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Las señales de los poderes constituidos a la Constituyente

Mientras Contraloría se ha abstenido de pronunciarse sobre materias relacionadas a la Convención, en distintas cortes se están tramitando recursos sobre el actuar de los convencionales y en el Senado hubo un llamado explícito a fijar postura.

04 de Diciembre de 2021 | 11:38 | Por A. Chechilnitzky, M. Vega y R. Franco, Crónica Constitucional
El Mercurio
Desde su instalación, la Convención Constitucional ha debido relacionarse estrechamente con los poderes constituidos. Quizás el caso más evidente es el del Ejecutivo, donde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) creó una unidad encargada de apoyar la labor de la Constituyente.

La relación no ha sido fácil, pues convencionales han acusado que las autoridades de gobierno no han cooperado lo necesario para el buen funcionamiento de la Convención. Sin ir más lejos, el cargo de secretario ejecutivo, dependiente de la Segpres, ha sido ocupado por tres personas: Francisco Encina, Catalina Parot y quien actualmente está en el puesto, Matías Cox.

Este último ha mantenido un perfil bajo, relacionándose con la Convención a través de reuniones privadas u oficios, pero colaborando en temas como la preparación del presupuesto 2022, la habilitación de espacios y gestiones para la realización de la salida del pleno a Biobío.

Ese es solo un ejemplo de cómo, si bien la Convención declaró en su Reglamento General su carácter autónomo, se ha debido relacionar con los poderes constituidos. Y estos, a su vez, empiezan a fijar postura frente al actuar de la Constituyente.

En la justicia


En al menos tres dictámenes, Contraloría ha resuelto abstenerse de emitir pronunciamientos sobre materias relacionadas a la Convención o a los constituyentes.

Una posición distinta ha tomado el Poder Judicial. A fines de septiembre seis convencionales de Chile Libre presentaron un recurso de protección argumentando vulneración a su libertad de expresión, que fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones.

"Tenemos autonomía para definir nuestros mecanismos internos de debate, de discusión y de todo el procedimiento", decía la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, el 29 de octubre.

Pero Martín Arrau, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Margarita Letelier y Teresa Marinovic interpusieron un recurso de reposición y la Corte Suprema revocó el fallo. De hecho, este martes le ordenó a la Convención entregar un informe y el miércoles se rechazó la solicitud de no innovar por parte de los mismos convencionales.

En paralelo, el estudio de abogados León & Cía presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el que solicitó la nulidad del Reglamento General de la Convención por vulnerar garantías y derechos fundamentales, ya que las normas “fueron sometidas a votación mediante quorum de mayoría simple” y no de dos tercios de los convencionales, como establece la Constitución vigente, y por establecer el plebiscito dirimente, que no está considerado en la actual Carta Fundamental. El recurso fue acogido a trámite.

La respuesta de la Convención fue, por acuerdo de la mesa directiva del 18 de noviembre, crear un departamento jurídico y una unidad de asesoría jurídica, cuya finalidad es asumir la defensa de la Convención ante los tribunales de justicia y el diseño de estrategias jurídicas.
Es así como el pasado 25 de noviembre los abogados que representan a la Constituyente, Cristian Arroyo y Rodrigo Reyes, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso declararse incompetente y, en caso de rechazar dicha solicitud, presentaron argumentos en defensa de la Convención.

Con el Parlamento


El Poder Legislativo tampoco se ha quedado inmóvil frente a la Constituyente. Más allá de las discusiones sobre la cesión de salas en las dependencias de Santiago del Congreso, al menos en el Senado ya se instaló la idea de que deben tener una postura ante las definiciones que pueda tomar la Convención.

En sus discursos de apertura, Jaime Bassa e Ignacio Achurra del Frente Amplio, Marcos Barraza (PC) y Mauricio Daza (Independientes Nueva Constitución) propusieron un Congreso unicameral.
Por su parte, el senador Carlos Montes (PS) instó a la Cámara Alta a generar una estrategia institucional.

"Este no es un tema de defensas corporativas. Se trata de qué es mejor para nuestra democracia (...). Tenemos una tradición republicana en donde el Senado ha aportado pausa, reflexión, acuerdos que permitieron destrabar y hacer avanzar al país", afirma la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC). Añade que "los problemas que hemos tenido no son porque exista un Senado, tienen más que ver con los quorum supramayoritarios; los senadores vitalicios, que terminaron, pero no ayudaron en los primeros años".

A juicio de Rincón, "debemos actualizar el Parlamento. Yo soy partidaria del bicameralismo, pues creo que tener cámaras revisoras ayuda a tener mejor legislación. Sí creo que podríamos tener un sistema bicameral en que la representación de la ciudadanía (diputados) y territorios (Senado) sea más efectiva y moderna".

El futuro del Congreso también ha sido tema de debate al interior de la Convención, ya que luego de las elecciones presidenciales y parlamentarias, algunos sectores temen que constituyentes de centroizquierda decidan acortar el período de las autoridades recién elegidas.

Este martes, Marcela Cubillos y Arturo Zúñiga (ambos UDI), junto a Ruggero Cozzi, Luis Mayol y Hernán Larraín de Ind.-Evópoli-RN, solicitaron a la Convención alcanzar un acuerdo político para que se respete el próximo período presidencial y parlamentario. Al respecto, el vicepresidente Jaime Bassa señaló que "tratar de condicionar la discusión constituyente a partir de la contingencia electoral, creo que empequeñece el debate constituyente".

Pero además, 16 convencionales de Chile Libre, Un Chile Unido y Unidos por Chile presentaron este miércoles una propuesta de norma constitucional que busca establecer una disposición transitoria que señale que “el presente texto no alterará el período ni las atribuciones de las autoridades que hayan sido electas por votación popular”.

Posturas disímiles


Entre los convencionales no hay una mirada única. Agustín Squella (Colectivo del Apruebo) expresa que "a algunos en la Convención les ha costado entender que la ciudadanía nos confió la Constitución del futuro, no la del presente”. Agrega: “¿Acaso eso nos parece poco como para estar a veces interfiriendo en potestades actuales del Gobierno, del Congreso o del Poder Judicial?".

En contraste, Marcos Barraza (PC) cree que "es recomendable que los poderes del Estado sigan en materia de deliberación el mismo proceder que ha establecido la Contraloría".

Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista), por su parte, dice que en su etapa de instalación, la Convención "hizo que muchas de las relaciones que la Constituyente tiene con los poderes constituidos no hayan sido del todo fluidas. En eso yo creo que hay responsabilidades compartidas (...). Me parece muy urgente unirse, por ejemplo, con el Congreso en general".

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