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Sofía Correa Sutil: "Ninguna Constitución puede hacerse cargo de resolver las heridas del pasado"

La académica evalúa con severidad estos primeros tres meses de Convención. Acusa un intento “totalitario” en la fórmula del negacionismo y, frente al debate sobre plurinacionalidad, se pregunta: "¿Hemos dejado de ser un Estado-nación?".

15 de Octubre de 2021 | 07:50 | Por Álvaro Valenzuela Mangini, Crónica Constitucional
El Mercurio
No esconde su visión crítica. Aunque la historiadora Sofía Correa Sutil ha defendido con convicción la necesidad de un cambio constitucional, no deja de cuestionar la idea de haber encargado esa tarea a una Convención paralela al Congreso. Si así lo planteaba en los agitados días post 18 de octubre de 2019, lo que ha visto en estos meses no la ha hecho cambiar de opinión. Diríase que más bien al revés.

Formada en la Universidad Católica y en Oxford, el nombre de Sofía Correa es hoy parte del patrimonio de Pío Nono. A cargo de la cátedra de Historia Institucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ha sido una observadora aguda del debate nacional y también del que se desarrolla en torno a las mismas aulas en que estudió el hoy candidato Gabriel Boric —quien fue ayudante suyo— y donde empezaron a adquirir forma movimientos que hoy juegan un papel protagónico en el proceso constitucional.

Usted ya en 2019 se mostraba crítica de un proceso constitucional al margen del Congreso. Transcurridos más de tres meses de Convención, ¿se han despejado o confirmado sus aprensiones?

—En 2013 se comenzó a exigir en el espacio político la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuestión de la que fui muy crítica. Desde entonces estoy argumentando, en diversos artículos académicos y en seminarios que el cambio constitucional, necesario por cierto, debía ser realizado por el Congreso Nacional. Cuando en 2015 se puso término al sistema binominal, que introducía distorsiones en la representación, argumenté que el Congreso electo en 2017, indubitablemente representativo, debía ser un Congreso constituyente, y que la campaña electoral se debía plantear en esos términos. Es que el Congreso Nacional no solo posee la potestad constituyente, sino que además es la institución que garantiza la vigencia de la democracia liberal representativa, y no debe ser debilitado.

"Sin embargo, lo peculiar es que, por primera vez en la historia de Chile, el Congreso Nacional ha renunciado a su potestad constituyente, y la ha entregado a otros. Se lo había excluido de los procesos constituyentes del siglo XX, es cierto; tanto en 1925 como en 1980, la redacción de la nueva Constitución se llevó a cabo con el Congreso Nacional clausurado por las fuerzas militares. Pero nunca antes había ocurrido una renuncia del Congreso Nacional a ejercer su potestad constituyente, la que evidencia una alarmante debilidad, que se ha visto profundizada en la medida en que la Convención ha buscado permanentemente sobrepasarlo".

"En los tres meses que lleva funcionando la Convención, mis aprensiones están muy lejos de haberse despejado".

Según su visión, los procesos constitucionales más exitosos llevados a cabo en Chile y que han significado una ampliación de las libertades, se han impulsado como reformas y no a partir de “hojas en blanco”. ¿Por qué ocurre así? ¿Cuál es el riesgo que introduce la idea de partir virtualmente de cero?

—La única "hoja en blanco" que se conoce en Chile son las terribles disposiciones transitorias de la Constitución de 1980 que rigieron hasta marzo de 1990. Plantear una “hoja en blanco” significa desconocer la tradición constitucional chilena, que ha permitido asegurar la separación de poderes y su fiscalización, definir la nacionalidad y la ciudadanía, consagrar derechos y libertades, etc. Una "hoja en blanco" implicaría poner en entredicho nuestra tradición constitucional que ha sido el pilar de la democracia liberal representativa de Chile.

Las dos innovaciones de esta Convención, que la hacen diferente del Congreso, son la paridad y la existencia de escaños reservados. ¿Qué juicio tiene de su funcionamiento? ¿Han enriquecido la representatividad?

—La democracia liberal representativa, que es la única fórmula política que garantiza la representación de la diversidad nacional, el pluralismo y las libertades públicas, se sostiene sobre la noción de "una persona, un voto". De allí la constante ampliación del universo electoral, para cubrir cada vez una mayor pluralidad de personas ejerciendo sus derechos electorales.

"El haber introducido escaños reservados abre la compuerta de la representación funcional o sectorial. Eso quiere decir que un puñado de grupos, integrados por sectores homogéneos con intereses específicos, tengan asientos reservados en las Cámaras, desde donde impulsan sus demandas. Podremos saber dónde comienza la representación funcional o sectorial, pero no cómo termina, pues la presión por acceder a escaños reservados por parte de disímiles sectores se extiende como mancha de aceite. Adicionalmente, la introducción de escaños reservados en la Convención permitió que se propagara la idea de que no somos todos, en igualdad de condiciones, una misma comunidad nacional, sino que seríamos una sumatoria de grupos, ‘pueblos’, intransigentes, cerrados a la negociación y el acuerdo, mecanismos indispensables para hacer política en una sociedad compleja y diversa".

"En cuanto a la paridad, a mi juicio era completamente innecesario ese extraño mecanismo utilizado para la conversión de votos en escaños, el cual en no pocas ocasiones perjudicó a mujeres con votación suficiente para ser elegidas. Hubiese sido suficientemente justa la paridad en las candidaturas".

Respecto del tema particular de los pueblos originarios, se ha instalado la idea de que este proceso, por el rol preponderante que están jugando, tendrá un cierto sentido de reparación histórica. ¿Es la Constitución el espacio para esa reparación?

—Es que la historia no se repara. No se puede volver al pasado para vivirlo de otra forma. Lo que puede hacerse desde el presente es conocer el pasado, percibir sus complejidades, sus luces y sombras, interpretarlo, interrogarlo desde la experiencia del presente, para desde allí aspirar a construir un futuro que, a la vez que diferente, traiga consigo al pasado ya vivido, sin negarlo, ni idealizarlo, ni abjurarlo.
"Por cierto, ninguna Constitución puede hacerse cargo de resolver las heridas del pasado, esa no es tarea de las normas jurídicas, sino más bien de la prevalencia de una cultura de apertura, de diálogo y de entendimiento".

A la luz de los debates de estos tres meses, la plurinacionalidad será un concepto presente sí o sí en la futura Carta. ¿Tiene fundamento en nuestra experiencia histórica? ¿Es Chile efectivamente un país compuesto por naciones distintas?

—El Estado-nación es relativamente reciente en la historia. En el caso de la América española tiene escasos 200 años. Antes conformábamos una pluralidad de pueblos, o de naciones, dicho en un lenguaje más moderno, dentro del Imperio español. ¿Hemos dejado de ser un Estado-nación? Si Chile está compuesto por diversas naciones como algunos, solo algunos, postulan, dando por fenecida a la nación chilena, ¿cuál sería la entidad que pudiera contenerlas, no siendo ya posible la idea imperial?

La historia ha sido una protagonista de los debates, en que ha habido un verdadero juicio —en general, extremadamente negativo— a nuestra trayectoria republicana. Por otra parte, se ha aprobado en el reglamento de ética la figura del negacionismo respecto de acontecimientos históricos ("genocidio cultural"), del pasado reciente (violaciones a los derechos humanos en dictadura) y de hechos aún en investigación (atropellos en el contexto del estallido). ¿Qué percibe en esas aproximaciones de nuestros convencionales a las cuestiones históricas? ¿Qué nos dicen?

—La nación chilena, nuestra historia republicana, ha tenido extraordinarios logros, de los que me siento orgullosa.

"El negacionismo aprobado en el reglamento de la Convención constituye un intento de imponer, y no solo en la Convención, una determinada visión de la historia. Se ha intentado clausurar el debate historiográfico, lo que es gravísimo, anulando de ese modo a la historia como disciplina, como modo de reflexión, como interpretación de nuestra sociedad. Con la aprobación del negacionismo se ha buscado suprimir la libertad de pensamiento y de expresión. Es un intento totalitario, solo visto en los más duros regímenes comunistas y fascistas".

El reglamento general, a su vez, establece un conjunto de principios rectores y señala que serán "las bases democráticas y legítimas del proceso constituyente". Van desde la interculturalidad hasta el enfoque de género, el respeto a la naturaleza o el enfoque de cuidados. ¿Tiene relevancia esa enumeración? ¿Cómo podría traducirse en el trabajo de la Convención y en la futura Carta?

—¡Qué influyente ha sido la Constitución del 80! Ninguna otra en nuestra historia había establecido las bases de la institucionalidad, y se quiere replicar ese camino. La Convención debería concentrarse en abordar los puntos neurálgicos de cualquier diseño constitucional, por de pronto, respecto al régimen de gobierno.

¿Qué le parece la decisión de iniciar el trabajo “de fondo” de la Convención el 18 de octubre?

—Si no es una coincidencia de calendario, y se quiere remontar el proceso constituyente al incendio simultáneo de casi todas las estaciones del metro y también de otros espacios ciudadanos, incluida la quema de iglesias, me parece preocupante. Porque implica enraizar la discusión constitucional en un acto de destrucción y no en, por ejemplo, una elección masiva como fue la del plebiscito.

Su libro sobre la derecha en el siglo XX se llama "Con las riendas del poder". ¿Cómo definiría la situación de ese sector en la Convención, donde su posibilidad de incidir es limitadísima? ¿Se trata, como dicen algunos, de la primera vez en que se queda sin esas riendas?

—"Con las riendas del poder" hace referencia a la mantención de las fuentes de poder político, económico y social por parte de la derecha chilena después de perder la elección presidencial de 1938 que instaló al Frente Popular en La Moneda, bajo un régimen presidencial con fuerte concentración de poder en el Ejecutivo. Desde esa perspectiva, habrá que observar las estrategias políticas que desplegarán las fuerzas de las derechas tras haber sufrido una remecedora derrota electoral y no poder contar con un tercio de los convencionales. Ello, no obstante, también hay que considerar que el comportamiento reciente del electorado ha sido paradojal. Sin ir más lejos, la DC pudo elegir tan solo un convencional, y al mismo tiempo triunfó en la elección de gobernador de la Región Metropolitana.

El sector que parece ejercer de pivote en esta Convención es el Frente Amplio, algunas de cuyas vertientes usted conoce bien por su experiencia como académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A la luz de ese conocimiento, ¿qué podemos esperar de un texto constitucional donde ese sector está jugando un protagonismo central?

—El Frente Amplio es un archipiélago de pequeños partidos-islas. Su actuación ha sido muy errática, y seguirá siéndolo probablemente. No tienen un norte político claro, lo que los vuelve zigzagueantes. En la Convención, un día hacen alianza con los sectores socialistas excluyendo al PC, su aliado electoral; al día siguiente se rinden ante las presiones del PC. Da la impresión que, estando formateados por el quehacer político universitario, que es un microcosmos protegido, aún no logran hacer el salto hacia las complejidades que envuelve hacer política a nivel de país.

A propósito del Frente Amplio y, a partir de su propia experiencia, ¿diría que hay en ese conglomerado convicción clara y compromiso con la democracia representativa?

—Tengo experiencia directa solo de observar a los referentes políticos universitarios, muchos de los cuales se constituyeron en partidos del FA. En ellos he percibido prácticas contradictorias. Por una parte, suelen validar sus decisiones por medio de “votaciones” a mano alzada en asambleas, donde cualquier discrepancia es muy castigada por el bullying de los más radicalizados y vociferantes. Esta práctica ocurrió por ejemplo en la toma de la Facultad de Derecho en 2009, y sucedía entonces en el campus Gómez Millas también. No obstante, por otra parte, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile siempre validan con voto en urna los paros y las tomas decididas por sus dirigentes. Si bien es una práctica más plebiscitaria que representativa, al menos se trata de consultas válidas, aunque con alta abstención.

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