Pasadas las 9 de la noche del miércoles se comenzó a desatar una compleja trama policial e institucional que -nuevamente- sacudió al Gobierno, así como también al Estado y a la propia sociedad. A esa hora, en el centro de Santiago, el cabo
Daniel Palma recibía un disparo en la cabeza que cinco horas más tarde lo haría perder la vida en la ex Posta Central.
El mártir 1.233 de la institución policial se convirtió también en el
tercer funcionario asesinado en tan solo 23 días; acrecentando la crisis de seguridad que vive el país y en medio de un delicado y tenso debate que se había tomado el Parlamento por la ley "Nain-Retamal", que la misma jornada de ayer fue promulgada.
Por eso, cada hora posterior al ataque del funcionario se convirtieron en críticas y generaron presión sobre las autoridades, especialmente en el Ejecutivo. En La Moneda sabían que se necesitaban anuncios y medidas rápidas, mucho más ágiles que los 16 proyectos de ley -contra el crimen organizado y narcotráfico- a los que se les puso urgencia en el Parlamento tras la muerte de la sargento mayor Rita Olivares.
En menos de 24 horas el Gobierno y el Estado, desde las instituciones hasta los ex Presidentes, entregaron diversas señales en una de las jornadas más complejas. La primera, fue poco antes de la medianoche, cuando la oficina del Presidente Gabriel Boric se iluminó en Palacio, contra el tiempo y en compañía de los ministros competentes en la materia.
Reunión de emergencia en La Moneda
"Mañana a primera hora vamos a poder estar comunicando el conjunto de acciones que hemos decidido tomar (...) sobre todo enfocado en que debemos dirigirnos a poder enfrentar con mucha mayor firmeza y mayor inteligencia lo que se está viviendo en nuestros territorios. Les quiero dar las certezas y la confianza de que estamos tomando todas las acciones que son necesarias para enfrentar esta situación".
Esas fueron las palabras con las que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anticipó el tono de los anuncios que se entregarían durante la jornada del jueves en materia de seguridad. Esto, luego de la reunión de emergencia que el Presidente Gabriel Boric sostuvo en La Moneda, a pocas horas de que se conociera que el cabo Palma se encontraba en estado de gravedad en la ex Posta Central.
En la instancia, que se extendió por varias horas, participaron los titulares de Interior, Carolina Tohá, de Justicia, Luis Cordero, de la Segpres (s), Macarena Lobos, de la Segegob, Camila Vallejo, y de Hacienda, Mario Marcel, así como asesores del segundo piso.
Intervención en 30 comunas
A primera hora de ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la intervención de 30 comunas del país con altas cifras de criminalidad, en respuesta ante la muerte del cabo Palma.
Junto con expresar las condolencias del Gobierno a la familia del funcionario y a la institución, la jefa de gabinete señaló que el Presidente Gabriel Boric solicitó adelantar la implementación de dicho plan, el cual comenzaría a partir del mes de mayo. Sin embargo, en la reunión de emergencia de la noche anterior se determinó que
el piloto sea este mes de abril en Santiago.
Tohá detalló que el plan abarcará a comunas que concentran un tercio de la población nacional y un 50% de los delitos más violentos que hay en Chile, en zonas donde se registra impunidad penal, delitos graves, donde no se han encontrado a los responsables o están fugados; tráfico y presencia de armas, deterioro barrial, incivilidades y alta presencia de actividades irregulares e infracciones.
Promulgación de la Ley Nain-Retamal
Cerca de las 09:00 horas del jueves, y a menos de 24 horas de que la iniciativa fuera aprobada por el Congreso Nacional, el Presidente Gabriel Boric promulgó la ley Nain-Retamal, que aumenta las atribuciones de defensa para los carabineros.
De forma reservada, el Mandatario también confirmó el trámite para otras tres iniciativas dirigidas a combatir la delincuencia y el crimen organizado, como la que refuerza las competencias de gendarmería y crea el delito de extorsión y la que modifica el código penal para agravar la pena del delito de secuestro.
Esto, además, impedía que Apruebo Dignidad acudiera al Tribunal Constitucional impugnado algunos de los artículos tal como anunciaron el miércoles.
El jefe de Estado, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el titular de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, también visaron la ley 21.556, la cual aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.
Prisión preventiva para extranjeros indocumentados que sean detenidos
El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo durante la mañana de ayer una reunión con los cuatro fiscales regionales de la Región Metropolitana, con el fin de acordar la conformación de un equipo de trabajo para combatir de mejor forma el crimen y mejorar las indagatorias, así como también para acordar procedimientos frente a extranjeros indocumentados.
"Los fiscales hoy han acordado, que todos los extranjeros que no tengan cédula nacional de identidad, que no cuenten con un documento nacional que permita acreditar su identidad y que sean detenidos, se solicite su prisión preventiva ante los jueces de garantía, hasta que se establezca cuál es su identidad efectiva", dijo el líder del Ministerio Público.
Valencia también anunció que solicitarán al Ministerio de Justicia una mesa de trabajo para que "en los procedimientos abreviados podamos llegar a estos procedimientos en penas de hasta 15 años, que nos aseguren, en consecuencia, penas efectivas", y "avanzar en reglas más claras y más precisas en lo que se refiere a la identificación de extranjeros indocumentados. Tenemos un problema grave que entorpece las investigaciones con la situación de extranjeros que no portan cédula nacional de identidad, que no cuentan con cédula nacional para extranjeros".
Molestia con periodista: se refirió como "paco" al cabo Palma
"La misma comisaría a la cual habría pertenecido el paco... el carabinero, perdone, está trabajando en este procedimiento". Esas fueron las palabras que utilizó la conocida periodista Paulina de Allende-Salazar, durante un despacho donde detallaba los operativos que buscaban dar con el paradero de los responsables de la muerte del cabo Daniel Palma.
Los dichos generaron molesta instantánea en la institución, al punto que el general Alex Chavan, quien se preparaba para entregar antecedentes sobre la muerte de su compañero y los sospechosos del asesinato, pidió que la profesional se retirara del lugar antes de dar su declaración.
"Si es que aquí se encuentra presente la periodista Paulina de Allende-Salazar que fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como paco, esa periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté acá. Luego vuelvo y vamos a dar las declaraciones con el fiscal", fueron las palabras del funcionario.
Más tarde, a través de un comunicado, la señal televisiva lamentaron "profunda y sinceramente" los términos en que la periodista se refirió al funcionario fallecido. "Dichos conceptos no representan en absoluto la línea editorial de Megamedia y el respeto y admiración profesional que se tiene por Carabineros de Chile", indicaron en el texto, junto con extender las disculpas a la institución y a la familia del mártir.
"Máxima velocidad" en la agenda de seguridad
Durante la tarde del jueves, llegaron hasta La Moneda los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Juan Antonio Coloma (UDI) y Vlado Mirosevic (PL), respectivamente, para reunirse con el Presidente Gabriel Boric. En la instancia le expresaron su compromiso por avanzar con "gran velocidad en una agenda antidelincuencia", en la misma línea en que se aprobaron, incluso proyectos sin urgencia, como la ley Nain-Retamal.
"A estas alturas, son de vida o muerte. Hemos planteado la necesidad de un rol distinto del Ejecutivo, que seamos capaces de sacar esa agenda con máxima velocidad y dar una señal de que aquí hay un antes y un después, que esto no puede seguir así y que el Estado reaccione", dijo Coloma.
Por su parte, Mirosevic comentó que "aquí hay que actuar, la sociedad chilena está bajo ataque y tenemos que reaccionar lo más rápido posible. Por eso fue completamente acertada la decisión de suspender la semana distrital la semana pasada. Nos coordinamos con el Senado y ambas cámaras trabajaron con sentido de urgencia".
"Por eso, creo que hay que hacer lo mismo, hay que repetirlo. Esto no termina con solo con las cinco leyes que aprobamos y despachamos, sino que necesitamos que esta agenda continúe. Por lo tanto, realizaremos todas las sesiones especiales y extraordinarias para que se vote cada proyecto de seguridad que hoy está pendiente", cerró.
Ex Presidentes en el responso del cabo Palma
Antes de las 13.00 horas ya habían llegado a la iglesia institucional de Carabineros -ubicada en Providencia-, los
ex Presidentes de la República, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.
Se trató de una fuerte señal de respaldo a la institución y de una postura alineada en el pesar por la muerte del funcionario, sumado a la frecuencia con que se han registrado estos hechos en menos de un mes.
Dentro de la iglesia estaba también el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quienes fueron recibidos entre abucheos, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Reunión de todos los poderes del Estado
Luego de asistir al responso del cabo de carabineros Daniel Palma, el Presidente Boric dio cuenta de la intensa agenda que sostuvo a raíz del hecho, la que incluyó una reunión con todos los poderes del Estado, que incluyó también a la fiscalía nacional.
En ella, "el ministro Cordero ha quedado encargado de un trabajo operativo para poder complementar las diferentes lagunas que existen entre las diferentes instituciones y que nos permitan un mejor actuar", dijo el Mandatario desde La Moneda.
En esa línea, dijo estar "satisfecho de que todos los poderes del Estado, representados por el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; el presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; el fiscal nacional, Ángel Valencia; además del Poder Ejecutivo aquí presente, han tenido una disposición de trabajar en conjunto, dejando de lado las diferencias y estableciendo además, agendas de prioridades, que nos permitan enfocarnos en este bien común, que no me cabe ninguna duda, que todos los chilenos compartimos".
Inyección de US$1.500 millones para combate al crimen
La tarde de ayer, el Presidente también anunció nuevas de medidas para enfrentar la delincuencia, que incluyen la inyección de 1.500 millones de dólares para mejorar la acción del Estado en contra el crimen organizado, los cuales serán destinados en su mayor parte a fortalecer la protección de las policías.
"El mensaje que entregamos hoy como Gobierno y como Estado es que cuando se trata del combate a la delincuencia, en el Estado chileno no hay fisuras. Al crimen lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada y nos hacemos responsables todos de las actuaciones de carabineros", sostuvo el Mandatario.
Además, detalló que estos recursos adicionales que se destinarán para el combate el crimen, se sumarán a los incrementos ya hechos en el Presupuesto 2023. "Es un incremento de 40% real del presupuesto público a las funciones de seguridad", precisó el Presidente.
Debates por estado de excepción
Si bien la propuesta de declarar estado de excepción en la Región Metropolitana ha sido planteada desde hace algunas semanas por distintos dirigentes políticos, la muerte del cabo Palma hizo que el debate cobrara fuerza.
Ayer, el
gobernador regional de la RM, Claudio Orrego, sostuvo a Radio Cooperativa que "a la primera persona que le escuché hablar de estado de excepción no fue a ningún parlamentario ni alcalde de derecha, fue al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, a quien visité hace un par de semanas en la población la Victoria que estuvo cuatro días sin clases, producto de los tiroteos de las bandas de narcos que dispararon más de mil tiros, en menos de tres días". A su juicio,
"nadie puede descartar el estado la excepción, la pregunta es cómo se hace, si se hace, bajo qué modalidad".
Sobre este tema, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) indicó -según consignó El Mercurio- que "se requiere un estado de excepción a lo menos en la Región Metropolitana. En la situación que estamos viviendo tienes que tomar medidas excepcionales".
Por su parte, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, planteó la noche del miércoles en Canal 13 que "aquí tiene que haber un Estado de Excepción Constitucional para la Región Metropolitana. A mí no me gustaba porque no creo que todo el país deba estar en estado de excepción, pero un carabinero muerto cada siete días en condiciones terribles, de verdad que se requieren medidas excepcionales para contener en una primera etapa esta delincuencia que está desatada".