SANTIAGO.- "Declárese insaneablemente nula la ley 20.657". Así de tajante es el artículo único del proyecto que busca anular la actual Ley de Pesca, medida que ha generado polémica luego de que fuese declarada admisible por la Cámara de Diputados el pasado martes.
Esto porque expertos constitucionales y políticos de diversos sectores, dicen que una ley no se puede anular sino que sólo derogar o modificar y por que lo tanto, el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez (PPD), no debió haber declarado admisible este proyecto.
En todo caso, la iniciativa presentada por la bancada del PC-IC, también acusa vicios de constitucionalidad, eso sí que en la tramitación de la normativa también conocida como "Ley Longueira", presentando a través de 18 puntos los argumentos por los cuales creen que se debe anular esta legislación. A continuación, te presentamos un extracto de los principales cuestionamientos en que se basa el controvertido proyecto.
Reclamos de la sociedad civil
El texto apunta a los cuestionamientos surgidos durante la tramitación de la ley (entre el 2011 y 2013), provenientes de diferentes sectores de la sociedad civil, la pesca artesanal y pueblos originarios, quienes en su momento reclamaron en contra de los contenidos y alcances del proyecto.
"Cuestionaron su contenido y manifestaron que éste atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios", dice el documento.
Presión de grupos económicos
El proyecto además es categórico al afirmar la existencia de una "manifiesta presión indebida" ejercida sobre los parlamentarios por parte de "distintos grupos económicos de la pesca industrial que buscaban beneficiarse con las modificaciones propuestas por la ley en comento". Sobre esta materia, se usan como ejemplos la relación de Corpesca con la ex diputada Marta Isasi y con el senador Jaime Orpis (ex UDI), y los cuales son parte de investigaciones judiciales.
Pero también se hace alusión a los vínculos de es autoridades de Gobierno con empresarios. Con ello, se indica que "las últimas evidencias, públicamente conocidas, demuestran que existieron comunicaciones entre el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, el ex subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, y la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca, María Alicia Baltierra O’Kuinghttons, los que se encuentran siendo investigados por la fiscal Ximena Chong. Esto dejaría al descubierto la influencia del grupo Angelini en la elaboración del proyecto enviado por el Ejecutivo".
El rol de los parlamentarios
Respecto a los parlamentarios, el proyecto señala que incluso en los primeros meses de la promulgación de la ley, "la ciudadanía comenzó a conocer serias evidencias de corrupción y faltas a la probidad por parte de parlamentarios, quienes orientados por empresas de la industria pesquera efectuaron indicaciones, intervenciones y votaciones que beneficiaron directamente a dichas empresas".
No obstante, se advierte que aunque existieran investigaciones en los casos de Isasi y Orpis, se acota que aún no "está claro cuán extensas fueron las influencias de los grupos económicos de la pesca industrial ni a cuántos legisladores afecta".
Ley viciada
El proyecto además sentencia que "una ley que se ha obtenido bajo soborno y lobby indebido del empresariado pesquero, es una ley viciada, que carece de toda legitimidad y legalidad ante la ciudadanía".
Y agrega que la medida debe ser declarada nula, pues enfatizaron que en el "proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad" al existir legisladores con "intereses económicos en la industria pesquera" que no se inhabilitaron en la votación.
Por ello, la bancada del PC-IC precisó que esperan que la Presidenta Michelle Bachelet envíe una nueva Ley de Pesca al Congreso.
