VALPARAÍSO.- El general director de Carabineros, Mario Rozas, aseguró que los funcionarios que son sindicados como los autores de las agresiones que sufrieron Gustavo Gatica y Fabiola Campillay -quienes perdieron la visión al recibir perdigones y una bomba lacrimógena, respectivamente- continúan ejerciendo labores policiales y que los antecedentes de lo ocurrido están en manos del Ministerio Público.
"Somos los más interesados, estos casos que son muy emblemáticos se han entregado (los nombres) y están en poder del Ministerio Público. Cada vez que el Ministerio Público nos ha solicitado, en forma muy rápida hemos entregado toda la información. Lamentablemente hay algunas situaciones en las que desconocemos lugares, horarios, situaciones, pero no obstante eso hemos entregado todos los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie la investigación penal", resaltó.
Consultado sobre si mientras se realiza la investigación estos funcionarios continúan trabajando, la autoridad policial respondió "pero por supuesto que están trabajando. Porque todavía no hay ninguna acusación, por lo tanto seguiremos aportando y colaborando con el Ministerio Público".
Asimismo se refirió a la agresión que sufrió un adulto mayor tras ser detenido por uniformados, algo que fue catalogado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, como "uso excesivo de la fuerza", por lo que el general advirtió que el hecho tiene "dos ribetes".
Tras participar de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y al ser consultado por la prensa sobre si coincide con el análisis del sectario de Estado, señaló que "los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público. Hubo una acción legal y también hubo una acción ilegitima que fue el aparente uso excesivo de la fuerza y el Ministerio Público tendrá que resolver y actuará en consecuencia de acuerdo con los antecedentes que le hemos hecho llegar".
El general agregó que "todas nuestras actuaciones han sido dentro del ámbito legal y reglamentario, hemos tenido una cantidad infinita de graves alteraciones del orden público. Estas alteraciones se han registrado con una violencia inusitada, por lo tanto, cada vez que hemos tenido noticias de algún abuso o algún exceso, somos los primeros en denunciar todos estos antecedentes. En este caso se produce una agresión. ¿Hay algo más indigno que atacar a alguien a alguien por la espalda y esculpirlo?".
E insistió en que "ese fue un acto legal, ahora ilegítimamente fue agredida esa persona, por lo tanto, esta situación de esta persona tiene dos ribetes, tiene dos aristas y que está en conocimiento del Ministerio Público: el parte por la detención y luego la ampliación con los antecedentes".
Blumel: "Debido proceso"
En tanto, el ministro Blumel -que también acudió a la comisión- indicó respecto a los casos de Campillay y Gatica que "las responsabilidades penales las determina la justicia, hay una investigación en la Fiscalía, se han entregado todos los antecedentes de los funcionarios involucrados y son la instituciones las que van a establecer concretamente quiénes fueron los responsables".
"Hay un derecho fundamental que es el debido proceso, por ejemplo, en el caso de Puente Alto cuando se conocieron esos graves e inaceptables abusos que se cometieron contra un joven, esos hechos fueron conocidos por un video donde se detectaron graves faltas a los procedimientos y abusos policiales inaceptables, y dada la disponibilidad de información se tomó una decisión bastante rápida de apartar y dar de baja a esos funcionarios. Yo quiero ser muy claro, el compromisorio es total de tomar todas las acciones que correspondan para asegurar justicia y para asegurar que estos hechos no se repitan", apuntó el titular de Interior.
Según detalló Blumel son cerca de 12 los funcionarios que están siendo investigados por ambos casos.
