Varios de los proyectos se originan tras la muerte de dos niños que estuvieron involucrados en encerronas en Maipú y Huechuraba.
Captura de pantalla
El proyecto de
ley "Juan Barrios", la ley corta de control de armas y la que apunta al crimen organizado y narcotráfico, fueron las iniciativas del Ejecutivo que durante la semana pasada tuvieron un significativo avance en el Congreso, pero ante nuevos los delitos de alta connotación social que se han registrado en los últimos días, los diputados presentaron en paralelo otros proyectos que apuntan a la seguridad.
De hecho, el mismo día en que el Gobierno anunció la presentación de un propuesta para aumentar las penas para quienes cometan
delitos contra niños, mayores de 60 años o con discapacidad, un grupo de diputados de distintos partidos ingresaron a la Cámara uno en el mismo tenor. Ambos originados tras a muerte de Tamara e Itan, quienes murieron luego de que los vehículos en que viajaban estuvieran involucrados en encerronas.
"El autor del delito contra un niño tiene que ser castigado con una pena mayor que aquella que le corresponda por atentar contra un adulto; no porque la vida de éstos tenga menor valor respecto de aquellos, sino por la situación de vulnerabilidad ya descrita", dijo el legislador de la DC,
Víctor Torres, impulsor de la iniciativa.
El texto busca modificar la legislación vigente, aumentando las penas respectivas cuando los delitos que se cometan sean contra niñas o niños y contó con la firma de los falangistas
Matías Walker, Gabriel Silber además de Camila Vallejo (PC), Pamela Jiles (PH), Leo Soto (PS), Marcos Ilabaca (PS), René Saffirio (ind) y Gonzalo Fuenzalida (RN)."Más justicia"
Igual de transversal fue la presentación de la agenda de seguridad titulada "Más Justicia" en donde se reúnen cuatro proyectos contra la delincuencia y formados por los socialistas Marcos Ilabaca y Raúl Leiva (presidente comisión de Seguridad), Andrea Parra del PPD, y los RN Gonzalo Fuenzalida y Pablo Prieto, todos ellos liderados por el también RN, Andrés Longton.
"El primero dice relación con subir las penas a los homicidios simples, porque no puede ser que en nuestro país los delitos contra la propiedad tengan mayor penalidad que los delitos contra la vida. Por otro lado, estableceremos mayores requisitos para que aquellos delincuentes peligrosos que están privados de libertad no la recuperen y estableceremos un grado mayor de establecimiento de pena para quienes cometan homicidios, antes de siquiera poder optar a un beneficio", explicó el diputado Longton.
Mientras que el cuarto proyecto busca eliminar la participación de los ministros de Corte en las comisiones de Libertad Condicional, permitiendo así que estas instancias sean integradas por jueces de un mismo rango, evitando así "posibles presiones".
Sin beneficios
También desde el oficialismo, la diputada Erika Olivera (ind-RN) presentó un proyecto que apunta a que quienes cometan delitos contra niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores no puedan acceder a beneficios carcelarios.
La iniciativa que cuenta con el apoyo de las legisladoras Carolina Marzán (PPD), las RN Ximena Ossandón y Francesca Muñoz, señala que "en ningún caso" los condenados por la muerte de estas personas podrán postular a un beneficio.
"La evidencia a nivel internacional y en nuestro país dice que aumentar las penas no es disuasivo para quien es capaz de cometer un crimen atroz como lo es quitarle la vida a un ser que no se puede defender (...) es por ello que es necesario sacar de la calle y mantenerlos fuera de ellas a estas personas", declaró Olivera.
Patrimonio de narcotraficantes
En tanto la diputada Maite Orsini (RD) presentó junto a Marcelo Díaz, (Unir) Marisela Santibáñez (PS), Andrea Parra (PPD) Miguel Ángel Calisto (DC) y los RD, Jorge Brito, Catalina Pére y Miguel Crispi, un proyecto que apunta al patrimonio de los narcotraficantes.
"Cuando fuera imposible decomisar los bienes indicados en los incisos anteriores, el comiso podrá recaer en otros bienes o en dinero del cual el imputado sea propietario, siempre que sean de un valor equivalente, dice el proyecto que también apunta al comiso con condena, que establece que "el juez deberá decretar el comiso regulado en el artículo anterior aún en caso de que el imputado sea absuelto o sobreseído siempre que se establezca que los bienes provienen de, o fueron utilizados para realizar, un hecho ilícito penado por esta ley".
Asimismo se señala "la imposición del comiso del artículo 45 faculta al juez para decretar el comiso de activos que excedan el valor de las utilidades generadas a través de los delitos considerados por esta ley, siempre que tengan un vínculo con la actividad ilícita que se hubiere penado".
