Tras una sesión que se extendió por varias horas de la tarde este lunes, la Corte Suprema definió los cinco nombres que continuarán el proceso para ser el nuevo Fiscal Nacional.
Luego de escuchar a los 17 postulantes, por diez minutos cada uno, los ministros de la máxima instancia judicial conformaron la quina que será presentada al Presidente Gabriel Boric, quien en conjunto con el Senado, deberá nombrar al nuevo jefe del Ministerio Público.
José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos son los nombres que siguen en carrera.
Cada uno de los abogados presentó esta tarde ante los ministros de la Suprema sus proyectos y objetivos que llevarían a la Fiscalía si son elegidos para el cargo.
Combate al crimen organizado, mejor trato con la víctimas, introducir nuevas tecnologías fueron algunos de los lineamientos que más se repitieron entre los postulantes.
Rodrigo Ríos
Rodrigo Ríos, abogado de la Universidad de Chile con diplomado en Proceso Penal, recibió el apoyo de tres ministros con sus votos.
Ríos fija su proyecto en tres ejes principales: Crimen organizado, la autonomía del Ministerio Público y el trato hacia las víctimas.
En relación al primero, crimen organizado, el abogado afirma que es el "principal desafío que debe enfrentar, no solamente el Ministerio Público, sino el Estado de Chile". Para él, el Fiscal Nacional debe asumir un rol activo en la persecución de este tipo de criminalidad: "Para eso se requiere un trabajo mancomunado y transversal por todas las instituciones del Estado que tengan incidencia en esta materia".
Rodrigo Ríos afirmó que la Fiscalía se debe concentrar en perseguir delitos tales como tráfico de armas, tráfico de personas y tráfico de drogas, sin perder de vista los homicidios, la cibercriminalidad, delitos contra la propiedad: "Esto pone en jaque el Estado de derecho. El Ministerio Público no puede ser un testigo pasivo en este tipo de hechos".
Para ello, propone la creación de una unidad nacional de combate contra el crimen organizado para, con inteligencia artificial, atacar a las bandas que realizan este tipo de delitos. Asimismo, buscará crear una Fiscalía Supraterritorial contra dicha criminalidad. También rediseñará el énfasis que tiene la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo actualmente.
Con respecto a la autonomía del Ministerio Público, Rodrigo Ríos indicó: "Hoy la interpretación que se ha hecho luego de 22 años de aplicación de las reglas procesales penales actuales es sinónimo de autarquía. El Ministerio Público no puede ser ajeno a un tipo de control o fiscalización". Para ello, Ríos propone incorporar una política de auditabilidad: "Voy a abrir la Fiscalía para tener contacto con la sociedad civil y vamos a generar mecanismos intensos de rendición de cuentas".
Se someterá al Ministerio Público a una auditoría internacional y se creará un consejo consultivo de expertos ajenos a la Fiscalía.
Por último, en relación al trato hacia las víctimas, el abogado asegura que la Fiscalía atraviesa por "la peor crisis de legitimidad y confianza en la comunidad". Para mejorar aquel escenario adoptará las siguientes medidas: Generar una política nacional de respuesta estandarizada para las víctimas y testigos y la digitalización del trabajo de la Fiscalía.
Marta Herrera
La actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público es la única mujer que conforma la quina, al recibir nueve votos a su favor por parte de los ministros.
Durante su intervención, la abogada de la Universidad de Chile con máster en Derecho indicó que son cuatro los ejes de su gestión: Víctimas, evolución de la criminalidad, fortalecimiento del ecosistema de justicia penal y trabajo interno.
Con respecto a las víctimas, Herrera afirma que hay "múltiples deudas" y pese a los avances "hay mucho que mejorar". Para ello, propone un proyecto integral que aumente la cobertura de información a las víctimas, generar alianzas con las distintas instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y municipales, y así aumentar la protección a víctimas.
Sobre la evolución de la criminalidad, la abogada indicó que aquello representa "un desafío para el sistema completo". Para combatir el crimen organizado propone la creación de una fiscalía especializada que tenga alcance nacional y con foco en las macrozonas, que realice un trabajo en conjunto con distintas instituciones del Estado (Policías, Unidad de Análisis Financiera, Aduana), que tenga competencias supraterritorial en materia de crimen organizado -tráfico de drogas, trata de personas, inmigrantes, lavado de activos y corrupción-, que cuente con incorporación de técnicas modernas de investigación y el máximo apoyo tecnológico.
"Los fenómenos delictuales no se limitan a barrios o comunas, son transversales y también se interrelacionan en lo sustancial. No son aislados", dijo Herrera. Asimismo, Marta Herrera ofrece "conformar una estructura fuerte y potente con la debida organización, con las destinaciones, con la inyección de recursos y con las adecuaciones que correspondan para hacernos cargos de la criminalidad".
Para enfrentar los delitos de mayor connotación social, Herrera busca fortalecer la función de análisis criminal trabajando sobre el fenómeno con una mirada de mercado delictual: "Esto quiere decir que junto con atacar a las bandas de portonazos debo perseguir el mercado de la receptación".
La postulante a Fiscal Nacional quiere priorizar ciertas categorías delictuales contra víctimas vulnerables como delitos sexuales, violencia de género y aquellas que afecten a niños y adolescentes.
Para el tercer eje, fortalecimiento del ecosistema de justicia penal, busca que todos los actores del sistema judicial trabajen conjuntamente para mejorar la seguridad pública, de paz y de justicia.
En el trabajo interno del Ministerio Público, desea modernizar, introducir mayor tecnología e innovación y perfeccionar los sistema de incentivos, siendo la perspectiva de género un pilar fundamental de sus cambios.
Ángel Valencia
Ángel Valencia es abogado de la Universidad de Chile con máster en Litigio Oral. Recibió este martes 17 votos para integrar la quina de Fiscal Nacional.
En su discurso, Valencia indicó que el Ministerio Público debe cambiar de rumbo con cambios profundos dentro de los marcos que la ley permite y con perspectiva ciudadana y de servicio público.
Los principales lineamientos del postulante a Fiscal Nacional son combatir el crimen organizado, reformular la estructura interna de la entidad e introducir mayor inteligencia artificial.
Para combatir el crimen organizado, Ángel Valencia propone crear una fuerza antidroga y contra el crimen organizado, de carácter supraregional, donde los fiscales actúen de manera coordinada con las policías. En materia de violencia rural, proponer crear un protocolo entre el Ministerio Público y Carabineros para la ejecución de medidas de protección eficaz en la Macrozona sur.
El abogado busca que la Fiscalía contribuya a la recuperación de los espacios públicos: "No pueden existir territorios fuera del control del Estado", afirmó. Para ello, implementará el nuevo Sistema de Justicia Penal adolescente, fortalecerá la política de género y dará impulso a los Tribunales de Tratamiento de Drogas.
En segundo lugar, Ángel Valencia plantea tener una Fiscalía que "sirva para los desafíos de los tiempos actuales". A esto, busca implementar cambios estructurales en su funcionamiento internos: "Necesitamos que la política criminal, la ley orgánica que se busca fijar se base en un diagnóstico fundado en evidencia empírica y medible en su resultado, con capacidad de generar investigaciones para la persecución penal".
Por último, Valencia ofrece introducir nuevas herramientas de inteligencia artificial en el Ministerio Público: "Es indispensable que con tecnología podamos combatir a las nuevas armas del crimen organizado".
"El Ministerio Público no puede realizar su actividad encastillado, aislado de las demás instituciones del sistema judicial. Actuar de ese modo solo contribuye a la impunidad. En caso de ser designado como Fiscal Nacional desde ya me permito ofrecer la colaboración para, desde el marco de nuestra autonomía, colaborar con un acuerdo nacional de seguridad", cerró Valencia.
José Morales
José Morales es abogado de la Universidad Central de Chile con diplomado en Derecho Penal. Este martes, al igual que Ángel Valencia, obtuvo 17 votos a su favor.
Su plan, en caso de ser elegido como Fiscal Nacional, consistirá en reformar profundamente el Ministerio Público, con el fin de recuperar la confianza y credibilidad de la entidad en la ciudadanía.
Su propuesta considera tres ejes: Persecución penal, actualización tecnológica y rendición de cuentas.
En el primer eje, persecución penal, propone cambiar el paradigma para combatir el crimen organizado y crímenes violentos, desde la investigación de casos individuales hasta la investigación de organizaciones y redes criminales: "Deben enfocarse en el mercado y patrimonio de estas organizaciones", dijo Morales.
Busca introducir registro de toda información o dato relativo a las investigaciones de crimen organizado, priorizar la investigación en los delitos de tráfico de armas, perseguir la extinción del patrimonio de los narcotraficantes, establecer planes de persecución al mercado de autos y piezas robadas, desbaratar organizaciones presentes en cárceles y fortalecer el programa que protege a denunciantes y testigos en investigaciones contra el crimen organizado.
José Morales también desea enfocar el trabajo de la Fiscalía en las macrozonas del país. En el caso del norte, elaborará un plan de persecución de los delitos que ocurren en la frontera como tráfico de personas, y en la zona sur "priorizaré la persecución de los delitos de tráfico de drogas, armas, robo de madera e incendios".
Por otro lado, Morales busca introducir la perspectiva de género en todas las investigaciones que lleve a cabo el ente, siguiendo los lineamientos de la Convención Belém do Pará. A esto, establecerá tres propuestas: Investigar toda muerte violenta de una mujer como un posible femicidio, mejorar el acompañamiento a las víctimas de violencia de género especialmente de delitos sexuales y violencia intrafamiliar; y establecer un sistema informático especial para controlar las medidas cautelares en este tipo de delitos.
Para la actualización tecnológica en el Ministerio Público, plantea dejar de lado toda utilización de papel para digitalizar los documentos. En ese sentido, aquellas personas dedicadas a digitalizar documentos se enfocarán en otras tareas como el apoyo a víctimas.
Por último para la rendición de cuentas, José Morales considera que la Fiscalía debe exponer sus resultados y explicar los fundamentos de su política criminal: "Esta rendición de cuenta no debe extenderse sólo a la persecución penal, sino también es relevante para los efectos de los recursos y gastos institucionales respecto de los cuales debemos tener siempre el más alto nivel de transparencia".
Carlos Palma
Carlos Palma es abogado de la Universidad de Talca con magíster en Criminología y Justicia Penal. El actual fiscal regional de Aysén recibió siete votos de ministros de la Corte Suprema, ingresando a la quina.
Su plan para el Ministerio Público considera tres ejes: Colocar a la persecución penal en el eje del quehacer institucional, hacer de la Fiscalía un organismo clave en el trabajo mancomunado con las distintas instituciones, hacer de la Fiscalía un ente inserto en la comunidad y evolucionar a un modelo de gestión basado en la conversación y confianza.
El primero es colocar a la persecución penal en el eje del quehacer institucional: "Es evidente que la geografía del delito no tiene fronteras y que el crimen organizado en todas sus formas colman hoy la agenda pública del país y que son la prioridad número uno del nuevo Fiscal Nacional". Palma propone crear una política clara de persecución "que sea única y no 19 criterios regionales, transversal y que vaya en sintonía con lo que Chile necesita".
"Necesitamos una estructura flexible que nos permita trabajar en macrozonas, a nivel nacional, que nos permita mover fiscales en distintas partes del país según la necesidad de la delincuencia", explicó el abogado.
Con respecto al segundo eje de trabajo, Palma considera que el trabajo colaborativo es clave para el éxito de la persecución penal: "Hay que construir lazos de confianza recíprocas, no solamente en las estructura interna del sistema procesal penal, sino también con el poder Ejecutivo y Legislativo".
Para el tercer pilar de cambio, como Fiscal Nacional afirma que el Ministerio Público "debe aprender a escuchar".
