"Aquí no sólo se ha afectado el patrimonio público, sino que también hay un daño, y quizás sea el daño más relevante que puede verificar este sentenciador y que dice relación con la fe pública en el prestigio que tenía una institución como Carabineros de Chile", dijo el magistrado en su argumentación.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Poco más de media hora fue el tiempo que se tomó el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, para argumentar por qué ordenaba arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados, para los 10 nuevos formalizados en el caso del millonario fraude en Carabineros, llevado a cabo este martes en el Centro de Justicia, tras la solicitud del fiscal Eugenio Campos y su equipo.
Pero lo que más llamó la atención de las palabras del joven magistrado, es que a su juicio este caso, provocó un quiebre en la sociedad chilena en cuanto a la imagen pública de la que gozaba hasta marzo pasado -cuando se dio conocer la millonaria malversación-, la institución delas carabinas cruzadas.
"Aquí no sólo se ha afectado el patrimonio público, sino que también hay un daño, y quizás sea el daño más relevante que puede verificar este sentenciador y que dice relación con la fe pública en el prestigio que tenía una institución como Carabineros de Chile, que era vista en términos generales por la sociedad como una de las instituciones escasamente corrupta", comenzó.
El juez añadió que a su juicio "la sola deducción de esta causa ha generado estadísticamente una baja significativa en la popularidad de Carabineros y aquello en definitiva da cuenta de la temperatura ambiente y de cómo ha variado la opinión de la gente en cuanto a si se puede o no se puede confiar en Carabineros".
En este sentido, explicó que lo anterior "necesariamente lleva a considerar la aplicación de este viejo refrán que dice que ‘pagan justos por pecadores’, porque en definitiva es la institución completa es la que se ve enlodada con respecto de los hechos que son materia de ésta formalización desde el mes de marzo del presente año".
"Aquello evidentemente genera un quiebre en la sociedad en términos de que una de sus instituciones que gozaba de mayor prestigio es afectada por la corrupción. También genera una ola de opiniones de que muy probablemente ninguna de las instituciones de este país se encuentra fuera de la corrupción, si Carabineros, que era una institución prístina y transparente ahora se encuentran amparados por la corrupción, y entonces se genera una disrupción social, cuya solución es de largo trabajo y que le corresponderá a la institución recuperar la confianza de todos los ciudadanos a los que deben servir de acuerdo a su ley orgánica constitucional", manifestó.
El juez Ponciano Sallés aceptó la solicitud del fiscal Campos, también argumentando que a su juicio existen "antecedentes suficientes para acreditar el delito" y que la necesidad de cautela para con los imputados "está dada por la cantidad de delitos, la naturaleza de éstos y la peligrosidad para la seguridad de la sociedad", que representa la libertad de los formalizados.
Lo anterior, porque según expuso, los nuevos imputados, entre los que había siete uniformados y tres civiles que prestaron sus cuentas corrientes para recibir los dineros desviados de manera ilícita por la cúpula de oficiales implicados en el fraude, arriesgan penas que podrían llegar a los 15 años de presidio efectivo, aunque faltan las atenuantes.
"La fiscalía no va escatimar en investigar a quien fuere"
Por su parte el fiscal Campos, calificó la resolución del magistrado como "absolutamente contundente, coherente, razonada jurídicamente".
A su juicio lo que decidió el Sallés “en definitiva da cuenta de la seriedad con que hemos querido abordar las audiencias que llevamos hasta el día de hoy y las que vamos a abordar las que vienen".
En ese sentido anunció que aún faltan muchas diligencias por realizar en los tres meses que quedan de investigación y reiteró que el Ministerio Público investigará a quién sea en el caso, sin importar su rango.
"Acá la fiscalía no va escatimar en que, sea quien fuere, el nivel o jerarquía que tenga, ya sea dentro o fuera de la institución donde va a indagar. También hacemos un llamado a las instituciones respecto de las cuales se está requiriendo antecedentes que los hagan llegar", insistió.
