El ministro de Seguridad, Martín Arrau, expuso este martes ante el Senado la hoja de ruta del Ejecutivo en materia de seguridad, delineando siete ejes prioritarios que marcarán la agenda del Gobierno en el área.
Estos focos consideran el control de calles y barrios, el fin del reclutamiento delictual, la protección de fronteras y rutas críticas, el combate al crimen organizado, el control del sistema carcelario y la persecución penal, además de la consolidación y legitimación de la institucionalidad.
En ese marco, Arrau detalló una batería de proyectos que serán impulsados por el Ejecutivo en distintas etapas. El ministro impulsará 26, sin embargo el foco prioritario estará en ocho proyectos.
"Esas serán materia de una segunda o tercera oleada de iniciativas legales. Quiero destacar solamente ocho proyectos, algunos que serán urgencias, proyectos que están, y otros que son proyectos completamente nuevos", explicó.
Entre las iniciativas, el ministro destacó la extensión de la flagrancia, señalando que "la importancia de extender la flagrancia, la importancia de darle la facultad a las policías (...) de hacer esas primeras diligencias, es fundamental, sobre todo en zonas rurales".
Añadió que esta medida "va a marcar un antes y un después en esa primera respuesta ante la acción policial".
Asimismo, anunció el ingreso de un proyecto que busca modificar el sistema de expulsiones de extranjeros que cometen delitos, permitiendo su retención por un período mayor al actual. "Tenemos que dejar de hacernos ciegos de un problema que otros países ya han resuelto", sostuvo.
Otro de los ejes será la denominada ley antiencapuchados, que busca sancionar el ocultamiento de identidad en manifestaciones, así como el fortalecimiento de las normas contra el crimen organizado. En esa línea, el ministro planteó la necesidad de "penalizar la mera pertenencia a un grupo delictivo de manera efectiva y con penas altas".
También relevó la urgencia de avanzar en el juicio oral en ausencia, considerando que actualmente existen más de 77 mil órdenes de detención pendientes, y un proyecto que sanciona la fuga como mecanismo de impunidad.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una reforma estructural a Carabineros, orientada a mejorar incentivos y condiciones laborales, en un contexto donde -según advirtió Arrau- la dotación ha caído significativamente en los últimos años. A esto se suma una reforma a Gendarmería, que busca integrarla plenamente al Ministerio de Seguridad, y ajustes en la PDI para fortalecer la persecución de delitos financieros y tecnológicos.
Finalmente, el ministro recordó que otras iniciativas complementarias también forman parte de la agenda, como el Registro Nacional de Vándalos, la tipificación de ingresos clandestinos, el robo por tumulto, mejoras en expulsiones administrativas, seguridad en recintos penales, reglas de uso de la fuerza, seguridad en el Metro y el fortalecimiento de los estados de excepción.
"Son múltiples iniciativas, iremos ingresando más y les pido la máxima colaboración (...) para que efectivamente el clima cambie", concluyó.
