Este 1 de octubre el fiscal nacional, Jorge Abbott dejará el cargo tras casi siete año de gestión. ¿La razón? El persecutor cumple la máxima edad permitida (75 años) para desempeñarse como jefe del Ministerio Público. Si bien ya se conoce que Juan Agustín Meléndez asumirá la dirección de la institución en calidad de "subrogante", ahora se deberá iniciar un proceso para la selección del próximo ocupante del puesto.
De esta forma, este mismo 1 de octubre se abrirá el proceso de postulación que da 10 días para que los interesados se presenten. Posterior a eso, se debe realizar una audiencia ante la Corte Suprema, en la que cada ministro votará por tres aspirantes distintos y aquellos que obtengan las cinco primeras mayorías son los que pasarán a la etapa siguiente, es decir, serán parte de la denominada quina que establece el máximo tribunal.
Entre aquellos cinco eventuales candidatos se definirá al próximo fiscal nacional, pero mientras se desarrolle el concurso será el persecutor jefe de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, quien asumirá de forma temporal el cargo hasta que la Corte Suprema anuncie al nuevo jefe del Ministerio Público. Sin embargo, ¿quién podría ser el reemplazo de Jorge Abbott?
Para conocer los nombres que suenan para asumir la Fiscalía Nacional, Emol conversó con Manuel Guerra, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, y ex fiscal Metropolitano Oriente. El ex persecutor señaló quiénes, a su juicio, podrían ser los candidatos que disputarían la dirección del Ministerio Público.
En esa línea, el docente explica que algunos de los aspirantes que podrían presentarse al concurso público ya son persecutores del Ministerio Público. "Se han escuchado varios nombres, entre ellos, el del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien llevó la investigación del caso Huracán. El fiscal Metropolitano Centro-Norte, Xavier Armendariz; también se escucha hablar del fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez; he escuchado el nombre de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla; y del fiscal José Morales de la Fiscalía Centro-Norte", comentó.
Adicionalmente, existen otros nombres que sonarían como posibles candidatos para reemplazar a Abbott, quienes no se desempeñan como persecutores, pero que sí son funcionarios del Ministerio Público: "Por ejemplo, la gerenta de Víctimas, Erika Maira y la directora de Unidades Especializadas de Anticorrupción y Asesoría Jurídica, Marta Herrera", anticipa Guerra.
Finalmente, el académico de la Universidad San Sebastián señala que también se escucha el nombre de una académica que actualmente no se desempeña en el Ministerio Público, pero que sí conoce la institución: "La profesora de Derecho de la Universidad Católica, María Elena Santibáñez, quien también trabajó durante varios años en el Ministerio Público", comentó Guerra, aclarando que ahora se debe esperar a si aquellos "presentan sus antecedentes y de ahí es resorte de la Corte Suprema resolver a quién coloca en quina".
Los desafíos para el próximo fiscal nacional
"Todos los nombres que he mencionado son de personas que tienen experiencias, son personas de reconocida solvencia técnica, son además personas que tienen una trayectoria importante en la institución y la conocen bien, y eso es fundamental", asevera el ex fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Pese a ello, recalca que, a su juicio, sería óptimo que el reemplazante de Jorge Abbott conozca previamente el funcionamiento del Ministerio Público. "Para mí lo que más importa es que la persona conozca bien la institución y tenga un buen programa de trabajo. Si es hombre o mujer, o si es de región, si tiene determinadas posiciones en determinadas materias es un tema que encuentro secundario", precisa.
Y agrega que lo importante para considerar en un candidato o en el eventual nuevo fiscal nacional es "ver qué están planteando para los próximos 8 años del Ministerio Público, considerando la realidad delictual que vive el país". Pues, Guerra advierte que el reemplazante de Jorge Abbott afrontará una serie de desafíos en el cargo.
"Deberá asumir un liderazgo efectivo de la institución, eso significa diseñar en conjunto con los distintos estamentos del Ministerio Público y escuchando también la opinión externa de la sociedad civil, observando el panorama actual y estructurar una política criminal. Eso significa priorizar ciertos delitos por sobre otros", asegura.
Según el académico de la USS, el hecho de estructurar una política criminal es fundamental debido a que "al Ministerio Público ingresan aproximadamente un millón y medio de denuncias al año, eso ha sido la tónica durante los últimos años y es una cifra bastante grande. Nadie que fuese lo suficientemente serio podría decir que el Ministerio Público está en condiciones de darle esa respuesta adecuada a este millón y medio de denuncias. Pero dentro de este millón y medio de denuncias tenemos una serie de hechos que son bastante irrelevantes".
En ese sentido, el ex fiscal menciona que existen una serie de tareas esenciales de persecución penal para un fiscal nacional, las cuales deberá asumir, mejorar, y desarrollar el predecesor de Abbott. "Un fiscal nacional tiene que hacer definiciones y determinar cuáles son las áreas de la persecución penal donde tenemos pocas manos y, viendo la realidad que vive el país", acota.
Por ello, afirma que el nuevo jefe del Ministerio Público tendría como desafío "hacerse cargo de lo que es el tema de la criminalidad organizada que se dedica al trágico de drogas y que comete homicidios, que claramente tiene acceso muy fácil a armas y que se dedica a distintos negocios, como por ejemplo, al tráfico de migrantes y trata de personas desde el norte del país".
"Segundo tema que creo que es fundamental, dice relación con lo relativo con robos violentos y con intimidación que afectan a locales comerciales, a personas en la calle, a las personas que van conduciendo un vehículo, a las personas al interior de sus hogares. Eso tiene que ser priorizar y creo que el Ministerio Público está al debe, porque lo que se le cuestiona al Ministerio Público en esa materia, es el bajo porcentaje de casos que son esclarecidos", agrega.
Además, Guerra planta que se debe asumir el desafío ante los delitos de violencia de género, expresados como violencia intrafamiliar y delitos sexuales, "donde también la calidad de la respuesta ha tenido a la baja". Finalmente, en cuarto lugar, el académico sostiene que se debe reforzar la persecución ante los crímenes informáticos. "Esto quiere decir no sólo las estafas que era algo que estábamos acostumbrados a ver, sino que los ciberataques a servidores de instituciones inclusive públicas", anticipa.
"Un objetivo de persecución penal claro debe ser el elevar el porcentaje de esclarecimiento y coordinarse con las policías en una labor mancomunada y con el Gobierno de turno, generando o participando entregando insumos para una política preventiva que tenga por finalidad evitar que ocurran delitos, y si estos ocurren, contar con las herramientas y medios necesarios a la brevedad para dar respuesta a las personas", concluye Guerra.
