SANTIAGO.- "La prisión preventiva, es decir, la privación de la libertad durante el tiempo que dura el proceso penal en contra de los imputados, no fue suficiente afectación. Nuestro sistema penitenciario, sus cárceles, proveyeron un castigo adicional".
Dicha frase pertenece al informe anual que realiza la Universidad Diego Portales en materia de Derechos Humanos, respecto el caso de Jonathan Chávez y Cristián Romero, formalizados a fines de junio por asaltar y asesinar una mujer de 40 años que trabajaba en el barrio República. El mismo día que ingresaron al penal de Santiago 1 fueron golpeados y electrocutados.
En el documento, al cual tuvo acceso Emol, se alude a este hecho para graficar la realidad de los penales en Chile y concluir que los privados de libertad viven de una manera “inhumana”. También, que las políticas públicas respecto al tema “han fracasado constantemente”, generando además un “grave incumplimiento" de los múltiples tratados internacionales ratificados por nuestro país.
Aquí, el detalle del estudio que abarca el periodo entre julio de 2017 y julio de este año.
Hacinamiento, infraestructura y agua potable
En base al informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, y para el cual se visitaron 53 de los 93 centros penitenciarios, se indica que hay ocho regiones donde las cárceles superan el límite de su capacidad, llegando a duplicarse en algunos casos. Por ejemplo, el Centro Penitenciario Femenino de Talca alberga a 100 personas pese a estar construido para 36.
Así también, se constató que Gendarmería ha establecido un sistema de horarios que resulta “completamente disfuncional a los objetivos de reinserción social”, ya que hay internos que pueden pasar encerrados en celdas individuales o colectivas entre 14 y 16 horas diarias.
“Esto tiene como agravante que, en general, se encuentran encerrados sin luz natural, sin ventilación adecuada y sin servicios higiénicos”, añaden.
900internos de Colina I hicieron una huelga por el trato que recibían sus familiares previo a las visitas.
Se suma el acceso insuficiente al agua potable en algunos recintos, lo cual es considerado como “un problema latente y emblemático de las cárceles chilenas”. Tal es el caso del Centro Penitenciario de Valparaíso, donde los internos acceden a dicho suministro dos veces al día durante dos horas.
En cuanto a deficiencias en la estructura, en el CCP de Copiapó “los espacios son reducidos, no hay comedores y los escasos baños que existen están en estado deplorable”. En Ovalle, en tanto, “se constatan graves deficiencias en el sistema eléctrico, con alto riesgo para los internos y funcionarios, como tampoco se cuenta con una red húmeda ni seca para casos de incendio”.
Se critica además en la mayoría de los centros se aplica el uso de celdas de castigo “sin mayores restricciones”; ya sea para segregar internos, por razones de seguridad o mantenerlos de manera provisoria.
Trato a internos y sus familiares
De acuerdo a la UDP, en el periodo analizado se pudo verificar una serie de casos donde gendarmes ejecutaron actos de violencia. Uno de ellos ocurrió en enero en Santiago 1 y fue registrado en un video: “Se logra apreciar el momento y la forma en que un imputado es golpeado" por los uniformados. Posteriormente, el herido fue llevado hasta el hospital de la cárcel por los propios internos; y luego a la Posta Central, donde falleció producto de una muerte cerebral.
Pese a lo anterior, se reconoce que sí ha habido avance en materia legislativa. Esto, luego que entrara en vigencia a fines de 2016 la ley que tipifica el delito de tortura y que penaliza también otros apremios y tratos crueles, inhumanos o degradantes, actualizando así el ilícito de acuerdo a estándares internacionales,
Otra situación implica a los familiares de internos. En septiembre de 2017, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió un recurso a favor de seis menores de edad, familiares de presos, “que fueron objeto de revisiones corporales denigrantes, incluidos desnudamientos, en el contexto de visitas a sus familiares”. Tanto niñas como niños, debieron quitarse pantalones y ropa interior, además de tener que hacer sentadillas ante el personal de Gendarmería.
En Colina I ocurrió algo similar en abril: cerca de 900 internos hicieron una huelga denunciando el “trato vejatorio” que recibieron sus parientes, que constó, entre otros, de alumbramiento de sus partes íntimas con linternas. De acuerdo a los reos, dicha situación no ocurría con las visitas de los detenidos por violaciones a derechos humanos en el mismo penal.
Violencia entre internos
Citando información solicitada por el diputado RN, Nicolás Monckeberg, se recuerda que 297 de las 886 muertes ocurridas en los centros penitenciarios desde 2011 fueron por riñas entre reos. En septiembre del año pasado, dos presos resultaron heridos y otro falleció en un conflicto con armas blancas en Temuco.
Ante esto, el informe nuevamente menciona el caso de los dos imputados agredidos por robo con homicidio en junio. Dice que estaban en un módulo donde habían 176 internos a cargo de un solo gendarme: “Este caso es un ejemplo claro de que existe un problema por parte de las autoridades para establecer mecanismos que controlen la violencia entre los internos y, a su vez, de la carencia de recursos humanos y logísticos para cautelar efectivamente la integridad de los reclusos”.
"Producto de la sobrepoblación surgen una serie de cuestiones ligadas a malas condiciones de vida, de higiene, acceso a agua potable, producción de fenómenos de violencia".
Eduardo Alcaíno.
Otro tipo de agresión es la sexual: “de las 338 denuncias que el Ministerio Público ha recibido por casos de violación y abuso sexual dentro de las cárceles en los últimos siete años, más del 70% de ellas quedó archivada o se decidió no perseverar en el procedimiento, algunas inclusive ni siquiera iniciaron una investigación”. Para esto, precisan, hay que considerar que existe una importante cifra negra.
"En Chile tenemos fenómenos muy relevantes de torturas por parte Gendarmería y es un tema que también ocurre a nivel Latinoamericano. Y si bien estamos en una alta escala de violencia entre internos, no estamos a la altura de otros países como México o Brasil, donde hay vendettas graves y sangrientas", explicó a este medio el abogado a cargo del informe, Eduardo Alcaíno, .
"Dejar de encarcelar personas"
El estudio concluye indicando que la política penitenciaria local “no ha sufrido una reforma sustancial” y que los esfuerzos por intentar resolver la situación “se han concentrado en soluciones locales y de corto plazo”.
Por esto, proponen al Estado ejecutar una política que implique disminuir la población penitenciaria actual. Para esto, se indica que la principal herramienta es, “prioritariamente, dejar de encarcelar personas cuando tiene otros medios disponibles idóneos y más efectivos, como son las medidas alternativas a la cárcel”, para lo que “se requiere de un compromiso y una política de largo plazo”.
En esa línea, Alcaíno indicó que "el hacinamiento es la principal causa de una serie de problemas, y eso es algo general en Latinoamérica. Producto de la sobrepoblación surgen una serie de cuestiones ligadas a malas condiciones de vida, de higiene, acceso a agua potable, producción de fenómenos de violencia".
Además, se aconseja aplicar medidas que permitan mejorar los procesos que de división de módulos; aumentar búsqueda de armas en celdas; perfeccionar los protocolos por denuncias de abusos sexuales o agresiones, donde se tomen inmediatas medidas de seguridad como separar a los involucrados; mejorar la infraestructura y la formación de los funcionarios, especialmente “en materia del uso de la fuerza física”.
