Presidente de la Suprema y posible acusación constitucional: "Va a generar condiciones más complicadas"

SANTIAGO.- El ministro y miembro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, se refirió brevemente a la acusación constitucional que anunciaron parlamentarios de oposición en su contra y la de los magistrados que otorgaron la libertad condicional a siete ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad.

"Están en su derecho de expresar su opinión, de la misma manera que los jueces tienen el derecho de expresar sus opiniones que se expresan en las sentencias", señaló.

La acusación, que aún no ha sido presentada, pero que cada vez toma más fuerza y cuenta con el respaldo de distintos partidos y agrupaciones, repercutiría en el máximo tribunal, según confirmó su presidente, Haroldo Brito.

"Indudablemente la tramitación de la acusación va a generar condiciones más complicadas, más extremas de funcionamiento, pero no hay más que trabajar en esas condiciones (...) son las circunstancias que hay que vivir nada más".

Ante la consulta de que si el uso de esta herramienta buscaba atemorizar a los ministros, Brito contestó: "No, yo entiendo que son instituciones jurídicas que la Constitución establece y punto. La usarán si reúnen las mayorías, tendrá el desarrollo que se pueda, pero yo no quisiera hablar de amedrentamiento porque yo entiendo que esta es una cuestión de debate público y amedrentar es una expresión demasiado dura que yo no tengo por qué atribuirle a los familiares de las víctimas, ni organizaciones de ningún tipo".

Con la resolución de cuatro de los cinco ministros de la Segunda Sala y tres abogados integrantes, distintas voces han puesto en discusión la necesidad de cambiar la legislación sobre este tema.

Una de ellas fue la del ex integrante de la Suprema, Milton Juica, quien señaló, en conversación con La Tercera, la importancia de crear "tribunales de ejecución, que todo sea un procedimiento jurisdiccional con derecho a defensa, con intervención del Ministerio Público,

Defensoría Penal Pública y con instituciones naturalmente mucho más instruidas en materia de reinserción social, porque este es un tema de reinserción social finalmente".

Respaldando los dichos, Brito indicó que "esta Corte viene hace muchos años que viene señalando la necesidad de establecer tribunales de ejecución de pena en materia penal que es, en la legislación comparada y en la doctrina, el mecanismo adecuado a la pretensión de poner término anticipado al cumplimiento de las sanciones".

Y agregó: "Ese es un trabajo técnico de muchísima exigencia que entre nosotros no se realiza de esa manera porque no tenemos el sistema de jurisdicción para el control de cumplimiento de las sanciones. Eso es una cuestión que tiene que abordarse, está pensado en el derecho comparado tanto para cuestiones corrientes, delincuencia corriente, como también para casos especiales como son el tema de los derechos humanos que han de resolverse desde una perspectiva diferente".

Por su parte, la recién asumida ministra, Ángela Vivanco también se refirió al tema explicando que "se necesita legislar en muchos temas asociados a los derechos fundamentales. Hay que pensar que mucha de nuestra normativa tiene muchos años y en nuestra Constitución también hay una serie de temas de derechos fundamentales que no se han desarrollado", concluyendo que "me gustaría como ministra que podamos ir avanzando en conjunto todos los poderes del Estado en favor de los derechos fundamentales. Que las leyes se remuevan todo lo que sea necesario y por supuesto que la administración de Justicia también vaya en ese mismo predicamento, porque la verdad que es un objetivo común el que todos debemos tener".