La justicia federal dejó sin efecto este martes la presencialidad en las escuelas de Buenos Aires y elevó el caso a la Corte Suprema para dirimir el conflicto por las restricciones que dispuso el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, para combatir el covid-19.
La sentencia del juez Esteban Furnari sostiene "la gravedad institucional y el escándalo jurídico" de que un tribunal local de la capital haya dispuesto ignorar un decreto del gobierno federal al ordenar este domingo el mantenimiento de las clases presenciales.
La decisión se conoció en momentos en que la ola de contagios sigue fuera de control, con 29.145 casos en las últimas 24 horas.
El acumulado de infecciones es de más de 2,7 millones, mientras que las muertes se elevan a casi 60.000, con 316 fallecimientos en un sólo día para un país de 45 millones de habitantes.
En ese sentido, el juez decidió "declarar la incompetencia" de la cámara local. El mayor tribunal tendrá ahora en sus manos la decisión final sobre un contencioso que se planteó entre el gobierno de Fernández con la alcaldía capitalina de Horacio Rodríguez Larreta.
El alcalde había argumentado que "las escuelas no contagian" y que la ciudad "tiene autonomía" para decidir sobre la asistencia a clases.
Fernández había ordenado cerrar las escuelas en el área metropolitana de Buenos Aires del 15 al 30 de abril, entre otras restricciones que incluyen también la prohibición de circulación nocturna entre las 20.00 y las 06.00.
Se trata de la zona del país en la que a mayor velocidad crecen los contagios en los últimos días y donde las terapias intensivas corren el riego de colmarse. Una reapertura controlada por protocolos rigió en las escuelas argentinas desde marzo de este año.
Argentina ha recibido desde fines de diciembre más de 8 millones de vacunas de diferente origen, con 5,6 millones de inmunizados, de los cuales 800.000 personas con las dos dosis.
