La Superintendencia de Educación Superior notificó oficialmente a las autoridades de la Universidad La República la apertura de una nueva investigación en su contra, en base a antecedentes que dan señales de un agravamiento de su situación financiera y administrativa, producto de una importante cesación de pagos, juicios de desalojo, remate y una solicitud de quiebra, entre otros aspectos.
Según a los antecedentes, a los que pudo acceder Emol, los antecedentes fueron recabados durante los últimos meses mediante la solicitud de información, y por medio de acciones específicas de la Superintendencia, que incluyeron fiscalizaciones en terreno, tanto en la casa central de la institución como también en algunas de sus sedes regionales. En 2020 el organismo ya había abierto una investigación contra la universidad.
De acuerdo a información disponible en el Poder Judicial,
la universidad enfrenta una orden de desalojo del inmueble que actualmente ocupa como casa central, en calle Agustinas, dictada por el 5° Juzgado Civil de Santiago, debido a rentas de arrendamientos impagas. A ello se suma, una orden de remate del 3° Juzgado Civil de Antofagasta por otra propiedad ubicada en calle Agustinas, programada para el próximo 19 de mayo.
A este escenario, se suma además, una solicitud de liquidación forzosa presentada ante el 4° Juzgado Civil de Santiago por la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), por una deuda de $134 millones, correspondientes a cotizaciones del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Este nuevo proceso investigativo se desarrollará de manera paralela al iniciado en 2020 y donde la Superintendencia de Educación Superior rechazó el Plan de Recuperación exigido a la institución, para que ésta pudiera desarrollar autónomamente una estrategia que le permitieran subsanar las graves observaciones formuladas.
Con esta nueva investigación la Superintendencia busca conocer el estado actual de la institución para acelerar una definición respecto a la situación institucional de la Universidad La República. Esto, en el contexto de que en septiembre próximo la universidad deberá someterse, por primera vez, a un proceso de acreditación institucional, que en caso de no superar quedará bajo supervisión del Consejo Nacional de Educación (CNED).
Ante esta situación, el superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar sostuvo a Emol que "se tomó conocimiento de nuevos antecedentes que afectan a la Universidad La República y que exigen abrir una nueva investigación que nos permita determinar con total precisión la actual condición financiera y administrativa que enfrenta la institución".
El objetivo, aseguró es "determinar las medidas que permitan proteger y resguardar el derecho a la educación de sus estudiantes, la continuidad de sus estudios y el buen uso de los recursos de la institución".
