Orpis se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.
Luciano Riquelme, El Mercurio
SANTIAGO.- Cerca de cinco horas duró la declaración hecha por el senador Jaime Orpis ante la fiscalía, en calidad de imputado en el marco de la investigación en su contra por el caso Corpesca.
La diligencia, que inició cerca de las 09:00 horas, terminó poco minutos antes de las 14:00 horas, tras lo cual la fiscal Ximena Chong abandonó la oficina de los abogados del senador -Carlos Cortés y Sergio Rodríguez- en la comuna de Las Condes.
Una vez terminada la declaración, la persecutora evitó hacer mayores revelaciones al respecto, dado el carácter de la diligencia, aunque dijo estar "conforme" tras interrogar a Orpis.
De todos modos, consultada por si es posible que varía la cifra del fraude fiscal, Chong explicó que "cualquier situación que implique variación respecto de las imputaciones, va a implicar alguna presentación en la Corte en caso de que sea necesario ampliar el desafuero, y a partir de ahí van a poder entrar".
"Eso es una situación que hay que evaluar en el conjunto de los antecedentes que se han reunido en la investigación", agregó la fiscal, quien también señaló que no está previsto citar al senador a declarar la próxima semana.
Por su parte, Jaime Orpis salió en silencio desde el edificio de avenida Apoquindo, sin responder a las consultas de la prensa que se encontraba en el lugar.
Quien sí habló fue el abogado defensor de Orpis, Sergio Rodríguez, quien aseguró que su cliente "se refirió a todas las materias de la investigación, sin guardar silencio respecto a ninguna de ellas".
En ese sentido, recalcó que las declaraciones del senador "han sido en sentido a lo que ya hemos dicho al respecto".
Orpis es indagado por su presunta participación en delitos de cohecho, lavado de activos, fraude al fisco y delitos tributarios que tienen relación con la facilitación de boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados.
De acuerdo a los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, existen presunciones fundadas para estimar que el parlamentario habría incurrido en este tipo de delitos. Incluso, se ha cifrado un perjuicio fiscal de más de $150 millones.
Por ello, se solicitó el desafuero del parlamentario, lo que será discutido en la Corte de Apelaciones de Santiago en las próximas semanas.
