Para el 18 y 19 de marzo está agendada la próxima sesión plenaria de la Comisión de Venecia, organismo asesor en materias constitucionales del Consejo de Europa.
En dicha oportunidad, la institución analizará la consulta enviada por senadores chilenos que piden a la institución referirse a temas como la conveniencia de mantener o no un órgano de control constitucional y la posibilidad de tener un Congreso unicameral, entre otros.
Los cinco relatores de la consulta chilena —Kaarlo Tuori de Finlandia, Hanna Suchocka de Polonia, Janine Otalora de México, Josep Castellá de España y Paolo Carozza de Estados Unidos— fueron seleccionados hace ya un mes, según ha explicado la secretaria general del organismo, Simona Granata-Menghini, a "El Mercurio", teniendo en cuenta distintos factores: la especialización en el tema, "conocimiento del país y posiblemente provenir de un país que presente un historial constitucional y legal similar (...), no venir de un país en conflicto, o tener un especial interés en el tema", además de un respaldo profesional.
Y estos relatores ya tienen trabajo avanzado. Antes de venir a Chile, entregaron a la secretaría de la Comisión de Venecia un informe personal con sus primeras apreciaciones sobre la materia.
Con esos antecedentes, la delegación de la institución europea encabezada por Granata-Menghini, el expresidente Gianni Buquicchio, el coordinador Serguei Kouznetsov y los relatores Castellá y Carozza estuvo en Chile la semana pasada, cuando se reunieron con autoridades, políticos, la mesa directiva de la Convención y representantes de la sociedad civil chilena.
Ahora, los cinco relatores están trabajando en un informe conjunto sobre las materias consultadas que incluye sus apreciaciones personales y las conclusiones de la visita. Este será enviado la próxima semana a los representantes de los 62 países que son parte de la Comisión de Venecia, además al Senado chileno, como entidad solicitante, y a la Convención Constitucional, como organismo interesado, quienes podrán realizar apreciaciones al documento, que será el principal insumo para que el organismo consensúe su respuesta.
En paralelo, el organismo ya envió a la Convención y al senador Juan Castro (RN), como representante del Senado, una invitación para participar de manera presencial o telemática en el pleno de la próxima semana y así exponer sus comentarios.
"Me gustaría invitarle a participar en la 130ª sesión plenaria para tener un intercambio de opiniones con los miembros de la Comisión antes de la adopción de la opinión. En caso de que no pueda venir a Venecia, le facilitaremos un enlace de Zoom", dice el oficio enviado por parte de Granata-Menghini.
El parlamentario está realizando los preparativos para viajar a Italia. Sergio Mancilla, abogado asesor del senador Juan Castro y quien coordinó la visita efectuada por la delegación de Venecia a Chile, señala que "actualmente se está tramitando administrativamente en el Senado para poderse efectuar (la visita), toda vez que un senador debe tener autorización de la sala para poder salir del país y también todos los asuntos administrativos e internos".
Mientras, desde la Convención están analizando si uno de los integrantes de la mesa directiva o algún asesor se podrá conectar de manera telemática.
Después de que el plenario de la Comisión de Venecia escuche a los exponentes, debatirá para elaborar una opinión final a través de un consenso, sin votación, la que se dará a conocer durante la semana posterior al pleno.
Debates paralelos
La deliberación en la Comisión de Venecia será durante el mismo día en que la Convención tiene previsto, hasta ahora, deliberar sobre el informe de la comisión de Sistema político que se terminó de votar en particular este miércoles. Según explicó el secretario de dicha comisión, serán aproximadamente 100 artículos los que deberá deliberar el pleno, entre los que se encuentra la composición del futuro Congreso.
El informe de esa instancia considera un Congreso Plurinacional paritario, con a lo menos 205 miembros, además de una Cámara Territorial y un Consejo Territorial. La diferencia entre ambas radica en que mientras la primera tiene facultades de revisar las "leyes interpretativas de la Constitución", la ley sobre presupuesto, leyes sobre la división política y administrativa del país, propuestas que afecten las regiones y aquellas sobre votaciones populares y el sistema electoral, entre otras materias, la segunda instancia aprobada debe "decidir acerca de la proposición de nombramientos de altos cargos del Estado" y tramitar leyes de "acuerdo regional".
