Risas provocó el pasado 21 de julio, durante el lanzamiento de la campaña "Chile Vota Informado", cuando una vecina criticó la pregunta de un periodista a la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, acerca de si el Presidente podía firmar ejemplares de la propuesta de nueva Constitución.
Cinco días después, Contraloría abrió una investigación especial sobre el "concepto creativo y producción audiovisual" de dicha campaña que se financia con presupuesto de la Segegob.
En las últimas semanas se ha cuestionado la
prescindencia de autoridades frente al plebiscito del 4 de septiembre. Por ejemplo, se han criticado un live en Instagram de Vallejo y el ministro Giorgio Jackson comentando la propuesta de la Convención, la campaña de gobierno "Hagamos historia", la reunión de socialistas con el Presidente Boric sobre la cual el diputado Leonardo Soto dijo en Twitter que el objetivo era "ayudar con mayor fuerza la coordinación del Apruebo" (luego borró la publicación), entre otras situaciones.
Si ha existido intervencionismo o no, lo zanjará Contraloría. Pero a la luz de la contingencia, cabe preguntarse qué aspectos de la propuesta de Constitución se hacen cargo del tema o podrían abrir nuevos flancos en los procesos electorales.
Expertos consultados destacan que la institucionalidad apenas se vio tocada en este apartado. "No arregles lo que está bien hecho", resume Felipe Paredes, académico de la U. Austral. El texto mantiene a Contraloría como órgano autónomo encargado "de velar por el cumplimiento del principio de probidad en la función pública". Además, incluye un capítulo sobre Buen gobierno y función pública, cuyo primer artículo obliga a los titulares de funciones públicas "a dar cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones".
Para
Gloria de la Fuente, del Consejo para la Transparencia, "la propuesta es un avance”. Pese a esto, también habría algunos flancos. Uno de ellos es la reelección presidencial. El texto propone que el Presidente "se podrá reelegir, de forma inmediata o posterior, solo una vez", y agrega que "si postula a la reelección inmediata, desde el día de la inscripción de su candidatura, no podrá ejecutar gasto que no sea de mera administración ni realizar actividades públicas que conlleven propaganda a su campaña para la reelección".
Pero el 17 de julio, en el programa de CNN Chile "Tolerancia Cero", Camilo Escalona (PS) dijo que "la reelección automática no es buena (...) creo que hay un uso del aparato del Estado que es muy peligroso en nuestra sociedad, pero eso se puede modificar".
Jaime Arancibia, académico de la U. de los Andes, afirma que "todos los cargos que permiten reelección corren este riesgo". El proyecto permite la reelección al Presidente, alcaldes, concejales, gobernadores, asambleístas regionales y parlamentarios.
Arancibia plantea que a esto se suma una atribución parlamentaria que podría ser utilizada políticamente, que es la posibilidad de presentar proyectos que generen gasto público, algo que hoy no tienen permitido. "En pleno período de campaña, los parlamentarios podrán presentar proyectos de ley que irroguen gasto público y el Presidente de la República estará muy presionado para patrocinarlos, si también está postulando a un nuevo período", afirma.
Otro flanco serían los nuevos mecanismos de democracia directa, a través de los cuales se podrían multiplicar las votaciones. "Tenemos una regulación pensada en campañas y propaganda de candidaturas de personas. Habría que adaptarla a otro tipo de procesos electorales para que las líneas grises o vacíos sean los menos posibles", sostiene María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente.
Un tema que preocupa es que el texto plantea que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) "estará constituido por cinco juezas y jueces, designados por el Consejo de la Justicia". Este último órgano ha sido criticado por su riesgo de politización.
El penalista Gabriel Zaliasnik asevera que "el hecho de que (este Consejo) designe y pueda remover a todos los jueces de Chile, entre ellos a los miembros del Tricel, es peligroso para la confianza que se pueda tener de los resultados electorales".
Además de la indagatoria en la Segegob, la Contraloría ordenó sumarios en Maipú, Cerro Navia y Quinta Normal y dictaminó que los municipios no pueden realizar campañas informativas sobre el plebiscito. Pero Jaraquemada señala que "como en muchas cosas, las facultades de Contraloría son limitadas (...). Además del reproche, puede no haber sanciones más altas para altas autoridades. Eso puede generar que el costo de infringir la normativa sea menor que la ganancia".
Alejandro Olivares, académico de la U. Mayor, opina que "sería absurdo que personas que militan en un partido, que tienen una carrera política, no puedan expresar su opinión política", pero que "muy distinto es poner el aparato público y recursos públicos a trabajar por una opción". Por su parte, Paredes cree que la futura Corte Constitucional podría hacer un escrutinio a la legislación vigente y ser más estricta con el artículo 151 de la propuesta, que dice que "la actividad política organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular y su funcionamiento respetará los principios de autonomía, probidad, transparencia financiera y democracia interna".
