El Presidente argentino, Alberto Fernández, dijo a la gobernadora de la patagónica provincia de Río Negro que, pese a la serie de ataques incendiarios que sufrió la provincia, atribuido por las autoridades locales grupos mapuche, no es función del Gobierno nacional "brindar mayor seguridad en la región".
Según una carta que difundió Presidencia el jueves, si bien Fernández aclaró que en este caso no es función del Gobierno nacional "reforzar el control en las rutas nacionales", decidió asistir a la provincia con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión, a través del Ministerio de Seguridad.
La gobernadora provincial,
Arabela Carreras, había pedido formalmente al Presidente la presencia de más fuerzas federales en la zona, luego de que el miércoles la localidad de
El Bolsón sufriera un tercer ataque incendiario en lo que va del mes.
Carreras además sumó el último incendio a la denuncia por el "delito de terrorismo" que ya había iniciado en la Justicia Federal Penal.
En tanto relacionó el último hecho con la presencia del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en una audiencia judicial en la que se debatía un pedido de libertad condicional del dirigente mapuche trasandino Facundo Jones Huala, y recordó que un incendio anterior había sido auto atribuido por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Referentes de la oposición también han acusado a la Administración de Fernández de
avalar las conductas violentas de algunos grupos mapuche y la usurpación de tierras privadas y de parques nacionales.
La vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aclaró el jueves en rueda de prensa que Bielsa "ni pidió la libertad ni intervino como parte de la defensa" de Jones Huala, sino que concurrió como un "actor consular" para garantizar el derecho a la defensa.
Cerruti agregó que el Gobierno "repudia todas las situaciones de violencia y vandalismo", pero que es "un conflicto que tiene que resolver la gobernadora", en tanto que aunque no se dan los presupuestos de la ley de Seguridad Interior se enviaron tropas de Gendarmería "como una manera de colaboración".
Explicó que para el Gobierno
"no es un conflicto que tenga que ver con la propiedad privada" y recordó que algunas de las tierras en conflicto son parte del Estado nacional, como las que están suscriptas en parques nacionales.
En tanto, describió que las organizaciones que están en litigio "están reclamando lo que consideran que por derecho les pertenecía, que son las tierras que habitaban sus antepasados" y enmarcó el conflicto con el que "existe en todas partes del mundo y que tiene que ver con la particular forma de colonización" que tuvo Latinoamérica.
