Tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro, el tercer día del año, por parte de Estados Unidos, afloró un debate mundial respecto a la legitimidad de las acciones del Gobierno de Donald Trump.
Por un lado, organizaciones internacionales han señalado que la detención viola el derecho internacional y la soberanía nacional de Venezuela, al ejecutarse sin un mandato de organismos multilaterales. Sin embargo, desde otro sector se sostiene que la intervención era una medida necesaria, considerando que el Estado venezolano no protegía a sus ciudadanos y había dejado al país en una crisis humanitaria.
Ese debate sobre Venezuela da pie para analizar la situación de otro país latinoamericano, que comparte un modelo similar, y que también atraviesa una crisis estructural: Cuba. La salida de Maduro del escenario significó que la dictadura cubana perdiera su principal aliado estratégico, mientras que las presiones del gobierno de Trump han aumentado con el reforzamiento del bloqueo comercial a la isla.
La situación se ha agudizado principalmente por la suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor de combustible durante los últimos 25 años. Desde la isla, sin embargo, el presidente Miguel Díaz-Canel ha respondido con firmeza a las amenazas de Washington, señalando "nadie dicta qué hacer" a la soberanía cubana.
En ese línea, si previo a la captura de Maduro la situación en Venezuela alcanzaba su momento más crítico -en donde organizaciones denunciaron una política sistemática de represión, hoy el escenario obliga a mover la mirada, surgiendo la pregunta: ¿Qué han dicho organizaciones internacionales de derechos humanos sobre el régimen cubano?
Represión por manifestaciones
En abril de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que veía con "gran preocupación" que Cuba no haya presentado "una mejoría en aspectos estructurales" en cuanto al respeto a las libertades de sus ciudadanos.
En su documento anual sobre 2023, el organismo -perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington- aseguró que en la isla prevalecen las vulneraciones a la "integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el Gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento".
Un poco antes, el 17 de marzo de 2024, cientos de personas salieron de forma pacífica a protestar a la calle por la falta de corriente y comida, en lo que fue un evento que dejó para el futuro represalias en materia de derechos humanos.
Y es que al cierre de marzo de 2024, la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, registró 1.092 personas encarceladas por razones políticas en Cuba, una veintena más que en su informe de febrero de ese año, y casi todas vinculadas a esas movilizaciones.
Sobre esas mismas, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció también un incremento de las "acciones represivas" en Cuba durante marzo tras registrar un total de 374, lo que supone 92 más que en febrero.
Cárcel 15 años por transmitir una protesta
Un debate que dio para hablar sobre Cuba fue cuando se dieron a conocer las excesivas penas de cárcel dictadas por justicia cubana contra 13 personas por su participación en las protestas de agosto de 2024, que se enmarcaban en el cuesto amiento de la administración, poniendo en la mira al región de la isla.
La ciudadana Mayelín Rodríguez Prado recibió una condena de 15 años de prisión por transmitir las manifestaciones a través de su cuenta de Facebook.
Los sentenciados formaron parte del grupo de personas que salió a las calles el 18 y 19 de agosto en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, para exigir mejores condiciones de vida en momentos que la localidad sufría apagones eléctricos de hasta 18 de horas de duración.
Todos ellos recibieron condenas por parte del Tribunal Municipal de Camagüey por delitos como sedición, propaganda enemiga de carácter continuado, sabotaje, encubrimiento, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia. En total, las penas ascendieron a los 138 años de cárcel.
Uno de los casos que generó debate fue el de Mayelín Rodríguez Prado, quien recibió una condena de 15 años de prisión por transmitir las manifestaciones a través de su cuenta de Facebook.
El tribunal consideró a esta joven como "autora de un delito intencional y consumado de propaganda enemiga de carácter continuado" y "autora de un delito intencional y consumado de sedición", según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Libertad de expresión
En 2026, la ONG Humans Rights Watch denunció en su último informe mundial que en Cuba se "reprimen sistemáticamente la critica y el disenso".
Un punto crítico sobre esa arista es la persecución a periodistas. Artículo 19, una organización internacional independiente que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información a nivel global, denunció en 2024 la represión contra los trabajadores de medios independientes en Cuba.
Según la ONG, al menos 274 periodistas y activistas fueron objeto de "agresiones" en Cuba durante el año pasado. Entre ellas están 103 detenciones arbitrarias, 60 cortes de servicio de internet, 25 amenazas, 22 vigilancias policiales y 21 arrestos domiciliarios.
La situación en cárceles
Otro tema preocupante en Cuba es el estado en que se encuentran los detenidos en las cárceles de la isla. Así lo hizo ver el OCDH, que denunció ante la ONU que casi mil presos sufren "prácticas inhumanas de trabajo forzado o semiesclavitud" en la elaboración de carbón vegetal.
Una investigación de la ONG asegura que los presos se emplean en la producción de carbón vegetal de marabú contra su voluntad, "bajo formas claras de coacción/intimidación" o a falta de otras opciones para "esquivar las precarias condiciones de vida" en prisión.
El OCDH criticó las condiciones de "ilegalidad, desprotección, inhumanidad" en las que realizan el "trabajo forzoso", aunque consideró que "dicha práctica no es novedosa en Cuba".
El organismo presentó su denuncia ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, al cual le pidió una investigación "para que se juzgue y condene a responsables y se adopten las medidas y acciones políticas-jurídicas oportunas".
Según el OCDH, los responsables directos de esta situación son la Dirección General del sistema penitenciario y la Empresa de Producciones Varias (Provari), perteneciente al Ministerio del Interior de Cuba. La ONG apuntó también al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía General de la República.
