Han pasado más de 80 días de iniciada la búsqueda por el o la sucesora de Jorge Abbott, el ex fiscal nacional que terminó el pasado 1 de octubre su periodo de manera anticipada; tras cumplir la edad máxima para ejercer. Desde entonces, y según establece la Constitución, los tres poderes del Estado han cumplido con su mandato, pero sin éxito.
Y es que el proceso se ha vuelto, al menos, "intrincado" para todos los involucrados. Sus protagonistas y observadores, por cierto, han utilizado otros términos y acusaciones cruzadas: "guerra sucia", "podredumbre", "cahuines", "lobby" y "veto", entre una larga lista de calificativos que han marcado la vacancia del líder del Ministerio Público.
Pero para situarse en el punto actual de la historia, es clave entender el proceso de elección: primero, la Corte Suprema establece una quina de candidatos para el cargo, los que son presentados al Presidente de la República, quien escoge un nombre. Luego, el elegido es presentado al Senado para ratificarlo, y requiere un mínimo de 33 apoyos.
Ese primer nombre fue José Morales, quien compartía quina con Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos (quien se bajó de la competencia por motivos personales). Esto, pese a que según fuentes ligadas al proceso, el Ejecutivo se inclinaba por Herrera, aunque los primeros sondeos no la dejaban con posibilidad de alcanzar los votos necesarios.
Morales expuso ante la Comisión de Constitución del Senado, donde pesarían presuntamente sus competencias y sus propuestas para la entidad, pero desde que se conoció su nombre hubo algunas reacciones poco favorables. Pese a que en el Senado aclaraban que no se trataba de una votación política, igualmente pesaron las causas que encabezó, como no haber formalizado a Julio Ponce Lerou en el caso SQM.
Pero eso no fue todo. El ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, salió a replicar los dichos de morales en su exposición ante la Comisión, luego que el candidato sostuviera que había sido "apartado injustamente" del caso Cascadas. En respuesta, Chahuán comentó a La Tercera que removió a Morales por "razones de buen servicio", puesto que la causa "tenía una deficiente dirección, múltiples reparos de abogados querellantes", entre otras.
Y agregó un diagnóstico lapidario: "si yo hubiera estado en la Corte Suprema o hubiese sido el Presidente de la República, no hubiera propuesto al candidato Morales".
Tras su
rechazo en el Senado,
Morales abrió los fuegos al acusar de una "guerra sucia" al interior de la propia Fiscalía. Según dijo en entrevista con TVN, los senadores que rechazaron su postulación
habrían obtenido datos que se filtraron desde el interior del ente persecutor, a los que tienen acceso sólo determinadas personas. Incluso, advirtió que de comprobarse que hubo irregularidades, no tendría otra opción que presentar una denuncia.
En paralelo, el Senado y el Ejecutivo libraban su propio enfrentamiento, puesto que algunos parlamentarios no dejaron pasar que Herrera fuera la presunta favorita. Algunos senadores acusaron directamente de "lobby" a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y otros pidieron su renuncia.
La fallida nominación de Herrera
Aunque corría una versión que apuntaba a Ángel Valencia como el segundo favorito de los parlamentarios, su nombre tampoco fue opción del Ejecutivo, que en segunda instancia optó por Marta Herrera.
La UDI salió rápidamente a anunciar -antes de escuchar su exposición en la Comisión de Constitución- que votaría en contra de la abogada. En su defensa, la tienda afirmó que en una de las primeras reuniones con ministras para zanjar el asunto, plantearon que no apoyarían a Herrera por una "falta de confianza", por lo que era esperable el voto en contra.
Herrera corrió peor suerte que su predecesor: no convenció a la Comisión -donde no la consideraron 'idónea' para el cargo- y pasó con informe en contra a Sala, y pese a que éste no era vinculante, varios parlamentarios ya tenían su rechazo definido. Uno de los argumentos era la presunta "continuidad" que Herrera encarna en el liderazgo de Abbott, lo que para algunos no se condice con la renovación que necesita el Ministerio Público en diversos aspectos.
La ex carta del Ejecutivo sostuvo en entrevista con CNN que su candidatura "pagó un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones", en particular por su trabajo en la indagatoria por malversación de caudales públicos de la ex ministra Javiera Blanco, pareja del senador Pedro Araya. "Yo no tengo confianza en que los argumentos que se hayan vertido, sean los que corresponde, tuve que pagar un costo", adujó.
La ronda de "desmentidos"
Pero "el día después" de que el Senado no la ratificara, Herrera también "tiró del mantel" con declaraciones que dejaron a varios personeros políticos en una ronda de "desmentidos".
En la entrevista, Herrera afirmó que Ángel Valencia, se habría reunido con personas ligada a la UDI. "Supe que de una comida que había existido, yo no estuve tampoco, pero entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente ligada a la UDI", sostuvo. Dicha reunión se habría efectuado, según Herrera, el día de su nominación.
Pero además la abogada relató un encuentro de 2017 entre el entonces senador
Hernán Larraín y el ex fiscal nacional, Jorge Abbott, donde ella estuvo presente. La cita habría tenido como objetivo, por parte de Larraín, la suspensión temporal del senador
Iván Moreira, que estaba siendo investigado en el Caso Penta.
Por eso, para Herrera es factible que el voto en contra de Moreira tuviera relación con aquel episodio. "Creo que sí, porque que ellos insistan en instalar un continuismo sin hacerse cargo del proyecto que yo presento, que es totalmente distinto. La verdad es que a mí no me parece los argumentos convincentes", zanjó.
Ayer, el ex senador Larraín afirmó que no existió irregularidades en la reunión mencionada ni tampoco hubo "una solicitud de impunidad o condena" frente al caso Penta. Es más, cuestionó que Herrera hiciera mención del encuentro "cinco años después".
Por su parte, Valencia sostuvo que la reunión -que se realizó el 14 de diciembre-, tuvo un carácter de celebración por los seis años de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, donde es docente y aseguró que "en la cena no estuvo presente ningún senador, de ningún partido político, sólo profesores".
Pero ese no fue el único momento en que Valencia tomó protagonismo en durante la jornada de ayer. La ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, salió a descartar que su par de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, haya ejercido un veto hacia el abogado.
Esto, luego que en la sesión de la fallida nominación de Herrera, su par de Justicia reconociera que existían reparos desde organizaciones feministas contra el integrante de la quina, por su rol como defensor de imputados de delitos sexuales, lo cual habría sido respaldado por la ministra. Consultada por este tema hace cuando la información fue publicada hace cuatro semanas, Orellana respondió que no se refería a "cahuines" ventilados por la prensa.
El martes Orellana abordó lo expresado por la ministra Ríos en la comisión en una entrevista. "Ella fue muy clara en especificar que no ha habido veto de ningún tipo, en segundo lugar la ministra Ríos dijo también que las organizaciones feministas tenían la libertad de plantear lo que quisieran y que efectivamente, nosotras habíamos manifestado preocupaciones respecto de la fiscalía, no de un nombre en particular", comentó.
"Hay que investigar eventual uso de información y recursos públicos"
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, expresó ayer que lo que ocurrió en el Senado, tanto con Morales y Herrera, "no corresponde", pues a su juicio, algunos senadores entraron a un terreno "que traspasan el límite de respeto (...) nos preocupa el tono que se ha planteado a partir de este proceso".
Sin embargo, Bravo también abordó los dichos y versiones que apuntan a una especie de "podredumbre" en la Fiscalía Nacional, que si bien no salpica al 99% de los trabajadores que han mirado el proceso, afirma que ese 1% restante, le preocupa.
"Hay cosas que se dijeron respecto de los candidatos que es una información que no puede haber salido sino de la información que tiene el Ministerio Público, y no en cualquier lugar, sino que en la Fiscalía Nacional, y eso es muy complejo".
Francisco Bravo, presidente ANF
"Yo vi, efectivamente, con mucha sorpresa y perplejidad, un proceso de sacarse una serie de cuestiones, y lo que me preocupa es que mucha de esa información, eventualmente, podría provenir desde la Fiscalía Nacional", dijo a Radio Universo.
En esa línea, cuestionó que "hay cosas que se dijeron respecto de los candidatos que es una información que no puede haber salido sino de la información que tiene el Ministerio Público, y no en cualquier lugar, sino que en la Fiscalía Nacional, y eso es muy complejo no sólo porque implica esta suerte de 'podredumbre', sino que el uso de recursos públicos", sostuvo.
Con todo, y más allá del nombre que resulte de esta la trama, Bravo planteó que es importante que quien llegue "ordene una investigación" al respecto, para conocer si se utilizaron recursos e información para fines no debidos. "Hay que investigarlo, porque esto no puede volver a ocurrir", recalcó.
