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Oposición insiste en legislar ley de ingresos de emergencia la próxima semana y profundizar luego en reactivación

En medio de las negociaciones, los timoneles del bloque apuntan a "concordar los títulos generales que comprenderá el acuerdo marco de reactivación y posteriormente sus detalles". Fijan como piso destinar al menos US$12 mil millones para la emergencia.

12 de Junio de 2020 | 16:31 | Redactado por María Cristina Romero, Emol

En la imagen los presidentes del PS, Álvaro Elizalde, del PPD, Heraldo Muñoz y del PR, Carlos Maldonado.

El Mercurio/ Archivo.
En medio de las negociaciones por un plan de emergencia, los partidos de oposición insistieron este viernes en legislar sobre una nueva ley de ingresos de emergencia a inicios de la próxima semana, así como concordar un marco de fiscal y de reactivación en que se puede profundizar en la semanas venideras.

Bajo el título, "Lo urgente primero", los presidentes de los partidos de oposición, Heraldo Muñoz (PPD), Álvaro Elizalde (PS), Carlos Maldonado (PR), Fuad Chahín (DC), Catalina Pérez (RD) y Luis Felipe Ramos (Partido Liberal), señalan al Gobierno que de mantenerse la actual situación, las medidas de cuarentena no serán efectivas, sino se aseguran las necesidades básicas de las familias.

En ese contexto, reiteraron su idea de que "una nueva ley de ingresos de emergencia debe aprobarse a inicios dela próxima semana. Llamamos a legislar de inmediato sobre Ingreso Básico de Emergencia (IBE), y concordar un marco fiscal y de reactivación que pueda ser profundizado en las semanas venideras (...) No podemos hacer esperar más a las familias que, por no tener ingresos, exponen su vida y la de sus vecinos al covid".

Idea que choca con las pretensiones del Gobierno, cuyas autoridades han reiterado que el asegurar la protección de las familias y la reactivación económica son medidas que deben ir de la mano, por lo cual no se podría separar un plan de emergencia.

Ingreso básico de emergencia

Entre las propuestas del bloque está el establecer un ingreso básico de emergencia (IBE), cuyo costo aseguran que "no tiene una incidencia demasiado significativa en el marco fiscal y las políticas de reactivación, por lo que se le puede separar de esas decisiones".

La idea es que este beneficio llegue a "todos aquellos hogares cuyos ingresos no alcancen a la línea de pobreza, aportándoles lo que requieren para llegar a ella sin discriminación alguna, esto es: igualdad de apoyo frente a iguales condiciones de vulnerabilidad, independiente de la fuente de ingresos previa a la pandemia".

Además, indican que "el criterio de elegibilidad es el nivel de ingreso del hogar para aquellos que pertenecen al 80% más pobre según criterios ISE y que estén inscritos en el RSH". Este ingreso será recibido por todas las familias que califiquen en los meses de junio, julio y agosto, tras lo cual "se verá la necesidad de prorrogar su vigencia o iniciar gradualmente la disminución de su entrega para transitar hacia la reinserción laboral".

El ingreso de emergencia se depositará en la Cuenta RUT de algún miembro(beneficiario) de la familia que corresponda, preferentemente de la mujer del hogar. También se aborda la posibilidad de normar que el BancoEstado abra automáticamente cuentas RUT para quienes no la tengan.

"Proponemos además que se complementen los ingresos de las municipalidades para que puedan asumir adecuadamente las tareas que se le han asignado para controlar la pandemia. También que la ley de Protección del Empleo rija mientras dure la pandemia y acelerar la promulgación de la 'Ley Corta que modifica la Ley Nº21.227 sobre protección al empleo' en materia de fuero maternal", sostuvieron.

Reactivación y empleo

Con ello, la oposición propone "concordar los títulos generales que comprenderá el acuerdo marco de reactivación y, posteriormente sus detalles".

En ese contexto, creen que es "necesario postergar el inicio de la necesaria consolidación fiscal que seguirá a este esfuerzo, hasta el año 2022. La reactivación de la economía, además, será diferenciada, en función de la duración de la pandemia y la diversidad de situaciones sanitarias por región.Coexistirán, por tanto, a lo largo del país situaciones de reapertura gradual y progresiva con otras más representativas de un escenario post-pandemia. Estrictos protocolos sanitarios serán necesarios hasta no contar con la vacuna", señalan.

Además, plantean la necesidad de un apoyo estatal en financiamiento y asistencia técnica para dotar a las pymes de protocolos sanitarios y asegurar la sobrevivencia de la mayor cantidad posible; medidas para una reactivación sustentable y un apoyo a la liquidez de las grandes empresas, asegurando "criterios de transparencia, probidad y estricta condicionalidad en retención de utilidades", entre otros.

"Las empresas deberán ceder, temporalmente, acciones y proveer al estado de adecuados colaterales a fin de cautelar el patrimonio público", dicen.

Marco fiscal

Por otra parte, los presidentes de partidos señalan que la propuesta de marco fiscal realizada por el ministro Ignacio Briones "es insuficiente", enfatizando que "nos parece imprescindible destinar al menos US$12 mil millones para enfrentar la emergencia", cuidando de paso que los fondos "no provengan de meras subejecuciones del presupuesto regular, a fin de mantener el necesario impulso fiscal".

"Si bien consideramos apropiada la idea un fondo extra presupuestario para garantizar flexibilidad y oportunidad de los gastos, su gobernanza debe ser cuidadosamente definida en línea con las ideas que proponemos más abajo", aclaran.

A su juicio, "el Presupuesto del 2020 debe crecer entre 12 y 16% respecto del presupuesto originalmente aprobado, para atender adecuadamente las necesidades de la pandemia. Este, a la vez, debe mantener en 2021 el déficit estructural proyectado para 2020, calculado éste como la suma de la ejecución del fondo covid por al menos US$ 4000 millones y la ejecución del Presupuesto actualizado a junio con, a lo más, una subejecución de US$ 2000 millones. Subejecuciones mayores deben ser reasignadas a otros gastos de corto plazo o, alternativamente, sumadas al Presupuesto del próximo año (por encima de la propuesta)".

Finalmente, los dirigentes proponen "la creación de un observatorio de ejecución fiscal durante la pandemia, compuesto por representantes no gubernamentales designados mediante una fórmula a convenir que, provistos de la información oportuna de ejecución de las diferentes partidas, pueda garantizar a la ciudadanía la adecuada consecución de los objetivos perseguidos por este acuerdo".
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