SANTIAGO.- Los inmigrantes que ingresan al país de manera clandestina quedan en riesgo de ser expulsados en caso de que se detecte su situación irregular. En Chile no figuran en los registros públicos y no pueden acceder a cosas tan básicas como un documento de identificación válido. Pero existe un peldaño más abajo: Quienes han sido expulsados por la autoridad, por un decreto administrativo, pero siguen viviendo en el país ya que la ejecución de esa expulsión continúa pendiente.
Según un estudio del Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) –apoyado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, en base a registros oficiales del Ministerio del Interior–, entre los años 2010 y 2019 en Chile se decretaron 20.535 órdenes de expulsión administrativa que no fueron ejecutadas.
De acuerdo al informe, esa situación afecta en mayor medida a personas provenientes de Bolivia (6.892), Colombia (3.718) y República Dominicana (3.425). También a los inmigrantes de Venezuela (2.007), Cuba (1.929), Perú (1.292) y, en menor proporción, Haití (171).
Debido a ese hecho, se estima que actualmente hay en Chile cerca de 10 mil personas que viven como "expulsados residentes".
"Vivir con un decreto de expulsión a cuestas supone para las personas estar totalmente excluidas no solo de la esfera pública y de los derechos, sino también de parte importante de los servicios que proveen privados", comenta Eduardo Thayer, investigador y académico de la UCSH.
Un "verdadero limbo": Una vez expulsadas, no pueden irse solas
El ex director de Extranjería, Rodrigo Sandoval, comenta que estar en esa situación "significa la precariedad más absoluta", pues las personas "están en un verdadero limbo administrativo". "Una persona que está en esa situación, para empezar, no puede identificarse, no tiene carnet de identidad, y todos sabemos en Chile que todo lo que hacemos en nuestra vida civil está condicionada a nuestra cédula de identidad (...) Si una persona está con decreto de expulsión, no tienen capacidad de competir en el mercado laboral, entonces terminan cobrando menos", señala, en entrevista con EmolTV.
Pero no solo eso, sino que –explica– "son personas que ni aun quisieran pueden irse del país", ya que al estar con una medida de expulsión pendiente "están amarradas al país". Esto debido a que "una vez que se decreta una orden de expulsión, esa persona no se puede ir por su propia voluntad; la única forma en la cual se puede ir es acompañada de dos efectivos de la policía, que lo llevan en un avión o lo dejan en la frontera".
"Y, por lo tanto, se va generando una especie de bolsón o de limbo administrativo, porque son personas que sigue residiendo en el país, pero que no cuentan con ninguna posibilidad de acceder a regularidad migratoria, lo que les permitiría hacer una vida normal. Y el gran problema es que esas personas siguen haciendo una vida normal, van a trabajar, van tener familia y, por lo tanto, van a empezar a contagiar esa condición de irregularidad a otros individuos", apunta el también director de la Clínica Jurídica de la Universidad Central.
"No existe ni la capacidad operativa de la PDI para encontrarlos, cuando no están habidos, ni tampoco la capacidad financiera de poder pagar un pasaje en avión para poder llevárselos a destinos cuando no son fronterizos"
Rodrigo Sandoval, ex director de Extranjería
Respecto de la gran cantidad de personas que están en esa situación, afirma que "no existe ni la capacidad operativa de la PDI para encontrarlos, cuando no están habidos, ni tampoco la capacidad financiera de poder pagar un pasaje en avión para poder llevárselos a destinos cuando no son fronterizos".
En su opinión, esto se debe al "excesivo formalismo" que tiene la legislación. "Tenemos una ley que dispone que determinadas personas van a ser expulsadas en un determinado plazo y en determinadas condiciones, cuando nos damos cuenta que en la realidad no existe ni la capacidad operativa ni tampoco tiene mucha razonabilidad que uno expulse a todas aquellas personas", señala.
También cuestiona la "rigidez" de los supuestos de expulsión y afirma que "si no se generan alternativas de regularidad ex post –que existen en países de Europa–, finalmente termino inventándome el problema, porque realidades migratorias que son absolutamente asimilables por el sistema, las meto en el bolsón de la expulsión y, por lo tanto, voy aumentando esta presión por las expulsiones, que no se condice con la necesidad práctica".
Extranjería: Muchos "pusieron recursos de amparo para evitar expulsión"
Una mirada diferente tiene Álvaro Bellolio, el actual jefe de Extranjería y Migraciones, quien afirma que "gran parte de estas expulsiones (que no fueron ejecutadas) fueron ellos quienes pusieron recursos de amparo para evitar la expulsión". "(Hay) un número importante de personas que han sido condenadas por narcotráfico, que no se pudo materializar la expulsión, por estos recursos", señala.
Junto a eso, también menciona la "capacidad" que existe para poder concretar esos decretos. "En el procedimiento anterior tú tenías que notificar, esperar un procedimiento y otro, y hay mucha gente que, al momento de la notificación, cambió de domicilio, cambió de dirección, e identificar a toda esta gente es complejo, hay que pensar que hay un millón y medio de extranjeros en Chile", apunta Bellolio, en entrevista con EmolTV.
"Gran parte de estas expulsiones (que no fueron ejecutadas) fueron ellos quienes pusieron recursos de amparo para evitar la expulsión (...) (Hay) un número importante de personas que han sido condenadas por narcotráfico, que no se pudo materializar la expulsión, por estos recursos"
Álvaro Bellolio, jefe de Extranjería y Migraciones
Explica que quienes se encuentran en la situación de expulsados y continúan en Chile "pueden salir del país solicitando una autorización, pero justamente están a la espera de que la PDI materialice la expulsión y los devuelva a su país de origen". "La PDI, quien por ley tiene la normativa, en algún momento va a subir a estas personas y las va a devolver a su país de origen", afirma.
Detalla que, en general, se expulsa mil a dos mil personas por año, y dice que "si hay que aumentar la capacidad, se tendrá que hacer".
De todas formas, defiende que haya un incentivo para que "los migrantes entiendan que a Chile se viene con visa y con rut, y que si tú entraste clandestinamente va a ser muy difícil la inserción; (en vez de) la otra lógica de que deberíamos dejar la puerta abierta para que entren 500 mil personas todos los años como turistas para quedar irregulares sin cédula de identidad". "Los recursos no son infinitos, entonces uno tiene que hacer un procedimiento que sea razonable y responsable", concluye.
