Polémica causó en
Argentina el paso por aguas de su jurisdicción de un buque militar británico que
zarpó de las Islas Malvinas hacia Chile a principios de julio. El hecho levantó dudas sobre si el navío contaba con los permisos respectivos y generó diversas críticas hacia el Gobierno de Javier Milei, que hasta el momento ha evitado referirse al tema.
El patrullero HMS Medway, perteneciente a la Armada británica, zarpó el 4 de julio desde Malvinas rumbo a Punta Arenas para labores de reaprovisionamiento. En su viaje, el navío pasó por aguas bajo soberanía argentina frente a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego sin haber realizado una notificación "formal" con 48 horas de antelación como exige el Acuerdo de Madrid II de 1990, según indicó el medio Perfil.
Tras detectar este movimiento,
la Armada Argentina custodió a la embarcación e informó del incidente a la Cancillería trasandina. Por su parte, las autoridades británicas aseguraron que la navegación había sido comunicada oportunamente.
Ante esto, un grupo de diputados de Unión por la Patria (UP, peronismo) impulsaron un pedido de informes al Gobierno argentino. "Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas", afirmó Guillermo Michel, uno de los autores del proyecto.
Los diputados firmantes reclaman saber si el Gobierno tenía conocimiento previo del desplazamiento del buque y si el Reino Unido notificó oficialmente su tránsito. También preguntan si la navegación se ajustó a los acuerdos vigentes entre ambos países, qué medidas adoptaron la Armada, el Ministerio de Defensa y la Cancillería y si el Ejecutivo evalúa presentar un reclamo diplomático.
Michel sostuvo además que la presencia militar británica en el territorio ocupado "representa una amenaza permanente para los derechos soberanos de la Argentina" y advirtió que también compromete "recursos naturales, pesqueros, energéticos y la proyección antártica de nuestro país".
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores invocaron la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye un "objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino".
También remarcaron el valor estratégico del Atlántico Sur por sus recursos naturales, pesqueros, energéticos, científicos y ambientales, así como por su proyección hacia la Antártica.
"El Estado argentino debe actuar con una posición clara e inequívoca en defensa del interés nacional", planteó Michel, quien aprovechó el episodio para cuestionar al Gobierno: "Algo que no se viene reflejando no solo con el territorio marítimo, sino tampoco con la industria nacional ni con los recursos de nuestro país".
Silencio oficial
Los cuestionamientos crecen mientras se espera una respuesta oficial del Gobierno. Al ser consultado sobre el tema en su conferencia de los martes, el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció no tener más información sobre el incidente y se limitó a decir que el canciller Pablo Quirno "se va a pronunciar en breve".
Según Perfil, este silencio refleja la tensión existente entre el ministro Quirno y el equipo técnico de la Cancillería argentina, "que había recomendado presentar una nota de protesta formal ante Londres".
De acuerdo con este medio, el canciller "se resiste a tensar el vínculo bilateral", considerando que el Presidente Javier Milei tiene preparado un viaje a Reino Unido para fin de año con la finalidad de posicionar a Argentina como plaza de inversiones.
"Esto es insólito. En lugar de defender la posición histórica argentina sobre Malvinas, nuestra sede en Londres tapa una evidente violación a los Acuerdos de Madrid. Mientras tanto, nuestro presidente se autopercibe como admirador de Margaret Thatcher", dijo un embajador argentino a Perfil.
