El alza de hospitalizaciones de niños y niñas a raíz de las alta circulación de virus respiratorios obligó a que el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Ministerio de Salud (Minsal) anunciaran ayer -en un acuerdo intersectorial- la decisión de
adelantar y extender las vacaciones de invierno para colegios públicos y privados, a partir del 30 de junio y hasta el 25 de julio.
"Estamos muy preocupados de resguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes, y a su vez, queremos mantener también la presencialidad y la continuidad del servicio educativo una vez pase este peak. Queremos proteger también a los adultos que trabajan en los distintos centros escolares. Creemos que el receso escolar nos ayudará a disminuir los contagios y a descomprimir también la red de salud", afirmó el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
La medida, sin embargo, no fue bien recibida entre los distintos actores educativos, quienes acusan de una "promesa incumplida" del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, trayendo de regreso la frase con la que fijó su política educacional frente al covid-19 tras resultar electo: "los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir".
Para otros, en tanto, la decisión va en dirección contraria a los esfuerzos por cerrar las brechas educativas y socioemocionales que provocó el trabajo remoto y que trajo como consecuencia una ola de violencia en distintos recintos educativos durante el pasado marzo.
Las críticas también llegaron desde el Colegio de Profesores Regional Metropolitano, donde su presidente, Mario Aguilar, tildó la medida como "necesaria", pero "paliativa", puesto que a su juicio no resuelve el problema de hacinamiento al que se enfrentan los estudiantes en las salas de clases. Y recalcó que esta situación confirma lo que ya había sido advertida por el magisterio: "los colegios abiertos en plena pandemia era una situación absolutamente irresponsable y que podía originar una verdadera catástrofe".
Grave "normalización" al cierre de recintos
"Impactados y sorprendidos". Así dicen enfrentar el anuncio desde el movimiento Escuelas Abiertas, organización conformada por padres y apoderados durante 2021 que aboga por la presencialidad. Según comenta una de sus voceras, Valentina Rebolledo, la decisión no se condice con "la promesa de campaña del Presidente Boric de que los colegios serían los últimos en cerrar, y vemos nuevamente que esta medida se toma como prevención a problemas que han existido siempre, poniendo en último lugar el aprendizaje y bienestar emocional de los alumnos".
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Nos parece grave que se esté normalizando el cierre de colegios como medida preventiva de enfermedades que afectan especialmente a lactantes y niños preescolares. ¿Por qué entonces negarle el derecho a la educación a jóvenes que no son parte de la población de riesgo?", plantea Rebolledo, quien a su vez recalca que esta situación obedece a la "brecha de inmunidad generalizada" provocada por las restricciones, escenario ante el cual las autoridades "debieron anticiparse y prepararse".
La vocera también apunta al costo social que trae consigo el cierre de los recintos educacionales, puesto que genera "un impacto en las familias y los estudiantes, afectando a sus ingresos, a su calidad de vida, y por ende, a la de los estudiantes, perjudicando particularmente a los estratos más vulnerables".
En la misma línea, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, plantea a Emol que "la gestión deficiente de la pandemia y de la vacunación infantil está teniendo un impacto que no vimos durante los años pasados. Es lamentable que esto haya llevado al Gobierno a incumplir la promesa de que los colegios fueran los últimos en cerrar".
Además, recalca que "si la prioridad para combatir la violencia en los colegios es salud mental y socialización de los estudiantes, suspender clases y extender las vacaciones es simplemente incomprensible".
Las dudas frente a las brechas
"¿Cómo vamos a cerrar brechas educativas y abordar el componente socioemocional?". Esa es la principal duda que plantea Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián. Esto, porque a su juicio es clave que durante este receso de tres semanas exista claridad y coordinación en cómo los establecimientos educacionales abordarán la crisis evidenciada desde marzo.
"No olvidemos que hace dos semanas el ministro Ávila estuvo en Buenos Aires en un encuentro de secretarios de Estado, donde no sólo se garantizó el derecho a la educación, sino que también se pudo compartir experiencias y una agenda común respecto a lo que se iba a hacer en la post pandemia", recordó la académica.
En ese contexto, también recalca que es importante que en esta realidad donde eventualmente se vuelvan a generar "cierres y aperturas", el ministerio entregue medidas de apoyo y directrices al cuerpo docente y sus familias, "para poder abordar este cierre de brechas y potenciar el factor protector que tienen las escuelas a niños que están en situación de vulneración de derechos; debemos pensar en las luces y sombras de las familias chilenas", enfatizó.
Según diagnostica Durán, "si no hay articulación entre los municipios, servicios locales y el ministerio, cada uno va a estar haciendo acciones aisladas que no van a contribuir en nada; sino que va a generar un gasto de presupuesto y un impacto cero".
