El ministro vocero, Lamberto Cisternas.
El Mercurio.
SANTIAGO.- El Pleno de la Corte Suprema comunicó hoy su decisión respecto el proceso interno llevado contra los tres suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez, a quienes se le abrirá un cuaderno de remoción.
La resolución del máximo tribunal se enmarca en la investigación que llevó a cabo la también suprema Rosa María Maggi, quien a fines de mayo entregó el informe final de su indagatoria y donde le imputó a los magistrados una serie de hechos relacionados con la tramitación de nombramientos, entrega de información a un investigado cercano, entre otros hechos. Todos los argumentos fueron acogidos por la Suprema.
En aquel entonces, Maggi sugirió aplicar la medida disciplinaria máxima, que son cuatro meses de suspensión, e iniciar el proceso para salida definitiva de los cuestionados integrantes del tribunal de alzada en cuestión.
Ya el pasado 21 de junio se llevaron a cabo los alegatos por el caso, momento en el que las defensas de Albornoz, Vásquez y Elgueta explicaron al Pleno cada una de las imputaciones, pidiendo rechazar las sanciones de Maggi.
"El tribunal ha aprobado, ha mantenido, los mismos cargos que la señora ministra formuló y la misma proposición de sanciones. Se ha acordado aplicar la sanción de cuatro meses de suspensión y abrir un cuaderno de remoción. La sentencia propiamente tal se emitirá durante el plazo de 10 días", indicó el ministro vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas.
Y precisó: "La decisión fue prácticamente unánime, y cuando digo prácticamente estoy diciendo que hay algunas diferencias un poco sutiles, por llamarlo de esa manera. Por ejemplo en algún caso no aplicar los cuatro meses de suspensión sino que dos, en algún caso no abrir los cuadernos de remoción".
Imputaciones
En el caso de Marcelo Vásquez, Maggi lo halló responsable de irregularidades por haber nombrado su hija en un cargo de su jurisdicción; haber prestado consejo al médico Luis Arenas -condenado en 2018 a una pena de dos años por suministrar recetas de psicotrópicos a una red de tráfico de estupefacientes- a sabiendas del incumplimiento de una medida cautelar, y por haber modificado, en su calidad de presidente del tribunal de alzada, la integración de una Sala de la Corte sin justificación.
En tanto a Emilio Elgueta, Maggi le atribuyó intervenir en un recurso de protección de Arenas, proporcionándole información de la causa; haberse comunicado con abogados y partes litigantes de siete causas; haber solicitado al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, designar en un cargo a su ex cónyuge y a una ex alumna; haber exigido la designación de otra alumna en un cargo en el Primer Juzgado civil de Rancagua mediante presiones; y haber requerido y aceptado la suma de $1 millón de un juez que fue sobreseído.
Por último Marcelo Albornoz es el que cuenta con menos cargos del grupo. En su caso, se le imputó el haber solicitado un préstamo de $1,5 millones a Arenas. La entrega de este dinero se concretó mientras se tramitaba una causa del facultativo y él era juez de garantía, además de ministro suplente de la Corte de Rancagua.
