El presidente del máximo tribunal con familiares de víctimas de la dictadura.
Agencia Uno
SANTIAGO. - Luego que la Corte Suprema otorgara la libertad condicional a siete ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se reunió con el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, para manifestar su rechazo a las resoluciones.
"Solicitamos esta audiencia a pesar de lo adverso que ha sido el actuar de la Segunda Sala Penal, porque reconocemos en el presidente de la Suprema una conducta cuando le ha tocado investigar o participar de determinaciones de causas de violaciones de DD.HH., acorde a considerar a respetar el derecho internacional humanitario", indicó la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro.
Así también, señaló que mañana entregarán una carta al ministro Brito, quien según asistentes fue "cordial" y "receptivo", para que sea presentada al pleno de la Suprema. En esta, queda manifiesta "nuestra indignación, porque lo que aquí se está cometiendo un retroceso de proporciones respecto al avance que se había tenido de estas causas".
Pizarro también señaló que se le hizo saber a Brito que "queremos creer que lo que aquí hubo fue un cambio de criterio y no doctrina", ya que "¿qué doctrina asumió un poder del Estado si no es el de protección de los derechos humanos?".
Los fallos de los supremos, que hoy negaron la libertad condicional al piloto de la Caravana de la Muerte, motivaron la molestia política en el Partido Socialista, que decisión que se sumara a la acusación constitucional impulsada en la ex Nueva Mayoría.
En esa línea, el presidente de RD, Rodrigo Echecopar, afirmó que es "muy probable" que se sumen a la acusación constitucional que anunciaron parlamentarios de oposición.
Mientras que Pizarro indicó que este lunes se reunieron con la bancada para reiterar la importancia de esta medida debido a un "notable abandono de deberes".
Manifestaciones
Ante Palacio de Tribunales también llegaron entre gritos y pancartas miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP), Revolución Democrática (RD) y la Fundación Víctor Jara para entregarle una carta al ministro Brito exigiendo "justicia" reparación, y no impunidad".
"Han pasado a llevar todos los tratados internacionales que declaran como crímenes de lesa humanidad todo lo que ocurrió entre 1973 y 1990. Se sigue cometiendo impunidad y más en un lugar que debiera haber solo justicia", señaló la presidenta de la AFEP, Alicia Lira.