Se han constituido las comisiones de la Convención Constitucional. Con 19 miembros, la comisión de Medio Ambiente; Derechos de la Naturaleza; Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, cuenta ya con más de 1.700 solicitudes de audiencias públicas, siendo una de las comisiones con mayor demanda por participación ciudadana.
Una de las dimensiones del debate de esta comisión será el modelo de desarrollo económico. En esta se analizará la Constitución Económica, discusión primordial a la hora de prospectar un nuevo modelo de crecimiento, acumulación y desarrollo económico. A diferencia de su Constitución predecesora de carácter ordoliberal, esta tiene la posibilidad de generar un nuevo marco de economía política de carácter inclusivo, justo, no mercantilizable en la provisión de derechos, sostenible y verde.
Se valora que la comisión haya tomado la decisión de priorizar la dimensión económica, porque parte importante de los sectores financieros más conservadores en lo moral y liberales en lo económico han intentado naturalizar no discutir el modelo de desarrollo. Siguen insistiendo en mantener el statu quo del modelo, poniendo la carreta delante de los bueyes; es decir, dando énfasis a la discusión sobre las instituciones económicas, autonomía de estas, límites a los instrumentos de la política fiscal, tributaria y monetaria, y mantención de los quorums supramayoritarios para mantener el desequilibrio entre la relación Estado-mercado y sociedad civil.
Por el contrario, en un marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, se requiere pensar, articular y escribir una nueva Constitución Económica, o como algunos juristas lo han señalado, un nuevo Orden Público Económico, que permita dejar nuestro aletargado modelo de crecimiento monoproductor y extractivista, con una productividad total de los factores de un -1,1 y una variación del PIB potencial estancado para 2022 en 2,6%, el cual es resultado principalmente de las trabas, cerrojos y cadenas que paradójicamente a lo prometido le ha puesto la propia Constitución Económica imperante, la de 1980.
La constitucionalización de la discusión del modelo de desarrollo debe transitar desde la comprensión de los valores y principios que hacen posible un modelo de acumulación de carácter justo y sostenible, como la igualdad de oportunidades y resultados; la solidaridad intergeneracional, la cooperación y colaboración.
Por otro lado, un nuevo modelo de crecimiento requerirá ampliar la matriz productiva con base en los territorios, esto implica impulsar que el mercado deje de monopolizar y mercantilizar la provisión de derechos sociales, que han impedido garantizar derechos, y se aboque a la creación de tejido productivo. Por otro lado, vital es terminar con la mirada ideológica de que el Estado es un mal emprendedor. Como lo sabemos de la evidencia comparada para los países de la OCDE, se ha demostrado que los gobiernos locales, regionales y, a nivel supranacional, los bancos del desarrollo han permitido capear económicamente la pandemia y la recesión. A esto se suma que para el caso de Chile, se presenta un potencial para la desconcentración y descentralización económicas.
La nueva Constitución, en contraposición a la actual, debe garantizar la promoción de múltiples formas de propiedad y la democratización de la economía. La función social del trabajo decente, pero también la función social de la empresa y de la propiedad serán vitales para entender el rol que deben jugar las empresas privadas, las empresas públicas, las empresas de trabajadores, cooperativas y empresas comunitarias.
Esto hará posible que este nuevo modelo de desarrollo se permita crear nuevo valor económico de distribución de sus gananciales entre trabajo y capital en el mercado, y la posibilidad de una
mayor musculatura para el necesario financiamiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, que emanarán como garantías en la nueva Constitución.
Solo luego de esta conversación en democracia nos debemos preguntar qué instituciones económicas, qué política fiscal, monetaria y tributaria, y qué controles y autonomía se requieren para configurar un nuevo modelo de desarrollo que nos permita dar un salto en crecimiento, con justicia económica y equidad.
