Los argumentos de los convencionales para impulsar inusuales normas sobre relaciones internacionales

No han sido semanas fáciles para el Ministerio de Relaciones Exteriores. La reunión del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, con la agrupación Chile Mejor sin TLC; la negativa de Brasil para aceptar a Sebastián Depolo como embajador, y la decisión del Gobierno de no apoyar la candidatura de Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de Justicia en La Haya son algunas de las materias que tuvo que abordar la canciller Antonia Urrejola durante la sesión de este martes de la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados.

A esto se sumó la publicación este lunes de una carta de la abogada internacionalista Paz Zárate dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la cual sostenía que se han realizado designaciones sin idoneidad para distintos cargos y que "hoy el estándar promedio de estas es el más bajo que se recuerde desde la dictadura", entre otras críticas.

En este contexto, la propuesta de Constitución redactada por la Convención también está siendo mirada con cautela por analistas internacionales, pues incluye normas que consideran inusuales en las cartas fundamentales de los países. De hecho, la única mención sobre el tema en el texto vigente está en el artículo 32 sobre las atribuciones del Presidente de la República, donde se establece que este debe "conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales (...)".

La misma idea se mantiene en el texto de la Convención, pero esta última añade otras disposiciones. Por ejemplo, el artículo 14 de la propuesta constitucional establece en el inciso tres que "Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia; impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los Estados".

Sobre el punto, Paulina Astroza, académica de derecho internacional y relaciones internacionales de la U. de Concepción, señaló por Twitter, luego de que el pleno aprobara este artículo a fines de abril, que no estaba de acuerdo y que era "inconveniente que esté en la Constitución. Es propio a los gobiernos determinar las prioridades de política exterior según necesidades e intereses determinados por factores internos y externos de cada período histórico. RRII (relaciones internacionales) son dinámicas".

Ahora, con la propuesta constitucional en mano, Fabio Vio, exembajador en Francia, Polonia, Venezuela, Paraguay y Perú, dice que esta, "más que una ley fundamental que rige las relaciones exteriores, es un programa de gobierno, es un programa más bien político, partidista, lo que en definitiva le resta rigor”, y añade que reduce “la acción de la diplomacia chilena".

Eso sí, para Cristóbal Bywaters, director ejecutivo de Nueva Política Exterior, "es preciso no confundir tal priorización con una declaración de exclusividad o de preferencia excluyente".

La propuesta de Constitución señala, además, que Chile "facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas (inciso tres del artículo 14) y que "las comunas y regiones autónomas ubicadas en zonas fronterizas podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino, a través de sus respectivas autoridades, para establecer programas de cooperación e integración (artículo 199).

José Rodríguez Elizondo, abogado, periodista y exdiplomático, considera que este último artículo "puede o no ser vinculante. Esto es, puede o no generar obligaciones transnacionales, según sea la voluntad política de las autoridades respectivas. Dado que las entidades ubicadas en territorio de Chile serían autónomas, ello podría provocar problemas en los países vecinos, cuyas entidades homólogas dependerían del poder central (…). La preocupación argentina por la extensión binacional del Wallmapu y el proyecto Runasur, de Evo Morales, denunciado por diplomáticos peruanos, demuestran que ese potencial de las autonomías territoriales puede afectar las relaciones vecinales estratégicas de Chile".

Igualmente, para Jeanne Simon, académica de la U. de Concepción, la norma "codifica prácticas existentes porque muchas fronteras nacionales dividen el territorio de un pueblo originario entre dos estados", y Richard Caifal, director ejecutivo de la fundación Rakizuam, dice que en el Convenio 169 se señala que los pueblos indígenas divididos por fronteras "tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación (…). La Constitución obligaría a desarrollar ese derecho, pero no existe la suficiente experiencia para determinar sus alcances o implicancias".

Cinco iniciativas presentadas en la Convención pretendían establecer a América Latina y el Caribe como zona prioritaria para las relaciones internacionales y, en varias, los argumentos para esto tenían que ver con superar un modelo económico.

Por ejemplo, la propuesta 870-1 firmada por integrantes del Frente Amplio, Mov. Sociales Constituyentes y Pueblo Constituyente señalaba que "Chile, en materia económica, ha consolidado relaciones privilegiando las potencias mundiales (...) en vez de fortalecer la cooperación internacional económica con sus pares regionales (…). Las políticas neoliberales instaladas a comienzos de los años de 1990 a nivel global influyeron en que Chile se estableciera como precursor en el continente de estas políticas que ya se venían implementando desde la dictadura".

Algo similar exponían los convencionales del Colectivo Socialista, Chile Digno y Mov. Sociales Constituyentes, que patrocinaron la iniciativa 864-1, donde decían que el proceso constituyente "persigue como finalidad marcar una ruptura con el proyecto neoliberal" y que "el regionalismo posneoliberal apunta a fortalecer el rol protagónico del Estado dejando la subsidiariedad, fortaleciendo la soberanía popular, se caracteriza por la politización de las agendas y con fuerte peso de la agenda social. Estos elementos, en combinación con el reconocimiento de la plurinacionalidad, de la democracia participativa, del enfoque de género que prevalecerán en la Nueva Constitución se articulan como una combinación virtuosa para el ejercicio de la política exterior en el ámbito de lo regional".

En el caso de la propuesta 794-1, de Mov. Sociales Constituyentes, Coord. Plurinacional y Chile Digno, se planteaba que "se vuelve imperioso que Chile contemple una estrategia internacional que, en línea con el nuevo modelo económico que busca impulsar el proceso constituyente, garantice la subsistencia de nuestro Estado", y en la iniciativa 754-1 presentada de manera transversal por convencionales de izquierda y centroizquierda, precisaron, entre otras cosas, que “la política exterior precisa tener rango y una mención explícita en el nuevo texto constitucional".

Por último, la iniciativa 1022-1, de la Coord. Plurinacional, señalaba que era necesario poner foco en América Latina y el Caribe al ser "un amplio espacio geográfico con el que se comparte, dentro de la diversidad de historias regionales y locales, una historia común con rasgos culturales y trayectorias históricas compartidas".

"En general, que consigne algún área geográfica como prioritaria, no existe en muchas constituciones", dice Fernando García Naddaf, académico de ciencia política de la UDP. Bywaters coincide en que "no es un aspecto común, pero tampoco es una cuestión sorprendente. De alguna manera, este tipo de declaraciones se puede encontrar en algunas otras constituciones, expresadas en términos de, por ejemplo, la intención de propender a la integración regional".

Según explica Andrea Neirot, doctora en Ciencia Política de la UC, miembro de la Red de Politólogas y del Grupo de Estudios de Integración y Cooperación Regional de América Latina (Geicral) de la U. Nacional de Rosario; Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia "hacen alguna mención al fortalecimiento de la integración y cooperación latinoamericana", aunque no es lo mismo que establecer zonas prioritarias. Argentina, Uruguay y Paraguay "solo mencionan la idea de afianzar las relaciones de cooperación y acuerdos de integración con otros países, pero no especifican región", dice.

Con todo, para los académicos es una constatación de hechos: "Esa frase no es inconsistente con la política exterior declarada en Chile durante los últimos 30 años", explica Bywaters, lo que es apoyado por García Naddaf y por Vio. En tanto, para Neirot, "da señales de un mayor compromiso del país con respecto a la región. Algo por lo que, hasta el momento, se cuestionaba mucho a Chile".