SANTIAGO.- El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) manifestó su "desconcierto y malestar" por la postura del Ministerio de Educación frente a las alternativas que la entidad ha propuesto para solucionar la "difícil situación financiera" que enfrentan esos planteles en medio de la pandemia.
Según el CRUCh, el impacto en sus 30 universidades, "sólo en términos de déficit financiero, superará los $146 mil millones". La entidad dio a conocer ese dato en una primera sesión de la Comisión de Educación del Senado donde se analizó la situación, oportunidad en que también propuso seis medidas que permitirían enfrentar esa crisis.
Estas son: hacer uso efectivo de los recursos excedentes del Fondo Solidario del Crédito Universitario; crear un fondo de emergencia para las instituciones de educación superior, a través de una línea de crédito de bajo costo o con garantía estatal o un fondo especial de apoyo a las universidades del CRUCh; efectuar un nuevo proceso de postulación a ayudas estudiantiles; derogar el artículo 108 de la Ley 21.091 sobre pérdida de la gratuidad; condonar el reintegro de recursos de becas; y flexibilizar el uso de los recursos asociados a proyectos ya aprobados por el Mineduc para adaptarse a los requerimientos actuales.
Sin embargo –según señala el CRUCh en una declaración–, "llama la atención que la postura del ministerio, en la segunda sesión de la Comisión, no reflejara un análisis en profundidad de las propuestas del CRUCh, ni abriera espacios para discutir los antecedentes de base o para buscar soluciones conjuntas".
Uso de los excedentes del Fondo Solidario
Afirma que "uno de los aspectos más preocupantes" es la propuesta del ministerio acerca del uso de los recursos excedentes del Fondo Solidario, que señala que las universidades del CRUCh podrían tener acceso a los excedentes del año 2019, "pero en la medida que también puedan entregar la parte remanente de esos excedentes a un fondo solidario común, y que ese fondo esté disponible para todas las instituciones de educación superior que lo requieran, a través de créditos blandos otorgados en condiciones favorables'".
Al respecto, el CRUCh hace ver que en los últimos dos años ha solicitado hacer uso de los recursos excedentes del FSCU para enfrentar el déficit en esas instituciones por la política de gratuidad, pero que "sin embargo, en el 2018, en la discusión de la Ley de Presupuesto 2019, el Ejecutivo, a través del Tribunal Constitucional, negó esta posibilidad, aun cuando el Congreso la había aprobado" y "posteriormente, en 2019, aunque se logró establecer el uso de un 30% de estos recursos, el Mineduc restringió esa posibilidad solo a los recursos recuperados el 2019".
"Más aún, ante el requerimiento de reconsiderar esta postura, el Mineduc señaló en reiteradas oportunidades la complejidad jurídica que aquello significaba, lo que contrasta significativamente con el planteamiento actual que sostiene que no se requeriría de una reforma legal mayor. En consecuencia, cabe preguntarse por la voluntad del Ejecutivo para permitir que las instituciones del CRUCh puedan efectivamente usar estos recursos", cuestiona el Consejo.
En la visión de los rectores, "los excedentes de los Fondos Solidario son patrimonio de las Universidades, en cuanto éstas han aportado e invertido en ellos durante años y la ley las mandata para el cuidado de este patrimonio", por lo que consideran "absolutamente legítima la solicitud que sean nuestras universidades las que puedan hacer uso de estos excedentes, los que se utilizarían como apoyo complementario para nuestros estudiantes y ayudarían a enfrentar la situación de déficit generado en las instituciones".
La entidad también cuestiona "el rechazo a la solicitud de no considerar el año 2020 en la duración nominal de la carrera para estudiantes beneficiarios de gratuidad", así como "la negativa a abrir un nuevo proceso a postulación de ayudas estudiantiles a través del FUAS, dado que la situación de muchas familias ha cambiado desfavorablemente producto de la emergencia sanitaria". En su opinión, ambas decisiones "revelan una postura que dista del apoyo que la educación pública requiere del Estado en un momento tan crucial para la sociedad chilena".
Ante esto, el Consejo hace "un llamado a las autoridades pertinentes para abrir instancias de diálogo y avanzar en la búsqueda de soluciones".
