las indagaciones de expertos contratados por la esposa del fallecido abogado y jueza federal, Sandra Arroyo, el fiscal general de la Cámara del Crimen de Argentina, Ricardo Sáenz, concluyó lo contrario.
En dichas resoluciones, aseguró que en las manos de su colega no se encontraron rastros de pólvora, las que habrían existido si se hubiera disparado. Además, se estableció que se hallaron una serie de lesiones, correspondiente a golpes, en el cuerpo del abogado.
El principal sospechoso del supuesto crimen es el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le habría prestado el arma a Nisman durante ese fatídico domingo, causa por la cual es actualmente investigado. No obstante, la defensa del técnico niega cualquier implicancia en el suceso.
En tanto, Antonio Stiuso, ex espía de la Secretaría de Seguridad del Estado (SIDE) que trabajaba con Nisman en la investigación sobre el atentado de la AMIA, afirmó a la justicia que el fiscal fue asesinado por miembros de un grupo vinculado a los Kirchner y que posteriormente el hecho fue encubierto por el Ejecutivo de Cristina Fernández, haciendo que pareciera un suicidio.
Uno de los últimos hechos que marcó el caso ocurrió en septiembre pasado, cuando uno de los testigos claves que acudiría a declarar fue raptado y asesinado, poco antes, por una pandilla de ladrones en la localidad de Luján.
Irregularidades en la investigación
La teoría de Stiuso cobró sentido para el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. Ambos se hicieron cargo del caso luego de que en primera instancia la jueza Viviana Fein fuera removida del puesto y denunciada por cuestionamientos a su trabajo, y de que quien le siguió, Fabiana Palmaghini, decidiera declararse incompetente para que las indagaciones pasaran a la Justicia Federal.
Taiano explicó que hay demasiadas irregularidades en los procedimientos llevados a cabo por la primera jueza y omisión de pistas recabadas, que aún no se logra tener seguridad sobre datos básicos.
"No estamos seguros de la hora. Todo es muy inédito en este caso, la investigación se llevó muy mal. Y creo que fue intencionado, por eso denuncié a la fiscal Fein y al ex secretario de seguridad (Sergio) Berni", dijo a El País, haciendo alusión en último caso a quien fue uno de los primeros en llegar a la escena ese 18 de enero.
Según el informe redactado por la segunda encargada del caso, Fabiana Palmaghini, antes de entregar la causa a los federales, la llegada de Berni a la casa de Nisman fue totalmente irregular. Habría llegado embarrado, y permaneció en el departamento durante largo tiempo, sin que hubiera ninguna autoridad judicial.
Además, a la escena también habrían ingresado decenas de personas más. "Hubo 60 personas en ese departamento. No tenía sentido. Se tenía que haber vallado el lugar. Fue una negligencia tremenda. Se hizo todo mal y ahora tengo que trabajar con eso", enfatizó Taiano.
Entre las nuevas medidas que llevarán a cabo, se incluye la constitución de una junta interdisciplinaria que determine las causas de la muerte. Para ello, Gendarmería ofreció un equipo de 27 profesionales médicos, expertos en balística, informáticos, psicólogos, arquitectos, acústicos, analistas de huellas, radiólogos y papiloscopía (análisis de documentos), según consignó el diario argentino Clarín.
Sin embargo, los peritos comenzarán a trabajar a en febrero próximo y se espera que sus resultados recién salgan a la luz en junio. Una medida que determinará lo sucedido con el persecutor y que da un nuevo comienzo al caso que causó gran conmoción y revuelo mediático en la sociedad argentina.
