Tras casi cuatro horas de audiencia, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Jaime Brito, ex funcionario de la Corporación Desarrollo Social de Providencia que fue formalizado por 11 hechos constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos y administración pública diferente.
Ello, en el marco de la indagatoria que sigue la fiscalía metropolitana Oriente por el presunto mal uso de fondos municipales, durante la administración de la ex alcaldesa Josefa Errázuriz.
Según el Ministerio Público, hasta el momento se ha acreditado la malversación de $1.600 millones, los cuales eran parte de los fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) en cajas de regalos, vinos de honor, sueldos y cotizaciones.
Sin embargo, indicó el ente persecutor en audiencia, aún falta por aclarar el destino de otros
casi $2 mil millones.
Además de Brito, los persecutores Felipe Sepúlveda y María Gloria Vásquez formalizaron al ex director de Educación Mariano Rosenzvaig Hernández, quien escuchó los cargos de manera remota y desde el extranjero, razón por la que no se le pudo aplicar una medida cautelar.
En tanto, el tercer indagado, el ex secretario general de la Corporación, Eliseo Martínez Ramírez, no fue formalizado por razones de salud y falta de señal, según argumentó su defensa. Su imputación de cargos quedó para octubre.
El caso
De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, los delitos se habrían cometido entre el 29 de noviembre de 2014 y 25 de febrero de 2016, fecha en que estaba a cargo de la alcaldía Josefa Errázuriz.
La indagatoria se originó tras la denuncia presentada por la actual alcaldesa Evelyn Matthei, a las pocas semanas de haber asumido su cargo. Fue el 3 de febrero de 2017, cuando la jefa comunal acusó un presunto delito de malversación de caudales públicos en contra de los imputados.
Por su parte, el directorio de la administración señaló en ese entonces que "la municipalidad ha descubierto un severo e inédito déficit en la Corporación de Desarrollo Social,
el cual asciende hasta ahora cerca de $7.000 millones y que básicamente se debe a que, durante la administración municipal anterior, no se usaron los fondos que el Ministerio de Educación entrega anualmente para programas de mejoramiento de la enseñanza escolar pública, y que actualmente se desconoce el destino de esos fondos".
