SANTIAGO.- Desde el viernes pasado y sobre todo el lunes, el comentario obligado entre los funcionarios de la Contraloría General de la República fue la decisión del jefe de la División de Análisis Contable (DAC), Patricio Barra, de no firmar la solicitud de renuncia que le pidió el titular del organismo, Jorge Bermúdez.
El hecho, gatillado por una "mala evaluación de su desempeño", según se explicó oficialmente, revivió a juicio de los trabajadores del organismo la pugna entre el contralor y Dorothy Pérez, quienes llevan meses enfrentados tras la decisión de la Corte Suprema de restituir a la sub-contralora en sus funciones.
La cercanía personal y profesional entre Pérez y Barra, quienes son vecinos en Las Condes, habría sido –a juicio de algunos miembros de la entidad- una de las motivaciones que habría tenido Bermúdez para sacarlo de su puesto. Sin embargo, los cercanos a la autoridad desechan tajantemente esa versión.
Es más, de acuerdo a esas fuentes consultadas por Emol, la determinación de remover al profesional –quien fue el que advirtió al contralor sobre los diferentes métodos de auditoría que estaba aplicando la institución en algunos municipios y que podía estar provocando errores de cálculo- fue netamente relacionada a su labor.
En esa línea, destacaron que hace dos semanas hubo una reunión entre fiscalizadores, quienes salen a terreno a hacer las auditorías, y los equipos de la unidad de análisis contable, ocasión en la que se detectaron "posiciones muy encontradas" entre ambos equipos, lo cual "tiene que ver con la gestión deficiente que ha tenido Barra", dicen.
Asimismo, detallaron que el respaldo de los equipos a la decisión de Bermúdez "es cerrado", ya que el jefe de la DAC no tenía la capacidad para hacer que los distintos equipos trabajaran coordinados, de acuerdo al testimonio de sus propios subalternos. Además, acusan que Barra "ni siquiera hablaba con el resto de los jefes de división".
Sin embargo, ayer, luego de ser notificado de la vacancia en el cargo, el funcionario acusó que su salida es una "represalia" por parte de Bermúdez "por haber denunciado desde el 28 de febrero las irregularidades en las auditorías de déficit municipal por parte de la máxima autoridad de esta organización que afectan la probidad".
No obstante, cercanos al contralor destacan que con la salida de Barra, junto con la del jefe del Área de Estudios Financieros, Ignacio Tapia, y la del jefe del Área de Información Contable y de apoyo a la Planificación de la DAC, Pablo Soto, se liberó al organismo de "manzanas podridas".
Tensión interna
El otro rumor que ha inquietado en Contraloría es la revelación de que Dorothy Pérez mantiene una lista de mensajería por WhatsApp con distintos periodistas, en el cual filtra información y críticas hacia el líder de la entidad. A juicio de los cercanos a Bermúdez, ello demuestra su interés en desestabilizar la gestión de la autoridad.
Según ellos, habría una "maniobra premeditada" por parte de Pérez para "ensuciar" el trabajo de Bermúdez. Eso demostraría que claramente aún existen posiciones antagonistas al interior del organismo fiscalizador, pero minoritarias. La gran mayoría de los trabajadores se mantienen neutros y descartan la existencia de bandos, dicen.
Otro dato que entregan como ejemplo de la injerencia de Pérez en Barra, es la decisión del funcionario de judicializar su salida, siguiendo los mismos pasos que la sub-contralora con un recurso de protección. No obstante, aclaran que esa estrategia podría ser fallida, ya que el profesional no cuenta con el mismo estatus que ella.
El profesional se ampararía en el artículo 90 del estatuto administrativo, que se aplica para proteger a funcionarios que han sido desvinculados producto de un sumario, como medida disciplinaria. Sin embargo, su caso es una desvinculación por mal desempeño, por lo que no podría acogerse a ese argumento.
Según los funcionarios, actualmente no existe relación entre Bermúdez y Pérez. Mientras el primero opera en el noveno piso del edificio ubicado en Teatinos 56, la segunda lo hace en el séptimo, junto a su equipo que es el del Tribunal de Cuentas. De hecho, aseguran que el último contacto habría ocurrido cuando la sub-contralora regresó a su cargo en diciembre pasado.
