Las razones de la huelga de hambre que mantienen los cuatro comuneros mapuche en La Araucanía

Alfredo Tralcal junto a Benito, Ariel y Pablo Trangol están acusados de la quema de un templo evangélico y hace 106 días adoptaron la medida de presión para pedir que no se les procese bajo la ley antiterrorista. El caso ha requerido la intermediación de Felipe Berríos.

20 de Septiembre de 2017 | 12:08 | Por Consuelo Ferrer, Emol

Un grupo de manifestantes protestó en defensa de los comuneros al término del Tedeum Ecuménico.

Aton Chile
SANTIAGO.- La madrugada de este miércoles, dos iglesias católicas y un templo evangélico resultaron quemados en las comunas de Victoria y Ercilla, en la Región de la Araucanía. En ellas, se encontraron panfletos alusivos a la causa mapuche y en defensa de los cuatro comuneros que hoy suman 106 días en huelga de hambre.

Se trata de la medida de presión que adoptaron el pasado 9 de junio Alfredo Tralcal, y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol, los únicos cuatro acusados por la quema de una iglesia evangélica en junio del año pasado, y que cumplen prisión preventiva desde hace un año y tres meses.

Con ella, los comuneros exigen un "juicio justo en un plazo razonable", la no aplicación de la ley antiterrorista, la no utilización de testigos sin rostros y el fin de la prisión preventiva.

El delito que se acusa

La tarde del jueves 9 de junio de 2016, mientras se llevaba a cabo una ceremonia en la iglesia evangélica Del Señor, ubicada en la ruta entre Padre Las Casas y el sector de Niágara, en la Araucanía, un grupo de encapuchados entró al templo, intimidó con armas a los presentes y, mientras efectuaban disparos, rociaron líquido de unos bidones sobre el piso, muebles y el púlpito, prendiéndoles fuego.

"Cualquier persona bien nacida no puede negarse a tratar de aportar algo, sobre todo en una situación tan delicada de salud y donde está en riesgo la vida"

Felipe Berríos, mediador
En el suelo quedaron panfletos que exigían la libertad de la machi Francisca Linconao, acusada en el caso Luchsinger, y que contenían el nombre del grupo Waichan Auka Mapu, que ya ha reivindicado otros hechos similares.

Así quedó descrito el hecho en la acusación presentada en agosto pasado por el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, Luis Torres Gutiérrez. El documento, de 38 páginas, con 106 pruebas, 59 testigos y 33 peritos, pide una pena de 20 años para los cuatro comuneros mapuche acusados como autores de la quema.

La acusación señala el delito como un "incendio terrorista" y el caso es el primer ataque incendiario a un templo que llega a esa etapa. El fiscal afirmó que existen "evidencias balísticas, genéticas y químicas" que permiten acusar a las cuatro personas, según consignó "El Mercurio".

El carácter de terrorista del delito se configuró "a partir de un contexto en que se ataca a un conjunto de iglesias y capillas, tanto católicas como evangélicas". En 2015, se registraron dos siniestros, mientras que en 2016 aumentó a 18.

Un estado de salud "deteriorado"

El primer organismo en presentar su preocupación fue el Colegio Médico, que a través de su departamento de Derechos Humanos evaluó a los comuneros y alertó que, de prolongarse la huelga de hambre, "expone a los huelguistas a un severo deterioro de su condición de salud", pudiendo presentar "desnutrición severa", "falla orgánica múltiple secundaria" o incluso llegar a la muerte.

Uno de los comuneros, Benito Trangol, presenta deterioro neurológico. De acuerdo al Colegio Médico, cada uno de los comuneros ha perdido en promedio 20 kilos.

La entidad solicitó la mediación del sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien fue señalado por los mismos comuneros como una "persona de alto valor moral y social" que "ofrecería garantías a los diferentes sectores involucrados, con el ánimo de facilitar la búsqueda y encuentro de soluciones".

El sacerdote aceptó el requerimiento y el pasado fin de semana viajó a reunirse con ellos. “Cualquier persona bien nacida no puede negarse a tratar de aportar algo, sobre todo en una situación tan delicada de salud y donde está en riesgo la vida”, afirmó antes de la visita.

La polémica de la prisión preventiva

Este lunes, Amnistía Internacional se refirió al caso, afirmando que "preocupa a la organización" la aplicación de la ley antiterrorista "puesto que sus parámetros ya han sido cuestionados por numerosos mecanismos internacionales al no cumplir con los estándares de un debido proceso".

15Veces la defensa ha solicitado que se revise la prisión preventiva
La defensa ha solicitado el término de la prisión preventiva en 15 ocasiones, siendo otorgada dos veces y posteriormente revocada por la gravedad del delito y la posible pena aplicable.

"La sola gravedad del delito que se imputa no puede ser razón suficiente para mantener a la persona acusada en prisión preventiva por periodos prolongados de tiempo. Tratar la prisión preventiva como si fuera una sanción anticipada implica en sí mismo vulnerar la presunción de inocencia", esgrimió la organización.

Este 18 de septiembre, al término del Tedeum Ecuménico, un grupo de manifestantes protestó a favor de los comuneros, con carteles que pedían la no aplicación de la ley antiterrorista.

Una semana antes, se realizó una marcha en Temuco, que terminó con 16 personas detenidas y el sacristán de la catedral agredido. La quema de los tres templos de hoy marca un nuevo hito en la agudización del conflicto.
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