Contralor general de la República, Jorge Bermúdez (izquierda); ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (derecha).
Emol.
La Contraloría General de la República (CGR) anunció la tarde del miércoles que iniciará una auditoría nacional a todas las transferencias que realizadas por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, a partir del año 2021 hasta la fecha, acción que comenzó a ejecutarse desde las 13.00 horas de ayer.
La acción se enmarca en el llamado
Caso Convenios, que ha resultado de alto interés público y que ha complicado al oficialismo, especialmente a Revolución Democrática, tienda cuyos militantes -y otros ex militantes, ahora suspendidos-, han estado involucrados.
La clave de la acción de Contraloría es que las auditorías auditorías contemplarán áreas como, asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos; lo que incluye el análisis masivo de datos.
Según conoció Emol, se auditarán todas las transferencias realizadas, sin importar los montos que estos involucren, es decir, independiente de si alcanzaron en su momento el piso mínimo para que el ente contralor pudiera realizar una toma de razón.
Esto porque para que la CGR pueda realizar una revisión previa, los montos deben superiores a las cinco mil UTM ($ 316.315.000), valla que fue sorteada en varias ocasiones por las seremías involucradas y los receptores de los dineros, puesto que las transferencias fueron fraccionadas.
Asimismo, no se descarta que la acción que encabeza el ente contralor pueda ampliarse a los gobiernos regionales, a las seremis de Vivienda y eventualmente al Ministerio de Desarrollo Social; esto, porque en Atacama se abrió recientemente una arista que involucra a la seremi de la cartera liderada por el ministro Giorgio Jackson, a raíz de posibles irregularidades en los traspasos a la "Fundación Visible".
Fuentes al interior de Contraloría destacan que se trata de un "esfuerzo inédito" que se emprende a raíz de la relevancia nacional que adquirió el tema. Además, trabajará con los recursos humanos que hay disponibles al interior del organismo, lo que incluso implica la postergación de algunas de las 1.200 líneas de investigación que en la actualidad están abiertas por diversos temas.
Esto, considerando que de los más de 2.000 funcionarios que tiene el organismo, sólo hay cerca de 650 fiscalizadores quienes, en promedio, logran realizar dos auditorías al año. Eso sí, en esta oportunidad, se utilizará un mecanismo similar al que se implementó para fiscalizar durante la pandemia, con apoyo en distintas herramientas tecnológicas que permiten agilizar las tareas.
