La disputa legal está lejos de terminar, lo que poner en peligro la impresión del censo.
Reuters
El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este jueves en contra de la polémica pregunta sobre la ciudadanía incluida en el censo de 2020, al considerar que la administración del Presidente estadounidense, Donald Trump, no dio una razón adecuada para agregarla.
La propuesta del Gobierno de Trump rechazada esta jornada por el Supremo, en una votación donde cinco jueces se pronunciaron en contra de ella y cuatro a favor, contemplaba que el cuestionario del censo incluya una pregunta sobre el estatus legal de los residentes en EE.UU., una medida que organizaciones civiles tachan de "racista y discriminatoria".
"Las pruebas cuentan una historia que no coincide con la explicación que dio el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, de su decisión", escribió el magistrado John Roberts en el fallo.
Los jueces del máximo tribunal de EE.UU. solicitaron al Departamento de Comercio, encargado de elaborar el censo, que proporcionen otra explicación sobre la inclusión de esa pregunta.
Por lo tanto, la decisión del Tribunal no termina esta disputa legal, que podría prolongarse durante gran parte del verano, poniendo en peligro el calendario para imprimir el cuestionario del censo.
El Ejecutivo sostiene que la interrogante es fundamental para entender mejor la composición de la población, pero la oposición apunta que, en realidad, solo serviría para restar visibilidad a la comunidad inmigrante.
La medida ya había sido bloqueada por tres jueces federales, incluyendo Jesse M. Furman, de Nueva York, por considerarla ilegal.
Del censo depende el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes de EE.UU. y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.
La polémica vivió un nuevo episodio en las últimas semanas después de que saliera a la luz un informe elaborado por Thomas Hofeller, un estratega del Partido Republicano fallecido en agosto de 2018, en el que recomendaba incluir en el censo esa consulta para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.
