El pago de $200 millones que el Estado debió realizar recientemente (fines de diciembre) a la familia de un detenido que en 2013 murió en el calabozo de la 2° Comisaría de Carabineros de Llay-Llay, en la Región de Valparaíso, revela que el Estado es responsable de la vida del que está bajo custodia policial, aun cuando la causa oficial de muerte sea el suicidio. El fallo fue dictado por la Corte de Valparaíso, que confirmó lo resuelto por el 3° Juzgado Civil de esa ciudad que acogió la demanda de indemnización interpuesta por la viuda, hijos y madre del trabajador minero Luis Beiza. Este fue objeto de un control de identidad por cuatro uniformados de esa unidad y acusado de microtráfico en un procedimiento irregular, como acreditaron el sumario administrativo de Carabineros y la Fiscalía Militar de Aconcagua. "Se inventó una llamada telefónica (que lo denunciaba de vender droga), se falseó el libro de registros en cuanto a la hora de ingreso del detenido y no se le asignó un vigilante, lo que concadenó en la muerte de Luis Beiza", dice la sentencia.
