SANTIAGO.- El Pleno de la Corte Suprema comunicó hoy el fallo que rechazó la solicitud de remoción presentada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, respecto al regional de O'Higgins, Emiliano Arias.
A casi tres semanas de la decisión, el máximo tribunal señaló, entre otras cosas, que varios de los hechos por los que se pidió la salida del persecutor, quien estuvo suspendido por cerca de ocho meses, ya habían sido objeto de investigación administrativa, estando dichas indagatorias concluidas, ya sea con sanciones o sobreseimientos.
En cuanto al argumento que criticaba la ausencia de Arias en los consejos ordinarios, la Suprema indicó que, de acuerdo a la prueba rendida, "se advierte que el requerido puso en antecedentes de quien correspondía los motivos de sus ausencias, disponiendo que lo representara quien correspondía".
"El cúmulo de antecedentes esgrimidos en la solicitud efectuada por el Fiscal Nacional, de conformidad con lo que se ha referido en las consideraciones que preceden, no han tenido la entidad suficiente para acreditar que los hechos que fundamentaron las causales esgrimidas, sean de tal envergadura que su reproche merezca imponer su exoneración del Ministerio Público", dice el fallo de 51 páginas.
Recalcan además que la remoción solo resulta aplicable "para aquellos casos en que las causales sean gravísimas y tratándose de faltas de menor gravedad, aunque también fueren manifiestas, la reparación debe buscarse por la vía administrativa o de derecho común, haciendo efectivas las responsabilidades civiles y penales nacidas de actos u omisiones atribuibles a dolo o negligencia".
La decisión fue adoptada por 11 votos contra tres. En la mayoría estuvieron los ministros Guillermo Silva, Haroldo Brito, Carlos Künsmüller, Rosa Egnem, Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Ángela Vivanco, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Juan Manuel Muñoz y Jorge Zepeda, mientras que en la minoría las ministras Rosa María Maggi, María Eugenia Sandoval y el ministro Arturo Prado.
La permanencia de Arias
El caso de Arias partió luego que en abril del año pasado el persecutor adjunto de Rancagua, Sergio Moya, acusara una serie de irregularidades.
Abbott ordenó la apertura de una investigación interna, la que terminó por confirmar algunas situaciones. El nacional decidió imponerle a Arias la máxima sanción contemplada para un miembro del ente persecutor, consistente en la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo de dos meses con un goce de media remuneración.
Así también, solicitó a la Suprema iniciar el proceso de remoción por 12 cargos, entre ellos la reiteración de conductas alejadas de la normativa institucional y la filtración de información confidencial.
Arias, por su parte, las negó todas. Presentó sus descargos y aseguró, dentro de otros argumentos, que los persecutores regionales no tienen responsabilidades políticas.
Ya el 3 de febrero, el regional volvió a las dependencias de la fiscalía de O'Higgins, mantieniendo en suspenso su permanencia, ya que no descartó una eventual renuncia.
Penalmente, Arias también está siendo investigado. En septiembre fue formalizado por delito informático y violación de secreto, convirtiéndose en el primer regional en ser objeto de una imputación de cargos.
