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Columna de opinión: Una Constitución egoísta

Varios de los miembros de la Convención han apuntado a avanzar con “cambios estructurales que comienzan por deconstruir el imaginario del crecimiento” junto con la elaboración de una larga lista de derechos sociales y culturales que, sin detalle ni costo alguno, debería ser garantizada por un Estado más grande.

24 de Octubre de 2021 | 12:11 | Por: Sergio Urzúa
El Mercurio (archivo)
Entre 1990 y 2011, los ingresos del trabajo de los adultos jóvenes (18 y 25 años) crecieron 7% anual (real). Desde entonces han caído en promedio cada año 1,4%. Para personas entre los 26 y 35 años, el crecimiento anual fue 5% en 1990-2011, pero un magro 0,6% con posterioridad. Monumental cambio de rumbo.

El golpe debe haber sido duro para generaciones de jóvenes, pues las expectativas de ese Chile que apostaba al desarrollo eran altas. En 2002, por ejemplo, solo un 40% de los padres de estudiantes de 8o básico en colegios públicos decían que sus hijos alcanzarían la educación superior. Tan solo 8 años después, gracias a un relato político centrado en el acceso a la universidad, la aspiración rozó el 80%. Esos niños tienen hoy 25 años y un porcentaje mayoritario fue a la educación superior.

Pero para muchos jóvenes, los beneficios salariales de un título universitario no serían los que habían anticipado sus padres. De hecho, ya en el inicio de la década pasada, problemas de incentivos y poca calidad podían hacer financieramente más rentable ponerse a trabajar luego del liceo que matricularse en una mala universidad.

Y la política empeoró las cosas. Se decidió que la solución de ese drama era la gratuidad (2016). Se tapó así el sol con un dedo. Sin precios que señalizaran calidad y con financiamiento del Estado, más fácil fue acelerar la producción de titulados y mayor la presión a menores salarios. A esto contribuyeron errores de política que dejaron al país creciendo varios años por debajo del 2%.

Así se entiende el malestar.

Lo que vino después fue otro golpe para la juventud. Derrumbe institucional y letal pandemia han desfigurado los procesos educativos y golpeado el mercado laboral. Lo primero significará menores niveles de capital humano entre las nuevas generaciones. Lo segundo, como hemos aprendido de otras crisis económicas, implicará que quienes sean contratados por primera vez en los próximos años no solo experimenten menores salarios iniciales, sino también más deprimidas trayectorias de ingreso futuro. ¿Crecimientos salariales futuros de 5% anual? Más milagro que realidad.

Y así llegamos a la oportunidad que ofrece una nueva Constitución. En principio, una reformulación del orden público económico que promueva el crecimiento, en base a una institucionalidad moderna, podría ser una catapulta para la juventud. El robustecimiento de los derechos de propiedad fortalecería los incentivos para invertir en todo ámbito, la confirmación de un banco central independiente sería garantía de que no se pagará el impuesto inflación, un responsable listado de derechos sociales acotaría las posibilidades de inflar la deuda de la nación y un sistema político aterrizado a la realidad nacional, con iniciativas exclusivas de gastos bien definidas, evitaría el despilfarro e irresponsabilidad.

Lo anterior, además, reencantaría la inversión extranjera, ingrediente central de los esfuerzos económicos para hacerse cargo del cambio climático a nivel local. Esto pues, convengamos, desde el hidrógeno verde hasta el desarrollo de energías renovables, pasando por la extracción de litio y la producción de cobre que converse con el medio ambiente, son todos esfuerzos que el Estado no podrá realizar y menos con una economía deprimida como la que se anticipa será la chilena a partir del 2022.

¿Vamos en esa dirección? La visión que emana desde la Convención Constitucional (CC) sugiere que no. Por de pronto, en el inicio del debate general, varios de sus miembros han apuntado a avanzar con “cambios estructurales que comienzan por deconstruir el imaginario del crecimiento” junto con la elaboración de una larga lista de derechos sociales y culturales que, sin detalle ni costo alguno, debería ser garantizada por un Estado más grande. Todo configurado en torno a una “hoja en blanco” llena de incertidumbre y confusión.

Tal enfoque tiene ribetes de egoísmo generacional. Por una parte, podría ser bienvenido por los mayores que, aprovechando décadas de crecimiento, ya mejoraron su nivel de vida (ahora tendrán acceso a nuevos beneficios financiados por mayores impuestos sobre las nuevas generaciones). Por otra, debería ser cuestionado por los jóvenes, pues al peso de años de estancamiento ahora se agregaría una Constitución que despreocupa el crecimiento y extiende la frustración. Veremos cómo avanza el debate en la CC.

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