Los buenos resultados del Partido Republicano en la elección del domingo —23 de sus candidatos consiguieron un cupo en el Consejo Constitucional— sorprendió a los integrantes de la Comisión Experta, a cargo de redactar el anteproyecto de nueva Constitución.
Si bien intuían que podrían lograr mayoría, no esperaban esa magnitud, con la que por sí solos podrían vetar normas. Además, si se unen con Chile Seguro, superarán los tres quintos necesarios para aprobar artículos (ver claves).
Con ello, en el Consejo habrá una distribución política distinta a la Comisión. En esta última
participan 24 personas designadas por las fuerzas políticas con representación en el Congreso, y existe cierto equilibrio con
12 expertos nominados por la derecha y centroderecha y 12 por la izquierda y la centroizquierda, incluyendo algunos designados por partidos que no estarán en el Consejo como la DC, el PPD y la FRVS.
A inicios de esta semana, varios comisionados de ambos bloques, de forma separada, se reunieron para acordar cómo abordarían en público los resultados de la elección y recalcaron que su foco debe estar en redactar un anteproyecto que consiga un amplio consenso.
Para ello, las cuatro subcomisiones tienen hasta este lunes 15 de mayo para votar las cerca de 900 enmiendas al texto aprobado en general, con lo cual hasta el cierre de esta edición no se descartaba que sesionaran este fin de semana.
Paradoja
Durante los últimos días, desde el oficialismo han insistido que el proceso debe respetar las 12 bases acordadas desde la UDI al PC y aprobadas por el Congreso.
El mismo domingo, conocidos los resultados de las elecciones, el presidente de RD,
Juan Ignacio Latorre, hizo hincapié en si la centroderecha respetará las 12 bases suscritas
“donde está presente explícitamente el Estado social y democrático de derecho” y agregó: “Eso lo vamos a empujar con fuerza en este proceso constituyente”. Por su parte la presidenta del PS,
Paulina Vodanovic, afirmó: “Chile requiere que se respeten esas 12 bases que construimos en unidad con otras fuerzas democráticas”.
El año pasado, la posibilidad de tener bases, expertos y un órgano que velara por el respeto de los bordes fueron resistidos por sectores de la izquierda. En septiembre, cuando se comenzaba a discutir lo que sería el Acuerdo por Chile, el diputado Diego Ibáñez (CS) señaló que tener un anteproyecto elaborado por expertos “sería sustituir el debate democrático”; mientras que en diciembre Comunes opinó que “existen excesivos elementos de tutelaje que restringen el debate democrático”.
El martes Loreto Cox, académica de la Escuela de Gobierno UC, en el foro del CEP “Entendiendo el 7 de mayo: análisis y proyecciones de los resultados electorales”, hizo ver un punto: “Se va a dar la paradoja de que los expertos, las bases constitucionales y el plebiscito de salida son ahora las salvaguardas de la izquierda. Ellos, que tanto desdeñaron estos instrumentos institucionales, hoy se van a aferrar a ellos”.
“Una suerte de TC”
En el ex-Congreso admiten que las bases serán un “caballito de batalla” de la izquierda y, en ese contexto, quienes participan del proceso califican como clave el rol que tendrá el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA), también llamado “árbitro” del proceso, que deberá resolver, previo requerimiento, si normas aprobadas contravienen esos 12 puntos. Incluso algunos creen que esta podría ser una herramienta que use el sector minoritario (la izquierda) para frenar normas que apruebe la mayoría, con lo que el debate político se podría trasladar a este órgano, que hasta ahora no ha tenido que intervenir.
El CTA está integrado por 14 “juristas de destacada trayectoria”, nominados por la Cámara de Diputados y ratificados por el Senado. El oficialismo y centroizquierda nominó a Viviana Ponce de León, Julia Urquieta, Marcos Contreras, Claudio Grossman, Estefanía Esparza, Juan Carlos Ferrada y Tomás Jordán. Mientras que la oposición nominó a Marisol Peña, Víctor Avilés, Héctor Mery, Cecilia Flores, Ana María García, Josefina Soto y Enrique García.
Todos han mantenido un bajo perfil, pero en privado algunos comentan que “es latente el riesgo de que traten de politizar nuestra mirada”.
Rodrigo Correa, académico de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez, dice que el Comité “es una suerte de Tribunal Constitucional (...) si la centroizquierda se aferra a alguna de estas bases para reclamar que la Constitución tenga determinados contenidos que republicanos y la derecha no estén dispuestos a incluir, podría haber un requerimiento”. Y agrega: “Hoy se ha vuelto más probable de que devenga en un órgano importante”.
Dentro del CTA hay quienes piensan que han existido “luces de haber una voluntad de infraccionar las bases”, de terminar por “distorsionar el contenido de las bases como el Estado social”.
Esta semana Luis Silva, consejero republicano, comentó en CNN Chile que se trata de “una definición que a los republicanos nos incomoda por lo que implica, por sobre todo visto desde la izquierda”. El lunes el presidente del partido, Arturo Squella, en Radio Futuro afirmó que su tienda respetará las bases, que estas están abiertas a interpretación y destacó: “Va a ser interesante la interpretación que dé a posteriori el Comité de Admisibilidad”.
Para Soledad Bertelsen, investigadora de Polis, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes, pareciera que en este momento no existe un ánimo de saltarse las bases, pero postula que ellas “son amplias y tienen cierto espacio de interpretación. Quizás la disputa va más por ahí: más que no cumplir con una de las bases, será cómo las vamos a entender”. Así, estima que “por los temas que estamos tratando y porque las bases son amplias y se van a necesitar interpretar, siempre existe el riesgo de una cierta politización”.
Desde cercanos al Comité señalan que también hay temas importantes para la izquierda que podrían llegar al Comité como los derechos sexuales.
Gabriel Negretto, del Instituto de Ciencia Política UC, asevera: “Francamente no creo que los consejeros quieran saltarse las bases. Las bases fueron puestas para evitar cambios maximalistas, como los que se dieron en la Convención pasada”.
Voto dirimente
Las resoluciones del Comité de Admisibilidad “deben ser adoptadas por la mayoría absoluta de sus integrantes y no serán recurribles ante tribunal alguno”, dice la Constitución. Por ahora han votado casi todo por unanimidad, salvo excepciones.
En marzo, durante la votación de enmiendas al autoacordado se aprobó por 9 votos contra 5 que la mesa directiva “deberá ser paritaria”.
Además de los árbitros de centroizquierda, la moción fue respaldada por Ana María García (nominada por Evópoli) y Víctor Avilés (por RN).
Francisco González, analista político y académico de la U. de Santiago, cree que “van a haber ciertos temas que van a ser polémicos entre Comité y Consejo, como los relacionados a tratados internacionales que pasen a ser ley interna, principios o materias morales, derechos humanos, paridad”. Según la normativa, el Comité “deberá fundar sus decisiones conforme a derecho”.
Aunque muchos de los árbitros no militan en partidos y trabajan en la academia, según González ese también es un campo de debates acalorados: “Las escuelas de Derecho muestran diferencias y son políticas, que se anteponen a una ciencia jurídica. En el caso del derecho constitucional, las diferencias son fuertes, a pesar que la tendencia es más conservadora. Va a haber tensiones bastante complejas”, advierte.
Claves
Tres quintos.
Es el quorum para aprobar normas en la Comisión Experta y en el Consejo Constitucional. En el último órgano, este se logra con 31 votos que podrían conseguir los consejeros de republicanos (23) y de Chile Seguro (11).
Dos quintos.
Con esa cantidad de votos en el Consejo (21) un grupo podría bloquear las normas. Los republicanos podrían hacerlo, pero también los consejeros de Unidad para Chile y Chile Seguro si se unieran (27 votos), e incluso si no participara la UDI (llegarían a 21) o si estuviera la UDI pero no el PC (25).
Dos tercios.
Se necesitan para que al final del proceso los consejeros puedan rechazar las sugerencias de los expertos. Equivale a 34 votos que podrían conseguir si se unen republicanos y Chile Seguro.
Reclamación.
Para recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad se necesitan las firmas de dos quintos de la Comisión Experta (10) o un quinto del Consejo (10). Todos los bloques tienen la cantidad necesaria de representantes.
