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Columna de opinión: La excepcionalidad chilena

Los pueblos, como las personas, anhelan distinguirse, salir del mar del anonimato o la reiteración, empinarse en medio de la bruma del tiempo y erigirse, siquiera por momentos, como distintos.

14 de Enero de 2022 | 07:31 | Por Carlos Peña
El Mercurio (archivo)
Uno de los rasgos más acentuados de nuestra cultura pública es su anhelo o su pretensión de excepcionalidad.

Chile, por ejemplo, cree ser una excepción en la consolidación del Estado, algo que habría acontecido acá mucho más temprano que en el resto de la región. Hasta hace poco existía la idea de que Chile configuraba una excepcionalidad étnica al lado de países con componente indígena. La clase política sería también más proba cuando se la compara con los rapaces de otros países. Y hasta la dictadura chilena habría sido una rareza, tanto en la crueldad como en su espíritu modernizador.

¿Seguirá la Convención fiel a ese anhelo a la hora de redactar una nueva Constitución? ¿Perseguirá una Constitución original, que abra un camino por el que nadie se ha atrevido a transitar? ¿Habrá derechos de la naturaleza, pluralismo jurídico y moral, multitud de órganos autónomos, derechos sociales coercibles, paridad estricta y todo ello sumado?


Para responder esas preguntas y saber si el anhelo de excepcionalidad es bueno o no, razonable o patológico, hay que comenzar por hacer una distinción.

Las características idiosincrásicas que un pueblo se atribuye a sí mismo (como las anteriores que se mencionaron) son habituales. Los pueblos, como las personas, anhelan distinguirse, salir del mar del anonimato o la reiteración, empinarse en medio de la bruma del tiempo y erigirse, siquiera por momentos, como distintos. Este es un rasgo propio de la condición humana y no tiene nada de malo que una sociedad se mire a sí misma y se compare con otras y se crea distinta y mejor.

Así, entonces, la pretensión de excepcionalidad a la hora de describirse a sí mismo, no parece ser motivo de alarma. La pretensión de ser excepcional en este sentido no tiene, aunque suene paradójico, nada de excepcional.

Pero tratar de ser excepcional a la hora de crear instituciones o diseñarlas o a la hora de redactar una Constitución —un propósito que algunos convencionales parecen abrigar—, eso sí es más complicado y no parece ser tan fácil considerarlo virtuoso.

Porque ocurre que las instituciones —desde la manera de regular los contratos, hasta la forma de limitar el poder— no son el fruto de la voluntad y la imaginación humanas solamente, sino que la mayor parte de ellas son el precipitado de una lenta evolución, que fue seleccionando prácticas, rechazando otras y creando una cierta concepción intelectual acerca de ellas. Esto es lo que ocurre con el saber jurídico. El derecho es un intento no solo de promover ideales de justicia —es decir, de satisfacer intereses o distribuir recursos—, sino sobre todo un esfuerzo por racionalizar la convivencia, sometiéndola a pautas predecibles y equitativas, que hagan posible la libertad de todos.

De ahí entonces que no puede considerarse al derecho como un medio infinitamente plástico a cuyo través se pueda promover cualquier ideal (por apetecible que ese ideal parezca) o realizar cualquier punto de vista. Menos puede considerarse al derecho como un simple modo de redactar lo que la voluntad dicta, porque el derecho es, en cuanto racionalización, una forma de contener la conducta y desubjetivizar la vida.

Por eso no es cosa de sumar voluntades, decidir esto o lo otro al compás de la imaginación y el fervor por la justicia, y presumir que de esa forma "se creará jurisprudencia" o se darán al mundo creaciones jurídicas originales que nadie hasta ahora se había atrevido a promulgar.

Para saber cuán presuntuoso es lo anterior, basta recordar que lo que hoy se llama derecho es un producto cultural que tomó siglos de manejo de conceptos, distinciones, reglas, contrapesos, formas de concebir al mundo. Ignorar todo eso y pretender que se puede hacer la ley o hablar sobre ella ignorando todo lo anterior es lo que los juristas llaman vulgarismo.

Pero el vulgarismo parece haber invadido a algunos constituyentes (no a todos, desde luego, porque entre ellos hay algunos juristas de peso): la creencia de que la Constitución ha de escribirse al compás de la imaginación y los votos, sin temor a la originalidad.

Lo preocupante de todo esto es que las pretensiones de originalidad muchas veces no son más que el revés de algo que puede estar bien inspirado, pero que siempre resulta dañino: la ignorancia.
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