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¿Hay separación de poderes en Venezuela?: La elección del fiscal general y las dudas sobre la independencia de la justicia

El nombre de Tarek William Saab ha estado últimamente en la palestra por sus dichos sobre el caso Ojeda en Chile. Aquí, un relato de cómo fue su controvertida nominación hace siete años.

12 de Junio de 2024 | 06:07 | Redactado por Ramón Jara A., Emol
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Tarek William Saab asumió como fiscal general en 2017.

AFP
Las palabras del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sobre la presunta implicancia de agentes chilenos en el asesinato del ex teniente Ronald Ojeda, siguen sacando ronchas en Chile. Luego de la nota de protesta enviada por la Cancillería nacional, desde el Gobierno de Nicolás Maduro se desligaron de toda responsabilidad al asegurar que reconocen la independencia de poderes en el país caribeño, algo que, ciertamente, es visto con incredulidad por buena parte de la comunidad internacional.

Las dudas en torno a la separación de los poderes del Estado en Venezuela no es algo de ahora. Desde hace años, dirigentes de la oposición y un sinnúmero de agrupaciones internacionales, entre ellas la ONU, han cuestionado la independencia de los distintos estamentos, acusando un notorio entrometimiento por parte del Ejecutivo, lo que ha quedado claro en una serie de decisiones.

Ejemplo de ello es la elección de Tarek William Saab como fiscal general de Venezuela. Este poeta y abogado ocupó puestos importantes en el gobierno chavista e incluso fue diputado y gobernador antes de convertirse en el jefe de un estamento presuntamente independiente.

Desde que asumió la dirección del Ministerio Público, Saab ha sido acusado de subjetividad en las investigaciones y de ser servil a la dictadura venezolana, mientras que a nivel exterior el persecutor ha dicho más de una vez que el Ejecutivo es objeto de un boicot internacional, como ocurrió ahora con el caso Ojeda.

Así, el fiscal general se ha convertido en una figura importante del chavismo, que una vez más está siendo cuestionado en pleno año electoral en Venezuela.

Lo que dice la Ley y lo que realmente ocurrió


De acuerdo a lo establecido por la Constitución, son cinco los poderes del Estado venezolano: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano. Todos ellos son "independientes y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera
y administrativa", según el texto.

El Poder Ciudadano está compuesto por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Su control es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado a su vez por los representantes de las instituciones antes mencionadas: el defensor del Pueblo, el fiscal general y el contralor general.

El Ministerio Público (MP) está bajo la dirección del fiscal general, cuyo cargo dura siete años. Su elección, según la Ley Orgánica del MP, corre por parte del Consejo Moral Republicano dentro de los 120 días previos al vencimiento del periodo del persecutor saliente. Este órgano convocará a un comité de evaluación de postulaciones, que finalmente designará al nuevo fiscal jefe.

Tras esto, el fiscal general jurará ante la Asamblea Nacional (Legislativo) dentro de los diez días siguientes a su designación. Este organismo, además, está facultado para remover al líder del Ministerio Público "con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia". Sin embargo, nada de eso ocurrió en el nombramiento de Saab.

Para entender esta historia, hay que remontarse al año 2017, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela (TSJ) decretara la anulación de la Asamblea Nacional, en ese entonces controlada por la oposición y cuyas resoluciones no eran válidas al ser declarada "en desacato" por la Corte. Así las cosas, Maduro ordenó la conformación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna: este órgano, además, asumía las labores del Poder Legislativo.

Esta asamblea comenzó a funcionar el 4 de agosto de 2017 y estuvo conformada en su totalidad por personeros del oficialismo luego de unas controvertidas elecciones que fueron desconocidas por la oposición. Un día después de su instalación, sus miembros decidieron por unanimidad destituir de su cargo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, otrora funcionaria chavista que en el último tiempo había sido muy crítica del Gobierno de Maduro y del citado proceso electoral.

La medida, propuesta por el entonces constituyente Diosdado Cabello -considerado el "número dos" del chavismo- se tomó tras la notificación del TSJ, que consideró que había causas para abrir un juicio contra Ortega, quien pasó de ser una defensora del chavismo a exiliarse en el extranjero, acusando persecución.

Inmediatamente después, la Constituyente decidió nombrar fiscal general a Tarek William Saab, entonces defensor del pueblo y profundamente ligado al chavismo. No hubo Consejo Moral Republicano, ni candidatos, ni plazos que cumplir. Todo se resolvió en un par de horas.

La Asamblea Constituyente, en tanto, fue cerrada finalmente en 2020 por Maduro sin haber redactado una nueva Constitución.

El periodo de Saab, por otro lado, termina este 2024, un año marcado por las elecciones presidenciales. Con todo, analistas y expertos aseguran que el régimen de Maduro buscaría nombrar antes a un nuevo persecutor jefe afín a sus ideas.

Los cuestionamientos


Son varios los informes de organismos internacionales que acusan la "falta de independencia judicial" en Venezuela. Sin ir más lejos, un informe elaborado en 2020 por la entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, describía cómo "la independencia del sistema de justicia se ha visto socavado considerablemente por la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política".

"Hago un llamado al Gobierno venezolano a que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos", afirmó Bachelet.

Un año después, la misión internacional independiente de DD.HH. encargada por la ONU para Venezuela confirmó y ahondó en las denuncias de la Alta Comisionada. "Jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores supuestos o reales", aseguró la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.

En 2022, la misión de observadores de la Unión Europea hizo un llamado a Venezuela a mejorar la separación de poderes del Estado "particularmente al Poder Judicial".

Por su parte, hace unas semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que "un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos".

Desde Caracas, no obstante, han hecho caso omiso a estas recomendaciones y reclamos y aseguran que todo forma parte de un plan internacional que busca destruir a Maduro. Las pruebas, al menos, están sobre la mesa.
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