SANTIAGO.- En suspenso se encuentra el uso en sede penal del informe de inteligencia sobre los ataques a estaciones de Metro registrados desde el estallido de la crisis social que entregó el Gobierno a la Fiscalía Nacional.
Y es que, por la naturaleza de la información, se exige por ley un secreto trato que solo puede variar con la luz verde de la autoridad competente.
Así lo informó el Ministerio Público, confirmando además que fue el mismo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán, el que entregó personalmente el documento bajo secreto de la Ley de Inteligencia N° 19.974 al persecutor nacional, Jorge Abbott.
Precisaron además que, más allá de si este informe cuenta con algún valor probatorio, "el secreto que lo rige imposibilita incorporarlo en cualquier investigación penal, ya sea actual o futura".
Aquello se encuentra regulado en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, donde se indica que son "secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia o de su personal".
"Esto impide, bajo cualquier aspecto, que su contenido sea incorporado en cualquier proceso de la justicia penal", añadieron.
La única posibilidad de hacer uso del informe en tribunales se daría si el director de la ANI autoriza el levantamiento del secreto, ya que la información no puede constituir ni siquiera un aporte de contexto, ya que a quien está dirigida queda por ley imposibilitado de comentarla, traspasarla, difundirla o de tomar decisiones investigativas.
Fue ayer cuando el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, le comunicó Abbott de la entrega de información que en más de una oportunidad ha emanado desde el Gobierno, pero no así de la fiscalía. Por un lado, el Mandatario aludió a intervención extranjera en los ataques al tren subterráneo, mientras que desde el Ministerio Público descartaron tener algún antecedente en dicho sentido.
