Una nueva arista se abrió en la polémica por los convenios entre Democracia Viva y el ex seremi de Vivienda en Antofagasta. Y es de carácter judicial.
"La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió, de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios", señaló el Ministerio Público.
La causa quedará asignada al fiscal jefe de la capital regional,
Christian Aguilar Aranela, quien tiene como objetivo establecer si los acuerdos entre la secretaría ministerial y la fundación "son o no constitutivos de delito".
Para ello, el ente persecutor instruyó la orden de investigar a la Brigada de Delitos Económico Antofagasta de la PDI. Asimismo, solicitó antecedentes vinculados a los convenios al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Contraloría Regional y la Seremi de Vivienda.
Cabe mencionar que la ahora causa judicial se originó tras la firma de tres convenios suma de $426 millones de pesos con la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Esta cifra representaría el 6% del presupuesto total asignado a la Seremi del Minvu.
Lo anterior derivó en una extensa polémica, que tuvo como consecuencia la salida de Carlos Contreras de la Seremi de Vivienda de la segunda región, en una primera instancia, y luego la renuncia de Catalina Pérez a la vicepresidencia de la Cámara Baja.
