La escalada de los homicidios en Chile es, a todas luces, un síntoma de la expansión del crimen organizado en el país como resultado de las disputas por el territorio a conquistar. Por eso, no es casual que el Gobierno haya tomado como uno de los criterios base la ocurrencia de estos delitos para seleccionar las comunas que hoy forman parte del plan "Calles sin Violencia".
"El crimen organizado se ha instalado desde Arica a Puerto Montt", dice a Emol la investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana. Por cierto, las zonas más "apetecidas" por estas organizaciones criminales y sus células estarán preferentemente donde el Estado no llega, donde sus tentáculos pueden expandirse con total comodidad.
Y en medio de ese asentamiento, los síntomas se hacen cada vez más evidentes: alteran la vida de las comunidades y barrios, potencian la inseguridad y hasta parecen opacar a la delincuencia "común". Ahora se conoce de secuestros y extorsiones, de tráfico de personas y de explotación sexual,
porque estas empresas ilegales persiguen el dinero.
Así, las "alertas", suman y siguen. El reciente "Reporte Global de Cocaína 2023" de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Crimen señaló al Puerto de San Antonio como uno de los principales puntos de salida de cocaína colombiana y peruana hacia Estados Unidos y Europa. En ese contexto, su principal tecnología no invasiva para detectar contrabando en ese gran flujo de carga no está operativa: el camión escáner del Servicio Nacional de Aduanas, está inactivo desde agosto del año pasado.
Es así como el Gobierno ha impulsado una serie de acciones que buscan avanzar en el combate a esta nueva criminalidad. En diciembre de 2022, se presentó una "Política Nacional contra el Crimen Organizado", cuyo presupuesto era de más de 39 mil millones, una herramienta que apuntaba a fortalecer a Carabineros, PDI, Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería; y además, creaba instancias de trabajo interinstitucional.
Este año, y tras la muerte del cabo Daniel Palma, el Presidente Gabriel Boric anunció la inversión de US$1.500 millones en seguridad, lo que incluye la aplicación del antes mencionado plan "Calles sin Violencia" y recursos para fortalecer a las policías.
Incluso, en el discurso que el jueves el Mandatario ofreció en Enade, dijo compartir la percepción del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, respecto a que "necesitamos una policía con mayor dotación, con mejor equipamiento, con mejor preparación y un Estado con más tecnología. Esto no es solamente las policías; tenemos que reconvertir Aduanas, es tremendamente importante, la Directemar, algunas Superintendencias, tenemos mucho que evolucionar en esta materia".
En efecto, no son pocas las voces que apuntan a que sigue siendo urgente modernizar y cohesionar aún más a las instituciones del Estado; que la información llegue más rápido a los organismos que lo requieren de lo que las células criminales logran hacerlo en los territorios. Y es que no sólo basta con blindar la primera línea de la institucionalidad, es decir, dotar a Carabineros y a la PDI de recursos materiales para protección, o leyes que aumenten sus atribuciones o que mejoren sus investigaciones, sino que también es necesario pensar en el aparato estatal como un sistema que, necesariamente, debe estar acorde a los tiempos que corren.
La necesaria inteligencia y coordinación
"El Estado tiene múltiples organismos pero no coordinados entre sí, y eso es un problema ante estos hechos que ya no son delictuales, es crimen organizado. Y ahí el Estado requiere una coordinación importante que no parece estar vigente entre Fiscalía, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Servicio de Impuestos Internos (SII), para qué decir Aduanas, que es un desastre", dice en conversación con Emol, Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma.
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Y siempre volvemos al mismo punto, que es la falencia en inteligencia, y eso se nota", agrega el analista.
En la misma línea, José Miguel Poblete, experto en seguridad, sostiene a este medio que "hay consenso en que hay que compartir mucha más información entre los órganos del Estado para, eventualmente, poder identificar tanto las bandas delictuales como el crimen organizado".
Para eso, elaboró una propuesta que apunta a la creación de una Fuerza de Tarea contra el Crimen Violento (FTCV), que "básicamente consiste en hacer inteligencia a través de un centro de fusión de datos; esto no es novedad respecto a lo que se ha hecho en otros países, y teóricamente, es la función que le correspondía a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)", comenta.
La FTCV estaría integrada por funcionarios en comisión de servicio de todas las instituciones estatales en condiciones de cooperar, con potestades para requerir información de sus organismos de origen y puedan solicitar datos de otras instituciones estatales y, eventualmente, privadas. Además, se plantea que esté a cargo de un consejo dirigido por una persona designada directamente por el Presidente, con dedicación exclusiva, y compuesto por un representante del Ministerio del Interior, de Defensa, Hacienda y del Ministerio Público.
Los funcionarios de la FTCV deberán provenir de los siguientes organismos: Carabineros, DGAC, Ministerio Público, PDI, Unidad de Análisis Financiero, Gobernación Regional, Ejército, Servicio de Impuestos Internos (SII), Superintendencia de Pensiones, FACH, Aduanas, Superintendencia de Salud, Armada, Migraciones, Fonasa, GENCHI, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Dirección de Seguridad de municipios.
"La idea es que se puedan detectar patrones incluso antes que el propio Ministerio Público; puesto que muchas veces se piensa que la inteligencia sólo sirve para investigaciones penales", comenta Poblete, quien además afirma que, en este caso, crear una Fuerza de Tarea necesariamente requeriría una ley corta, pues sólo a través de este mecanismo se puede apuntar a un consejo con funciones ejecutivas.
El pasado 15 de abril, el Gobierno oficializó las 45 comunas que forman parte del plan "Calles sin Violencia", seleccionadas en base al aumento de los indicadores de homicidios. Foto: Aton.
¿Es necesario un "zar" de inteligencia?
Uno de los primeros temas que abordó la ex ministra del Interior, Izkia Siches en su paso por el Gobierno fue la necesidad de avanzar en un Sistema de Inteligencia del Estado, e incluso propuso
crear la figura de un coordinador "que tenga una autoridad efectiva en torno a los sistemas, y que permita un control y una anticipación por parte de los distintos gobiernos".
Esta idea de una suerte de "zar" ha sido reflotado por algunos personeros políticos, como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Mattei, quien a inicios de abril apuntó a la necesidad de que el Gobierno nombre "un zar contra la delincuencia. Una persona con un tonelaje y dedicación exclusiva, además, con posibilidad de conversar con distintos sectores (...) alguien que finalmente empiece a tomar las medidas correctas y a publicitarlas como corresponde".
¿Qué tan viable es esta propuesta? A juicio de Duval, este tipo de ideas obedecen más bien al contexto de una pronta campaña electoral, que de un rol estrictamente necesario. "No, es el Estado el que debe hacerse presente en los territorios de distintas maneras. Ese es el punto central. El problema es que no es de corto plazo", puntualizó.
Por su parte, Poblete sostiene que "en materia de inteligencia es difícil tener sólo una cabeza a cargo, porque tienes dos mundos de inteligencia muy distinto; la militar y la policial, y hay diferencias razonables entre ambas". Ahora, "si hablamos de un zar de inteligencia netamente policial, yo diría que sí, porque hoy en día no se pueden mantener separadas, aunque hay que recalcar que ambas tienen niveles muy distintos; la de Carabineros prácticamente desapareció después del caso Antorcha, mientras que la PDI se ha mantenido relativamente fuerte".
De acuerdo a Duval, si bien siempre es positivo entregar más recursos a las policías, también hay que apuntar a producir una organización adecuada al interior de éstas, "porque las policías tienen una estructura definida, pero al parecer, no tenían las herramientas específicas contra el crimen organizado, entonces van a tener que reorientarse ciertas actividades", subrayó.
Equipamiento tecnológico y cooperación internacional
Sin embargo, no todas las acciones por mejorar las coordinaciones entre organismos requieren una normativa legal, puesto que también es posible avanzar en otras decisiones que permitan una modernización en otros flancos que resultan clave para enfrentar el rápido avance del crimen organizado.
Pablo Galain, investigador y Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, plantea que "puede haber una modernización en cuanto a la mejora del equipamiento tecnológico que permita mayor control y vigilancia de las fronteras, los puertos y los aeropuertos desde los que se producen los distintos tráficos de personas y objetos de forma ilegal (drogas, minerales, órganos, armas, etc.) o donde se cometen actividades ilegales (pesca, caza, juegos de azar, etc.)".
Lo anterior, incluye el uso de satélites, GPS, cámaras de vigilancia, máquinas de reconocimiento facial y otras herramientas de Inteligencia Artificial, comenta el académico.
En tanto, acota que "debe de haber mayor inversión no sólo en las armas para la represión del delito callejero -que es el que concentra la preocupación de la población, los medios de comunicación, y, por ende, del político y del gobernante-, sino para todas las otras herramientas necesarias para la prevención y represión de los ilícitos trasnacionales, económicos y el lavado posterior del dinero".
Esto, puesto que si se mejora la detección de las vías por las cuales los delincuentes aseguran sus botines "mucho se habrá hecho para la prevención de la gran mayoría de delitos cometidos por el crimen organizado, que a diferencia de los grupos terroristas que persiguen objetivos políticos, tienen un objetivo y racionalidad económica".
Con todo, el experto hace énfasis en otros dos puntos clave: primero, considerando que el crimen organizado son empresas ilegales trasnacionales, "se requiere cooperación internacional con países vecinos, y Chile a veces no tiene la mejor relación con ellos", y en segundo lugar, sostiene que "sería importante que la ciudadanía conociera y/o fuera informada sobre los objetivos de las agencias de policía e inteligencia, para que se pueda medir los éxitos en la gestión del delito".
