SANTIAGO.- Que los miembros de la Iglesia Católica estén obligados legalmente a denunciar ante la justicia civil casos que puedan constituir delitos por abusos sexuales a menores. Ese el cambio en la legislación que ha planteado el fiscal regional de O´Higgins,
Emiliano Arias, en el marco de las indagatorias que está llevando a cabo él, junto a otros persecutores, contra presbíteros.
"No puede ser que no denuncien ante la justicia civil hechos tan graves como atentados sexuales a menores de edad", son parte de los argumentos que ha expuesto Arias durante la semana, quien además afirmó que no denunciar este tipo de abusos "es como si se hubiesen estado ocultando homicidios".
Y es que la legislación vigente no obliga a la Iglesia a llevar este tipo de hechos a la justicia, como sí deben hacerlo en un plazo de 24 horas otros organismos como instituciones públicas, establecimientos educacionales y funcionarios médicos.
Lo anterior, según explicaron abogados expertos en derecho procesal a Emol, ya que, en principio, ninguna persona (a excepción de los casos señalados) está obligada bajo la ley a denunciar hechos que puedan ser constitutivos de delito. Por lo tanto, la justicia civil no puede exigir a la Iglesia a denunciar estos presuntos ilícitos, ni tampoco penalizarla por no denunciar.
Distinto es el caso cuando se logra acreditar que no se denunció con el fin de encubrir o proteger, según el Código Penal, entre otras cosas, a "malhechores, sabiendo que lo son". Lo anterior constituye el delito de encubrimiento, el cual sí es penado en el país, y es una de las hipótesis que está investigando el fiscal Arias en contra del arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, por el caso del formalizado ex canciller de la misma diócesis, Óscar Muñoz.
Así, la iniciativa propuesta desde el Ministerio Público se suma al anuncio de que la fiscalía solicitará a la Santa Sede el denominado informe Scicluna, lo que de concretarse, a juicio de la Conferencia Episcopal, podría producir un "grave daño" a las personas que entregaron sus testimonio a los enviados especiales del Papa Francisco.
Salvaguardar confidencialidad
Para el doctor en derecho canónico y miembro del Tribunal Eclesiástico, el sacerdote Francisco Javier Astaburuaga, debe existir una cooperación con las instancias civiles, lo cual, aseguró a Emol, "siempre es un paso adelante en la búsqueda de la verdad y de hacer justicia".
Sin embargo, precisó que para ello debe existir un protocolo "de cooperación recíproca", enfatizando en salvaguardar "siempre" la confidencialidad de las víctimas.
Por lo tanto, continuó, la viabilidad de la propuesta de Arias en el sentido de que se obligue a la Iglesia a denunciar los casos mencionados, "siempre será posible en la medida que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, la confidencialidad y reserva pedida por las víctimas. Y que esa confidencialidad no sea vulnerada por los organismos del Estado, pues en los procesos canónicos está garantizada".
"Siempre será posible en la medida que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, la confidencialidad y reserva pedida por las víctimas. Y que esa confidencialidad no sea vulnerada por los organismos del Estado, pues en los procesos canónicos está garantizada"
Sacerdote Francisco Javier Astaburuaga
Astaburuaga insistió en que la "Iglesia no puede vulnerar ese derecho fundamental", por lo mismo, recomendó a las víctimas que "en virtud de su propia decisión puedan denunciar al Ministerio Público los hechos.
Y si finalmente se llega a un protocolo de cooperación recíproca, los ámbitos de protección a las víctimas debe quedar absolutamente salvaguardado".
Para la creación de dicho protocolo, el presbítero recomendó estudiar algunos procedimientos que, dijo, ya existen en otros países y diócesis del mundo en ese sentido.
Celebran iniciativa
Si bien Astaburuaga aprobó la necesidad de que existan protocolos que velen por la cooperación entre la justicia civil y la canónica, matizó lo propuesto por el fiscal Arias en el sentido de que lo principal es garantizar la confidencialidad de las víctimas que eligieron denunciar ante la leyes eclesiales y no acercarse al Poder Judicial, aludiendo a que en este último no es poco usual que este tipo de causas se filtren.
"Me parece que es muy viable, ya que la misma Iglesia lo ha recomendado desde el Papa Benedicto XVI, así como los distintos protocolos para el abuso, en los que se recomienda denunciar en la justicia penal de cada país"
Alejandro Álvarez
Quien sí celebró la idea del Ministerio Público en forma íntegra fue el abogado canonista y vecero de la Fundación Voces Católicas,
Alejandro Álvarez. "Me parece una excelente iniciativa el extender a los sacerdotes y obispo, y ministros de toda confesión religiosa, la misma obligación de denunciar que pesa sobre los rectores de colegios, profesores, médicos y otros profesionales, toda vez que tengan conocimientos de delitos que afecten a menores de edad".
Y continuó: "Me parece que es muy viable, ya que la misma Iglesia lo ha recomendado desde el Papa Benedicto XVI, así como los distintos protocolos para el abuso, en los que se recomienda denunciar en la justicia penal de cada país".
En esa línea, el canonista citó como ejemplo el caso de la Conferencia Espiscopal de España, donde, aseguró, existe la obligación de informar ante la justicia civil todo abuso a menores, "lo que se podría replicar en Chile", comentó.
En tanto, la abogada experta en derecho procesal y docente de la Universidad Adolfo Ibañez Sofía Romero, sostuvo que "en principio, en términos de idea", la propuesta del persecutor "es bastante razonable".
"El hecho de denunciar no le impone ninguna carga adicional de, por ejemplo, presentar una acción penal o de continuar con esa persecución a la Iglesia en este caso, sino que solamente poner en conocimiento del Ministerio Público" los hechos, lo que sería suficiente para que la fiscalía pueda iniciar una investigación por oficio, explicó la jurista.
Por último, recalcó que otro factor importante a considerar es que en caso de que, eventualmente, se le exija a la Iglesia denunciar ante organismos civiles, esto sería clave a la hora de perseguir penalmente los delitos sexuales a menores antes de que prescriban.
"Todos esos mecanismos donde el legislador dice 'estas personas tienen deber de denuncia', contribuye a que cualquier hecho que eventualmente deba ser investigado, lo sea con mayor rapidez, que se tome conocimiento a la brevedad desde el momento que se producen los hechos", finalizó.
