Una semana clave. Si bien la crisis de la isapres -como es de público conocimiento-, data desde hace ya un tiempo, el martes, y exactamente a 21 días de que terminara el plazo, el Gobierno ingresó el proyecto de ley corta al Congreso (específicamente al Senado y con urgencia simple), con el que se busca cumplir el fallo de la Corte Suprema que exigió a las aseguradoras establecer una tabla única de factores dictada por la Superintendencia de Salud de diciembre de 2019 y, a su vez, devolver los cobros en exceso aplicados desde entonces. Desde ese día, cifras, frases y decisiones han marcado la pauta.
Una primera apreciación se realizó el mismo día por la tarde por parte de parlamentarios del oficialismo y la oposición. "Resuelve el problema" y "no da certezas" fueron algunas de las dispares reacciones.
Un día después, el superintendente de Salud, Víctor Torres, aseguró que estaban evaluando solicitar una prórroga a la Suprema, "entendiendo que el Congreso necesita un plazo de tiempo" y considerando la urgencia con la que se ingresó. Ahora, algo que también señaló ese día y trascendió rápidamente, fue el tema de las cifras, algo que había generado dudas luego de la presentación del proyecto.
De acuerdo con el regulador, se analizaron 1.886.015 contratos, de los cuales 725.878 serían beneficiarios de alguna devolución tras la adecuación a la tabla única de factores -equivalente al 39%-, por un monto total de $1.121.615.765.15, es decir, más de US$1.400 millones. Asimismo, sostuvo que los ingresos futuros tendrán una disminución promedio de 6% de sus ingresos mensuales producto del efecto de la aplicación de la tabla de factores vigentes desde abril de 2020 a todos los contratos.
Desde luego, la información anterior causó una respuesta inmediata. Por ejemplo, el ex superintendente de Isapres, Héctor Sánchez, sostuvo a El Mercurio que es una cantidad que "no es pagable en cualquier plazo" y que "es la muerte del sistema".
La misma Asociación de Isapres, presidida por Gonzalo Simon, entregó sus declaraciones y criticó, a través de un comunicado, que el proyecto ingresado "es un engaño". "No tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos", sentenció.
"Promete rebajas de precio y devoluciones falaces que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión", añadió.
El Gobierno manifestó su molestia ante los dichos. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo, de hecho, que les "parece una desfachatez" lo señalado por las isapres. "No pueden pretender que el Gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema", acotó la secretaria de Estado y agregó que "si hubiéramos querido una quiebra generalizada de las isapres, habríamos mandato el cumplimiento inmediato del fallo, y no estamos haciendo esto".
"No son víctimas y nosotros no somos victimarios", puntualizó en tanto la ministra de Salud, Ximena Aguilera. "Esto es consecuencia de una sentencia de la Corte Suprema por las prácticas de la industria (...) Nosotros como Ejecutivo tenemos que dar cumplimiento a esa sentencia y, justamente por la complejidad financiera que implica esa sentencia, hemos presentado un proyecto de ley en una voluntad de otorgar viabilidad al sistema y una gradualidad, que empieza primero con la suspensión, es decir, que se termine con el cobro en exceso una vez publicada la circular de la Superintendencia de Salud" y luego "que las mismas isapres tengan un plazo de seis meses para preparar un plan de pago y que las devoluciones sean realizadas en seis meses más, por lo tanto, esas devoluciones comenzarían en un plazo posterior, así otorgar facilidades para que se de estabilidad financiera".
Después de cuestionamientos y tensiones, el viernes la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, informó que el máximo tribunal accedió a la solicitud de la Superintendencia de Salud para la ampliación de plazo de cumplimiento de sentencia por la tabla de factores.
Específicamente, explicó que se otorgó seis meses adicionales "para dar posibilidad a que el cumplimiento del fallo se realice efectivamente".
En la misma línea, indicó que "se han ordenado dos cosas: la adecuación de los precios de acuerdo al ajuste de la tabla de factores y también la eventual devolución de excedentes, y en ninguna de las dos materias se ha avanzado en los seis meses que originalmente dimos".
En consecuencia, como "es un tema que tiene complejidad y que implica una serie de pasos y resolución de una serie de problemas, consideramos pertinente dar otros seis meses para que efectivamente el fallo se pueda cumplir", señaló. Con ello, próximamente, debería comenzar la tramitación del proyecto en el Congreso.
